A causa de reclamaciones realizadas por la comunidad de vecinos de una finca situada en la calle Senyera, una patrulla de la Unidad Medioambiental de la Policía Local, UMA y una veterinaria del Servicio de Bienestar Animal, se han personado en una de las viviendas para realizar una inspección. Según las reclamaciones una mujer vivía en su domicilio con muchos gatos, lo que producía serios problemas de convivencia, olores y salubridad tanto en la vivienda como en el resto de la comunidad y zonas comunes.
Los funcionarios han acudido a la vivienda para realizar una inspección. Al subir al rellano han comprobado que de la vivienda emanaba un fuerte olor. Al entrar a inspeccionar la vivienda, han podido comprobar que la misma estaba llena de gatos. En total han contado, 22 ejemplares. La casa presentaba un evidente problema de salubridad y el olor era todavía más fuerte que en el rellano.
Los agentes y la veterinario han levantado acta de la situación en la que se encontraba la vivienda para abordar el caso desde una perspectiva global, en la que participan otros servicios como Bienestar Social y Bienestar animal.
La primera medida ha sido la de retirar los 17 gatos y dejar a los propietarios 5, que son la cantidad que se considera desde Bienestar Animal que pueden haber en el tipo de vivienda. La propietaria se ha comprometido a esterilizarlos y colocarles microchip.
Los felinos retirados han sido llevados al Centro de Acogida de Benimàmet donde serán esterilizados, colocado el microchip y dados en adopción.
Cabe recordar que a la propietaria de esta vivienda ya se le retiraron 40 gatos en el año 2023 y se le ha comunicado el seguimiento del caso con futuros visitas para comprobar que se cumplen las medidas adoptadas.
La Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la decisión de investigar al el ex secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat, Emilio Argüeso, por su presunta responsabilidad en la gestión de la DANA. La Sección Segunda de la Audiencia ha desestimado el recurso de apelación presentado por Argüeso —al que se había adherido el Ministerio Fiscal— contra la decisión de la jueza instructora del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que el pasado 10 de marzo acordó citarle a declarar como investigado, junto a la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.
En su auto, los magistrados respaldan la resolución de la jueza y concluyen que “no es irrazonable ni arbitraria”, teniendo en cuenta el objeto de la investigación judicial. Subrayan, además, que la citación como investigado forma parte de la fase inicial del proceso penal, en la que no se exige todavía una prueba concluyente, sino elementos suficientes que justifiquen la necesidad de esclarecer responsabilidades.
La Audiencia recuerda que la posición de garantía de un cargo público no es una “foto fija”, sino que debe analizarse dentro del proceso de toma de decisiones que se investiga, y que será este marco el que determine, en función del resultado de la instrucción, si se confirma o descarta su posible responsabilidad penal.
En su resolución, los magistrados repasan también la Ley 4/2017 de la Generalitat, que regula la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), así como el Decreto 122/2017, que fija el reglamento orgánico y funcional del organismo, bajo cuya dirección operaba la Secretaría Autonómica de Emergencias en el momento de los hechos.
El tribunal advierte que la investigación debe ir más allá de constatar que existió una infracción de deber. Será necesario, subraya la Audiencia, verificar si se puede establecer un vínculo causal entre la supuesta omisión de conducta por parte de los responsables y los fallecimientos producidos, y si esa actuación omitida habría podido evitar el resultado trágico.
Con esta decisión, la causa judicial abierta por los efectos mortales de la DANA da un nuevo paso, confirmando que la investigación sigue adelante contra antiguos altos cargos de la Generalitat, en un proceso que continúa en fase de instrucción y que busca esclarecer si hubo responsabilidades en la gestión de la emergencia más grave vivida en la Comunitat Valenciana en los últimos años.
La jueza deniega citar como testigos a seis altos cargos
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja también ha rechazado la petición de una acusación particular para que se citara como testigos a diversos altos cargos del Gobierno central, la Generalitat Valenciana, Adif y la Diputación de Valencia en el marco de la investigación judicial por las consecuencias de la DANA del pasado 29 de octubre.
