El crimen del canónigo ya tiene calificación fiscal, lo que sitúa el caso a un paso del cierre de la instrucción y de su envío a la sala del jurado de la Audiencia de València para que señale fecha de juicio. De momento, el escrito provisional del fiscal del caso, Antonio Gastaldi, en el que reclama 28 años de cárcel por tres delitos –asesinato, robo con violencia y estafa– para el único imputado que queda en la causa, Miguel Tomás, V. N., en prisión desde que sucedieron los hechos, recoge varios puntos de especial relevancia para la resolución final del caso.
El primero que, finalmente, no considera al único encausado por el crimen, Miguel Tomás V. N., uno de los hombres que llevaba a casa el canónigo para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero u otras prebendas -el acusador público lo resuelve con un elegante «con quien mantenía una relación de amistad hacía meses»-, no fue la mano ejecutora del asesinato de Alfonso López Benito, que murió entre la noche del domingo 21 de enero de 2024 y la madrugada del lunes, 22, por un doble mecanismo homicida de asfixia y estrangulación.
Aún así, el acusador público solicita provisionalmente para Miguel Tomás V. N. una pena global de 28 años de cárcel, a saber, 20 por el asesinato -considera que hubo alevosía porque, dice, la víctima no tuvo posibilidad de defenderse–, cinco más por el robo con violencia -estima que el fin último era quitarle sus pertenencias- y otros tres por estafa -es el nombre que define que sacara dinero con una de las tarjetas e hiciera compras con la otra-. Además, le añade «como máximo» cinco años de libertad vigilada que deberá cumplir al finalizar el periodo en prisión.
La misma pena que si fuese el ejecutor
Ahora, es el turno de su abogado, el penalista Jorge Carbó, para quien se abre el plazo para que presente su escrito de calificación, en el que, casi con toda seguridad, se limitará a admitir la estafa, pero se desvinculará tanto del robo con violencia como, por supuesto, del asesinato, delito que Miguel Tomás lleva negando desde el primer momento y atribuyendo, también desde el inicio, a un hombre colombiano, de nombre Manuel y que, afirma, vivía en un piso del valenciano barrio de Natzaret cuando sucedieron los hechos.
Entonces, ¿por qué, si el fiscal no lo considera ejecutor del crimen, le pide 20 años de prisión y le estima responsable como autor de los tres delitos? Porque considera que ambos se habían concertado para robar y dar muerte al canónigo en el piso propiedad del Arzobispado ubicado en la calle Avellanas donde vivía y adonde llevaba con una alta frecuencia a hombres vulnerables a quienes captaba en la calle y ofrecía ayuda o dinero a cambio de encuentros sexuales, según consta en la causa. y coinciden testigos y vecinos.
De hecho, lo resuelve afirmando que «el acusado, en unión de otra persona no identificada y con quien actuaba de acuerdo, logró que Alfonso les franqueara la entrada, ya que confiaba en él». Y continúa describiendo cómo «esa persona que acompañaba al acusado, aprovechando», dice, que Alfonso, de 80 años, «estaba solo y que conocía por Miguel Tomás donde guardaba Alfonso su dinero y sus tarjetas, lo tiró en la cama, le tapó la boca hasta que, a la vez que le ahogaba con la otra mano apretándole el cuello, logró acabar con su vida sin que el anciano tuviera oportunidad alguna de defenderse».
Sin pruebas de él en el escenario del crimen
Dado que no hay ni una sola prueba de que el único encausado llegara a estar realmente en la casa -en el piso había huellas y ADN pero ninguna de él, y su móvil no solo no se conectó al router de la casa, como habría sido lógico, ya que había estado en la vivienda con frecuencia , sino que además no llegan a coincidir en posición según los análisis de las antenas hasta mucho después- y ninguna de las seis cámaras analizadas por la Policía lo captó en el lugar de los hechos, Gastaldi pasa de puntillas sobre ese ‘detalle’ y se limita a concluir que «acto seguido se apoderó de su teléfono móvil, de una tarjeta del Corte Inglés y otra de Cajamar, ambas del fallecido, y minutos después, una vez en la calle entregó dichos objetos a Miguel Tomás, que utilizó la tarjeta de Cajamar para disponer de efectivo de varios cajeros automáticos usando la clave de su víctima, que conocía o averiguó esa noche, y realizar diversas compras y gastos».
En total, entre efectivo y compras, fueron 2.327,16 euros. «Parte del dinero en efectivo le fue entregado por el acusado a la persona que entró en el piso de Alfonso y que acabó con su vida», explica el representante del Ministerio Público, y remata, para asegurarse la acusación, aseverando que Miguel Tomás V. N. «actuó en todo momento de acuerdo con la persona no identificada y en ejecución de un plan previamente establecido para terminar con la vida de Alfonso y apoderarse de sus objetos de valor».
«En el momento de la detención», introduce Gastaldi para dejar claro que había un segundo implicado con el que compartió ganancias, «se le ocuparon 875 euros procedentes de las extracciones antes referidas». En pocas palabras, casi exactamente la mitad de lo que sacó en los dos cajeros, lo que refuerza la idea de que hubo reparto del botín. ¿Con quién? La pregunta, sin respuesta, sigue en el aire. No será un jurado fácil.
