El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles participa en el VIII Encuentro Anual sobre Jurisprudencia Europea que se celebra hoy en Valencia. Organizado por el European Law Institute (ELI), congrega a numerosos expertos en derecho venidos de todas partes de Europa.

La inauguración del encuentro ha corrido a cargo de Albert Ruda González, chair del Spanish Hub del European Law Institute y decano de la Facultad de Derecho de la  Universitat de Girona. Junto a él, han participado en la inauguración Aneta Wiewiorowska-Domagalska, miembro del Comité Ejecutivo del ELI, María del Mar Marín, decana de la Facultad de ADE de la Universitat Politècnica de València, y José Luis Gómez-Fabra, registrador mercantil y director del Centro de Estudios Registrales del Decanato de Valencia.

A lo largo de todo el día, los expertos van a abordar cuestiones referidas al derecho civil, penal, mercantil, digital, financiero-tributario, de trabajo y seguridad social, de protección de datos y de propiedad intelectual, entre otros, desde el punto de vista de la Unión Europea. Además, la cita de este año incluye una sesión especial sobre Derecho de Consumo y otra dedicada al Derecho Registral.

Consumo y derecho registral centran las sesiones especiales

De las 23 mesas temáticas organizadas, destacan las sesiones especiales dedicadas al derecho registral y el derecho  de consumo. La primera de ellas trata sobre el derecho registral y de la UE, y abordará cuestiones como los certificados sucesorios europeos, inscripción de sociedades civiles, reconocimiento de resoluciones extranjeras y su aplicación a ciudadanos británicos tras el Brexit, normativa de protección de  datos, ejecuciones de hipoteca por clausulas abusivas, el régimen económico matrimonial o el concepto de resolución judicial a efectos de inscripción en un registro civil, entre otras. Cuenta con la participación de los registradores de la propiedad José Blas Pau, Emilio Esteban-Infantes, Cecilia Sánchez, Alina Nica y Javier Martínez, además de Pedro Chaparro (profesor de Derecho Civil de la UV) y Jorge Agustín Viguri, profesor ayudante doctor de la Universitat Jaume I.

En la sesión especial dedicada al consumo, los asistentes analizarán aspectos referentes al derecho  de consumo, de contratos, de familia, de daños, así como derecho migratorio, constitucional, administrativo y derecho internacional público y privado, entre otras cuestiones.

El contenido de la ponencia principal, celebrada esta mañana tras la inauguración del foro, estaba centrado también en temas de consumo. En ella se ha analizado la crisis de identidad de la legislación europea en materia de consumo. Han participado el profesor Hans-Wolfgang Micklitz, miembro del ELI, y la profesora María L. Kubica, doctora de la Universidad Loyola de Andalucía.

La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia ha incoado diligencias previas para investigar los insultos racistas dirigidos al jugador del Real Madrid CF Vinicius Júnior el pasado domingo, 21 de mayo, durante el partido de la Liga Santander que enfrentó a este equipo con el Valencia CF en el estadio de Mestalla.

En el auto, que ha sido notificado este viernes, la magistrada ha acordado citar en calidad de investigados a los tres espectadores que fueron detenidos esta misma semana por la Policía Nacional en relación a estos incidentes.

Con anterioridad a esa declaración, los tres investigados deberán comparecer en el órgano judicial para ser instruidos de los derechos que les asisten en aplicación del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El juzgado ha abierto el procedimiento tras recibir un atestado por un posible delito de odio elaborado por la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana.

A estas diligencias previas se ha acumulado una denuncia por los mismos hechos interpuesta por la Liga Nacional de Fútbol Profesional, entidad a la que se tiene ya por personada en la causa como acusación particular.

Igualmente, la instructora ha acordado comunicar el inicio de la causa al Ministerio Fiscal y librar exhorto a los Juzgados de Madrid para que habiliten los medios técnicos necesarios que permitan tomar declaración por videoconferencia a Vinicius Jr., en calidad de perjudicado.

Por otro lado, en respuesta a la práctica de diligencias de investigación solicitadas en su denuncia por la Liga, el auto refleja que las imágenes grabadas sobre los incidentes ya han sido recabadas y examinadas por la Policía Nacional y figuran incorporadas en el atestado.

No obstante, la magistrada ha resuelto remitir un oficio al Valencia CF a fin de instarle a conservar ese material audiovisual, a partir del minuto 72 del partido, por si en algún momento de la instrucción tuvieran que ser requerido.

Por último, el juzgado emplazará al club valencianista a que identifique a unos vigilantes de seguridad que estaban trabajando el día del partido para poder citarlos a declarar como testigos.

Este viernes se celebrará en la Audiencia Provincial de Castellón el juicio contra un masajista de la Vall d’Uixó acusado de abusar sexualmente de una clienta.

Según las informaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el masajista introdujo un dedo en la vagina de la paciente durante el tratamiento que solicitó la mujer el 6 de mayo de 2021 en el domicilio de la víctima.

Según mantiene el Ministerio Público, el encausado abusó de la mujer de forma sorpresiva y sin darle tiempo a reaccionar, mientras le trataba un problema de espalda, por lo que solicita cinco años de cárcel.

Morella contará con un nuevo servicio de información jurídica de proximidad con una oficina Justiprop. Ésta se instalará en las oficinas municipales y prestará el servicio los viernes con horario de 10.00 horas a 14.00 horas a partir del 16 de junio. El servicio lo darán profesionales de la abogacía con esta iniciativa de la Conselleria de Justicia Interior y Administración Pública junto al Ilustre Colegio de Abogados de Castellón.