La solicitud, presentada por la representación legal de la viuda de un hombre fallecido en Cheste durante el temporal, pretendía que declararan, entre otros, el exsecretario de Estado de Seguridad, el actual secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, los directores generales de Transportes y Logística y de Infraestructuras Viarias de la Generalitat, la secretaria general de Adif y el director del Área de Carreteras de la Diputación de Valencia. También se había pedido recabar diversa información de la Dirección General de Tráfico sobre el estado de carreteras e infraestructuras afectadas.
Sin embargo, la jueza instructora considera que ninguna de esas diligencias contribuiría a esclarecer el “trágico fallecimiento” investigado, ya que —según se señala en la resolución— este se produjo en el interior de una vivienda en la localidad de Cheste, y no en un desplazamiento “in itinere”, es decir, en tránsito.
El PNV ha negado hoy de forma tajante las acusaciones que ha vertido Santos Cerdán en su declaración ante el Tribunal Supremo, antes de que … el juez decretara para él prisión sin fianza por encabezar supuestamente desde el corazón del PSOE una trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicación de obra pública. Según el exsecretario de Organización socialista, los jeltzales habrán votado a favor de la moción de censura que hizo a Pedro Sánchez presidente en 2018 gracias a la intermediación de Antxon Alonso, el empresario guipuzcoano afincado en Elorrio propietario de Servinabar 2000, la empresa que se hizo con megacontratos como el de los túneles de Belate en Navarra en UTE con Acciona.
Con notable celeridad, fuentes oficiales del PNV se han apresurado a negar cualquier mediación de Alonso en la decisión que el EBB tomó el 31 de mayo de 2018 reunido en Vitoria, la de hacer caer a Mariano Rajoy y dar paso a un Gobierno del PSOE. «Resulta ridículo afirmar que Antxon Alonso, una persona que ni siquiera es afiliada de EAJ-PNV, hubiera podido influir en la ejecutiva jeltzale que tomó esa decisión», apuntan en Sabin Etxea, que no niega en ningún caso conocer al citado empresario. Para la dirección que encabeza Aitor Esteban, que tuvo un papel protagonista en aquellas negociaciones como portavoz del grupo parlamentario junto al entonces secretario de Organización, Joseba Aurrekoetxea, y al propio presidente del PNV en esas fechas, Andoni Ortuzar, la estrategia de defensa de Cerdán, que atribuye su caída a una «persecución política» por negociar la moción de censura con PNV y Bildu -cuyo apoyo también atribuye a la mediación de Alonso-, «se basa en la mentira».
Los jeltzales admiten -cuenta ‘El Correo’-, eso sí, una única reunión con el exministro José Luis Ábalos, entonces ‘número tres’ del partido, y con el propio Cerdán para «escuchar» y explorar la posibilidad de apoyar la moción de censura. Unos días después, el 31 de mayo de 2018, el EBB decidió «de forma soberana», recuerdan, votar a favor tras el fracaso de los intentos para que Rajoy se hiciera a un lado y al considerar «grave» la sentencia del ‘caso Gürtel’ e «inadmisible la ausencia de asunción de responsabilidades políticas por parte del PP». En todo caso, el PNV rechaza «de forma tajante» los «intentos, procedentes de diversos ámbitos» de «vincularle» con el ‘caso Cerdán-Ábalos-Koldo’. «Este tipo de prácticas, ajenas a nuestra cultura política y a nuestros valores, no solo perjudican el prestigio de las instituciones, sino que alimentan la desafección ciudadana y el descrédito de la política, debilitando así los pilares de la democracia que defendemos», zanjan.
El aviso especial dado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de una ola de calor extremo para este fin de semana ha puesto en alerta a la población con el objetivo de extremar las medidas de autoprotección ante la primera ola de calorfuerte en el tiempo en Valencia. Pero en la ciudad se ha preparado la apertura de 8 piscinas municipales descubiertas para paliar la ola de calor.
A partir de las 13 horas del sábado se espera una temperatura máxima 38 grados en Alicante y de 36 grados en el tiempo en Valencia. Pero, como decíamos, los días álgidos de la ola de calorserán el domingo 29 y el lunes 30, cuando los valores superiores a los 40 ºC.
