La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de Vinaròs que investiga la causa abierta por el derrumbe de un edificio de Peñíscola en el que murieron dos personas en 2021 ha dictado la declaración en calidad de investigados de los técnicos del Ayuntamiento de Peñíscola y del Colegio de
Arquitectos de Castellón, a los efectos de depurar posibles responsabilidades penales.

En su auto del 24 de abril, la jueza declara que “la declaración en calidad de investigados de los técnicos del Ayuntamiento de Peñíscola que intervinieron en la concesión de la Licencia de Obras y de Primera Ocupación de la finca resulta una diligencia procesal adecuada, en la medida que resulta necesario determinar si existen indicios suficientes de responsabilidad penal, particularmente en relación con una eventual actuación negligente o contraria al deber de cuidado, o con el desconocimiento o desatención de advertencias relevantes sobre la seguridad estructural del edificio por parte de tales técnicos”.

Por ello, acuerda “efectuar requerimiento al Ayuntamiento de Peñíscola para que aporte al presente procedimiento la Licencia de Primera Ocupación del edificio siniestrado, así como las actuaciones que se llevaron a cabo por parte de los técnicos del Ayuntamiento para la concesión de dicha licencia”.

Asimismo, en el auto “se considera procedente la declaración en calidad de investigado de la persona que firmó el visado del proyecto arquitectónico del edificio” Por lo que, “a tal efecto, deberá recabarse la información correspondiente del Colegio de Arquitectos de Castellón”.

Para la jueza, “esta diligencia resulta fundamental para determinar si efectivamente existió una negligencia grave en la omisión de la advertencia sobre la falta de documentación esencial en el proyecto, así como para esclarecer si el mismo cumplía o no con los requisitos básicos de seguridad estructural”.

También “se deberá requerir al Colegio de Arquitectos de Castellón para que certifique si se verificó que, efectivamente, el proyecto contenía la documentación exigida por las normas de aplicación” añade en su escrito.

Este auto estima el recurso de reforma interpuesto por CP PATIOS FASE V contra la resolución dictada por dicho Juzgado el 8 de enero de 2025 (en la que se acordaba la práctica de determinadas diligencias), y por el que se pedía ampliar las diligencias penales preliminares acordadas con la inclusión del Ayuntamiento de Peñíscola y el Colegio de Arquitectos de Castellón como investigados.

Deficiencias en la estructura del bloque de viviendas

El pasado mes de octubre, la Audiencia Provincial de Castellón ordenó reabrir la investigación por el derrumbe de un edificio de 55 viviendas, producida el 25 de agosto de 2021, y que ocasionó la muerte de dos personas —una mujer de 54 años y un niño de 14— en la urbanización Font Nova en Peñíscola, al considerar prematuro el sobreseimiento provisional de la causa.

La Audiencia Provincial acordó que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs reabriera la investigación y practicase las diligencias solicitadas por las partes, “porque son útiles y pertinentes” para el esclarecimiento de los hechos.

Según el informe de la Conselleria de Vivienda, las causas del derrumbe fueron “una suma de deficiencias y errores en la estructura del bloque”, y concluye que “no se respetaron los criterios establecidos en el proyecto de construcción de este edificio”.

El informe señala que “el principal motivo es que la ejecución de la obra se alejó del proyecto de construcción”. Los ladrillos que se usaron para sostener la estructura eran de peor calidad que los indicados en ese proyecto, los cimientos eran demasiado finos y la cámara sanitaria, que separa el suelo de las zonas habitables, estaba llena de humedades y rebajó hasta un 40% la capacidad de los muros de carga.

La Conselleria de Justicia y Administración Pública implantará el nuevo modelo Oficina judicial de los Tribunales de Instancia en 24 partidos judiciales a partir del 1 de julio en cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Estos Tribunales de Instancia dispondrán en los 24 partidos judiciales de la primera fase de implantación, a excepción de Segorbe, de servicios comunes de apoyo y soporte a la función jurisdiccional, formados por un servicio común de tramitación y un servicio común general.