El proyecto Justiprop consiste en una oficina de información jurídica en distintos ámbitos. De esta forma, las principales funciones consistirán en informar de los servicios que prestan otras administraciones sobre el acceso a la justicia, la mediación, asistencia a las víctimas, violencia de género y protección de derechos. También prestará asesoramiento y orientación jurídica previa a los procesos judiciales. Proporcionará información sobre trámites administrativos frente a los registros civil, mercantil y de la propiedad. Por último, asiste a la ciudadanía para realizar consultas electrónicas de trámites judiciales o administrativos. Además, se trata de un servicio comarcal y gratuito en el que participa la Mancomunidad comarcal Els Ports. Habrá oficinas en Morella y Villafranca.

El concejal de Servicios Urbanos, Joan Carles Marcobal, ha destacado que “se trata de un servicio que pretende aproximar la información jurídica a las vecinas y vecinos de Morella que lo necesitan”. El edil ha explicado que “la oficina estará abierta a partir del 16 de junio, aunque no prestará el servicio durante el mes de agosto”.

Hay que explicar que Justiprop es uno de los servicios que ha puesto en marcha la Generalitat Valenciana, junto con Mediaprop, para transformar los Juzgados de Paz en oficinas modernas donde la ciudadanía puede acceder a diferentes servicios de la Administración Pública. Así, cualquier persona puede recibir la asistencia y asesoramiento jurídico prestado por profesionales de la abogacía independientemente del lugar de residencia, especialmente en las zonas menos pobladas.

Tras años de lucha en los Tribunales, el Supremo da la razón al Ayuntamiento y las empresas de telefonía tendrán que abonar al municipio, de forma anual, el 1’5 %  de los ingresos brutos por la utilización del suelo, subsuelo y vuelo del término  municipal de Altea; lo que suponen unos 395.000€.

Todo empezó en el año 2020 cuando ORANGE se opuso al pago de las tasas por ocupación del dominio público, lo que derivó en un primer juicio en el Juzgado de lo Contencioso de Alicante, que dio la razón a la compañía telefónica y anuló la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento y las tasas correspondientes. El Ayuntamiento, a través de su Concejalía de Hacienda, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tribunal que también dio la razón a la compañía ORANGE, decretando la nulidad de la Ordenanza y tasas por ocupación del dominio público.

El Consistorio considerando que ello suponía una grave discriminación respecto del resto de ciudadanos y empresas que pagan las tasas, y que además, esa utilización del suelo por las compañías de telefonía, propiedad del municipio de Altea,  lo es para prestar servicios de telefonía fija e internet de los que obtienen ingresos a costa de los ciudadanos, interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, alegando incumplimiento del derecho comunitario europeo.

El Alto Tribunal da la razón al Consistorio, y deja sin efectos las sentencias tanto del Juzgado como del TSJ y sienta el criterio de que las compañías de telefonía fija e internet, han de abonar la tasa, “tanto si éstas son las titulares de las redes… como si son titulares de un derecho de uso, acceso o interconexión”; dice la sentencia.

Las consecuencias de ello es que,  a todas las compañías de telefonía fija e internet, sean o no propietarias, se les cobrará anualmente el 1,5% de los ingresos de facturación.

Además es una importante Sentencia para la Comunidad Valenciana ya que obliga a cambiar el parecer de los Juzgados y del Tribunal Superior de Justicia Valenciano, beneficiando al resto de los municipios valencianos.

“Como siempre, la defensa de la legalidad y los intereses municipales están por encima de los intereses privados o particulares que perjudiquen al Municipio”, declara la edil de Hacienda, Xelo González.

El sindicato CSIF ha ganado una sentencia que reconoce el derecho de los trabajadores de la empresa Especializada y Primaria l´Horta Manises, S.A. a cobrar durante su periodo vacacional el promedio del importe de las guardias realizadas durante el año anterior. La resolución la falla el Juzgado de lo Social número 11 de Valencia tras demanda interpuesta por CSIF contra la empresa que gestiona el departamento de salud de Manises.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que presentó demanda de conflicto colectivo “a fin de que se declare contraria a derecho la práctica de la empresa de no abonar a los trabajadores que hacen guardias, durante el periodo de disfrute de vacaciones, el importe correspondiente al promedio de las citadas guardias”.

El sindicato continúa señalando, tal como trasladaba en la demanda, que “esto afecta a todo el personal de la empresa que presta el servicio de guardias, cualquiera que sea su categoría profesional, y tanto si son guardias presenciales como si no lo son”.

La central sindical recalca que la sentencia recopila, en sus fundamentos de derecho, artículos del Estatuto de los Trabajadores, del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo o precedentes de fallos del Tribunal Supremo. Tras ello indica que “conforme a lo resuelto en estas sentencias, la demanda debe de ser estimada”.

CSIF apunta que el dictamen del Juzgado de lo Social número 11 especifica que las guardias suponen “una actuación normal y ordinaria toda vez que el llevarlas a cabo es algo que se encuentra programado previamente y constituye una obligación para todos los profesionales”. De esto modo recalca que “tienen derecho a que les sea abonado en las retribuciones correspondientes al periodo de vacaciones el promedio de las guardias realizadas durante el año anterior”.

La sentencia estima la demanda interpuesta por CSIF frente a la empresa Especializada y Primaria l´Horta Manises S.A. De esta forma considera “contraria a derecho la práctica de no abonar en el periodo de vacaciones los importes de las guardias” y condena a la empresa a que “abone a los trabajadores las cuantías correspondientes al promedio del importe de las guardias realizadas durante el año anterior”. CSIF insta a la empresa a cumplir de inmediato el fallo judicial.