El senador de Compromís, Enric Morera, ha registrado una batería de preguntas al Gobierno en las que exige máxima transparencia sobre las adjudicaciones públicas otorgadas en la Comunitat Valenciana a empresas investigadas por la UCO, en el marco de la presunta trama de cobro de comisiones ilegales vinculada a Santos Cerdán,  secretario de Organización del PSOE.

Según ha revelado la prensa en los últimos días, Cerdán habría sido socio directo de la empresa Servinabar 2000 SLU, vinculada a contratos millonarios adjudicados en distintos niveles de la administración, tanto local como estatal, y con vínculos empresariales con Acciona, también salpicada en la investigación. Entre los contratos señalados destacan obras en el puerto de València y Sagunt, así como los macrocontratos de alcantarillado y saneamiento del Ayuntamiento de València, valorados en casi 600 millones de euros.

“El Gobierno debe aclarar si se han manipulado adjudicaciones públicas, y si se va a actuar con contundencia para evitar que se repita una red clientelar de comisiones ilegales que afecta directamente a la limpieza y calidad democrática”, ha declarado Morera.

Así, desde Compromís se pide al Ejecutivo que detalle qué mecanismos de control se aplicaron en las adjudicaciones a la UTE liderada por Acciona, y si se ha investigado el papel de Servinabar, participada por Cerdán, en las licitaciones. Además, Morera ha exigido saber qué medidas se han adoptado para prevenir la corrupción y garantizar la independencia de los procesos de contratación, y si se ha planteado la revisión, paralización o rescisión de contratos donde haya indicios de amaño o enriquecimiento ilícito.

En su iniciativa parlamentaria, el senador de Compromís también reclama que se identifiquen los técnicos responsables de los informes de valoración y que se hagan públicos los criterios por los que fueron excluidas otras ofertas con mayor baja económica en algunos concursos clave.

“Ni el color político del ayuntamiento de València ni el del Gobierno central debe ser excusa: si hay sombra de corrupción, hay que investigarla a fondo, caiga quien caiga”, ha insistido el senador de Compromís.

Morera ha subrayado que estas preguntas se enmarcan en la labor de “control democrático y de defensa del interés público, ante el grave riesgo de que se esté consolidando una red de contratos amañados que afecta tanto a gobiernos del PP como del PSOE”.

La decisión de que Salellas defendiera a Cerdán se fraguó este martes por la tarde, después de que el propio exdiputado admitiera brevemente a los medios de comunicación a las puertas de su casa que cuando tuviese abogado y compareciese ante el juez, haría declaraciones y demostraría su inocencia.

Salellas, nacido en Girona en 1977, fue uno de los redactores de la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña (DUI) que se aprobó el 27 de octubre de 2017 en el Parlamento catalán y que fue suspendida y anulada por el Tribunal Constitucional. Tras su salida de la Cámara autonómica por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ejerció como letrado de Jordi Cuixart.

Perteneció al denominado «comité estratégico del referéndum» que, a su vez, se reunía con el denominado «Estado Mayor» del ‘procés’, entre estos, David Madí y la republicana Marta Rovira (ERC). Desde este grupo se establecían las líneas generales que los partidos independentistas en el Parlament debían seguir para culminar la ruptura de España. Fue también abogado de Anna Gabriel, igualmente exdiputada de la CUP y ha defendido a investigados en causas relativas al proceso independentista, como es el caso del Tsunami Democràtic e implicados en casos que, al final, han acabado por incluirse en la ley de amnistía aprobada por el Congreso.

Otras causas

Fuera del ámbito político, Salellas ejerce de abogado de la familia Jubany, por el asesinato, aún sin resolver, de Helena, una joven de 24 años cuyo cadáver se localizó en diciembre de 2001. Cuatro años se sobreseyó por primera, tras una pésima instrucción, y, gracias al esfuerzo del letrado, no sólo se reabrió, sino que se realizaron nuevas pruebas que se han saldado con la imputación de sospechosos de haber perpetrado el crimen.

También en la crónica negra, ejerce la defensa de Jordi Magentí, detenido por su presunta implicación en el crimen de Susqueda (Girona). Único encausado por la muerte de Marc Hernández y Paula Mas, el abogado consiguió que la Audiencia de Gerona lo dejase en libertad sin fianza, meses después de ingresar en prisión provisional. Ahora asume la difícil tarea de sostener la presunción de inocencia de Santos Cerdán, muy tocada tras el informe de la Guardia Civil de la semana pasada en el marco del ‘caso Koldo’. Un documento centrado en el presunto amaño de obra pública a través del Ministerio de Transportes bajo la etapa de José Luis Ábalos (2018-2021), que sitúa al exnúmero tres del PSOE en la gestión del reparto de las presuntas mordidas.