La Conselleria ha iniciado esta semana una ronda de sesiones informativas en los partidos judiciales correspondientes para exponer las principales novedades del nuevo modelo organizativo, informar sobre las relaciones de puestos de trabajo y el proceso de acoplamiento del personal, y atender las consultas que puedan surgir, con el objetivo de facilitar una transición ordenada y eficaz al nuevo sistema.

Los primeros partidos judiciales en los que la Conselleria ha impartido esta formación han sido Elda, Picassent-Carlet, Alzira, Vilajoiosa y Quart de Poblet-Mislata.

En este sentido, la implantación de esta nueva estructura conllevará la adopción de medidas de optimización digital, procesal y de organización del personal, con el objetivo de efectuar la transición desde un sistema organizativo rígido de unidades judiciales y plantillas orgánicas, a un modelo de estructuras flexibles, basado en una organización de servicios comunes, que permita atender las necesidades de soporte y apoyo de los jueces de los Tribunales de Instancia.

Estas transformaciones supondrán la integración de las actuales plantillas de funcionarios de los juzgados, y la adaptación de las relaciones de puestos de trabajo de los servicios actuales, a las relaciones de puestos de trabajo correspondientes al nuevo diseño organizativo.

Las sesiones informativas están dirigidas a los funcionarios de la Administración de Justicia, concretamente a los pertenecientes a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, destinados en los partidos judiciales incluidos en esta fase inicial

Tribunales de Instancia que entrarán en funcionamiento

La Ley orgánica 1/2025 dispone que el régimen de implantación del nuevo modelo organizativo sea progresivo y escalonado. En este sentido, establece para el 1 de julio de 2025 que los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en aquellos partidos judiciales donde no exista otro tipo de Juzgados, se transformarán, respectivamente, en Secciones Civiles y de Instrucción Únicas y Secciones de Violencia sobre la Mujer.

Para ello, la Conselleria de Justicia y Administración Pública ha aprobado la resolución para adecuar la estructura organizativa en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de los partidos judiciales de la Comunitat Valenciana que deberán cumplir este requisito en julio.

Servicios comunes

En la fecha de implantación de los Tribunales de Instancia que tengan su sede en los partidos judiciales citados entrarán en funcionamiento los servicios comunes de tramitación y los servicios comunes generales.

En la provincia de Alicante, los partidos judiciales con servicio común de tramitación y servicio común general serán los de Alcoy, Elda, Ibi, Novelda, Sant Vicent del Raspeig y Villajoyosa, y en la provincia de Castellón los de Nules y Vila-real.

En la provincia de Valencia, el partido judicial de Segorbe contará con un servicio de tramitación único, mientras que Alzira, Carlet, Catarroja, Llíria, Massamagrell, Mislata, Moncada, Ontinyent, Paterna, Picassent, Quart de Poblet, Requena, Sagunt, Sueca y Xàtiva dispondrán de servicio común de tramitación y servicio común general.

Todos los servicios comunes serán dirigidos por un letrado de la Administración de justicia, de quien dependerán funcionalmente el resto de los letrados de la Administración de justicia y el personal al servicio de la Administración de justicia

Cada servicio común está integrado por los puestos que determinen las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, reservados a funcionarios de los siguientes cuerpos al servicio de la Administración de justicia: Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y Cuerpo de Auxilio Judicial.

Los servicios comunes de tramitación, en coordinación con los otros servicios comunes de la oficina judicial, prestarán los servicios para la ordenación, gestión y tramitación de los procedimientos en fase declarativa.

El servicio común general es aquella unidad de la oficina judicial que realiza labores centralizadas y de carácter transversal no encomendadas expresamente a otros servicios comunes procesales

Los servicios comunes generales prestan servicios de registro y reparto de escritos de trámite y otra documentación dirigidos a los órganos judiciales, servicios de actos de comunicación y ejecución, servicios relacionados con la prestación y solicitud del auxilio judicial, servicios relacionados con la atención a la ciudadanía, a profesionales y personas litigantes.

También realizarán otros servicios transversales o generales como el apoyo a la actividad de la oficina judicial por el personal de Auxilio judicial, y para auxilio a la oficina del Registro Civil del respectivo partido judicial.