El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha lanzado este mediodía un nuevo mensaje de tranquilidad y prudencia después de conocerse el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana que dispone que no ha lugar al incidente de nulidad de sentencia formulado por el Ayuntamiento de Benidorm contra la sentencia del propio TSJ sobre los terrenos de dos mercantiles en Serra Gelada. Concretamente, el fallo dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este tribunal el 23 de mayo del pasado 2024, que establecía que el Ayuntamiento debía pagar 283 millones de euros más los correspondientes intereses legales a las mercantiles Murcia Puchades Expasión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7.

Toni Pérez ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa para trasladar públicamente toda la información sobre este auto, notificado en el día de ayer, 24 de junio, al Consistorio y del que hoy también han sido informados todos los grupos municipales en junta de portavoces “desde la máxima transparencia, tal y como nos comprometimos y como se ha venido haciendo hasta ahora”. Igualmente, como ya ha venido reiterando desde el primer pronunciamiento del TSJ, el primer edil ha vuelto a trasladar que los técnicos municipales del área jurídica están “explorando todas las vías que estén a nuestra mano para seguir defendiendo el interés general de todos los vecinos y vecinas de Benidorm, como hemos perseguido siempre en este asunto”.

“Vamos a seguir en la misma línea que hemos seguido desde que en el año 2015 tomamos posesión del gobierno, que no es otra que la defensa del interés de todos los benidormenses”, ha asegurado el alcalde, tras lo cual ha recordado que “nuestra hoja de ruta, que es la hoja de ruta que han marcado los técnicos en relación a los convenios, no ha variado ni un ápice”. “El Ayuntamiento de Benidorm no tenía otro camino para la defensa del interés general que el camino que emprendió, siempre bajo el criterio técnico, y eso está manifestado en sentencias judiciales reiteradamente”, ha insistido Toni Pérez, quien además ha trasladado que “es la justicia la que, en su sala del TSJ, ha orientado sus decisiones en un sentido distinto al que venían hasta ahora marcando los juzgados de lo Contencioso”. 

Por eso, ha manifestado que “todavía es muy pronto para avanzar cuál es la hoja de ruta que van a marcar los servicios jurídicos” a partir de ahora, por lo que ha pedido “tranquilidad y prudencia” antes de señalar que una de las posibles opciones sería acudir al Tribunal Constitucional, si así lo aconsejan los informes técnicos, “porque eso no lo puede decidir un alcalde ni ninguno de los concejales”. En este sentido, Pérez ha recordado que “un político no puede tomar una decisión contraria al criterio técnico porque eso está tipificado por ley y tiene un nombre”, tras lo cual ha indicado que “esa es la responsabilidad de gobernar. Puede haber decisiones incómodas o que no te gusten, pero son las que te dicen los técnicos que debes tomar”.

Asimismo, ha recordado que este asunto continúa entrañando cierta complejidad judicial debido a que todavía hay distintas causas abiertas. De un lado, está la causa sobre la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento con relación a dichos terrenos en base a los convenios firmados en 2003 y 2004 y renovados en 2010 y 2013, que es a la que se refiere el auto del TSJ notificado en el día de ayer. De otro, está la relacionada con la revisión de oficio y declaración de nulidad de esos mismos convenios por parte del Consistorio, una línea que todavía sigue viva y con cinco causas abiertas en los juzgados: dos ya resueltas en Primera Instancia que han dado la razón al Ayuntamiento y han ratificado que dichos convenios serían nulos de pleno derecho, que se encuentran recurridas; y otras tres que aún no tienen sentencia. 

Por último, Toni Pérez ha insistido en que “todas las decisiones adoptadas sobre dichos convenios están respaldadas por los técnicos y por el propio Consell Jurídic Consultiu, así como por las sentencias en los juzgados de Primera Instancia” que hasta ahora se han pronunciado a favor del Consistorio en su defensa del interés general.