Polideportivo ‘Benimaclet’
Horario baño libre: Del 14 de junio al 3 de agosto. Lunes a viernes de 12:00 a 15:00h y de 16:00 a 18:30h. Sábados, domingos y festivos de 10:00 a 15:00h y de 16:00 a 20:00h. Del 4 de agosto al 7 de septiembre. Lunes a viernes de 11:00 a 15:00h y de 16:00 a 18:30h. (en el mes de septiembre el cierre será a las 19:30 h). Sábados, domingos y festivos de 10:00 a 15:00h y de 16:00 a 20:00h. Horario cursillos: De 10:00 a 10:45 h. (solo julio y agosto) De 18:45 a 19:30 h. De 19:30 a 20:15 h.
Piscinas ‘Parque del Oest’
Horario baño libre: Lunes a viernes: 12:00 a 18:00 h. Sábados, domingos y festivos: 11:00 a 19:00 h. Viernes de julio y agosto: apertura nocturna, de 21:00 a 01:00 h. Horario cursillos: De 09:00 a 11:45 h. De 18:45 a 20:30 h.
Piscina ‘Castellar Oliveral’
Horario baño libre: Lunes, miércoles y viernes: de 15:00h a 19:00h Martes y jueves: de 12:00 a 18:30 h. Sábados, domingos y festivos: de 12:00h a 19:00h. Horario cursillos: De 17:00 a 19:15 h
Polideportivo ‘La Hípica’
Horario baño libre: Lunes a viernes: 12:00 a 18:30 h. Sábados, domingos y festivos: 11:00 a 19:00 h
Polideportivo ‘Benimamet’
Horario baño libre junio y julio: Lunes a viernes de 11:00h a 19:00h, sábados y domingos de 9:00 a 14:00 h
Polideportivo ‘Nazaret’
Horario baño libre: Lunes a viernes de 11:00h a 19:00h. Sábados y domingos y festivos: de 11:00h a 19:00h
Piscina ‘Benicalap’
Horario baño libre: Lunes a viernes: de 12:00h a 18:30h Sábados, domingos y festivos: de 11:00h a 19:00h. Horario cursillos: De 9:00 a 11:45 h. De 18:45 a 20:30 h.
Piscina ‘El Palmar’
Horario baño libre: Lunes a viernes 11:30 a 19:00h. Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 19:00 h. Horario cursillo: De 9:15 a 10:00h. Aquagym. De 10:00 a 10:45h. Natación Escolar y Preescolar De 19:00 a 19:45h. Natación Escolar y Preescolar De 19.45 a 20:30h. Aquagym.
El fiscal especialista en juicios con jurado Antonio Gastaldi, que lleva la causa por el asesinato del canónigo emérito de la catedral de València Alfonso López Benito, de 80 años, hallado desnudo -salvo por el calzoncillo- en su cama del piso del Arzobispado de la calle Avellanas, tras ser estrangulado y asfixiado en la noche del 21 al 22 de enero del año pasado, llamará a declarar en esa vista oral, para la que aún no hay fecha, a 24 personas. Así lo recoge en su escrito provisional de acusación, presentado el viernes y adelantado este lunes en exclusiva por Levante-EMV, en el que reclama 28 años de cárcel por tres delitos –asesinato, robo con violencia y estafa– para el único imputado que queda en la causa, Miguel Tomás, V. N., en prisión desde que sucedieron los hechos.
De los 24 testigos y peritos propuestos por el fiscal, la mayoría, 13, son agentes de la Policía Nacional, tanto del grupo de Homicidios como de la Policía Científica. A ellos se suman, como peritos, seis médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de València: los tres del departamento de Psiquiatría Forense que han realizado el informe de imputabilidad de Miguel Tomás V. N., otros dos, de Patología, como responsables de la autopsia del cura y la última, la forense que realizó el levantamiento del cadáver.
El plato fuerte será la declaración del único imputado con nombres y apellidos, quien dio su versión por primera vez en sede judicial recientemente, tal como adelantó este diario, y, sobre todo, algunos de los seis testigos propuestos por el acusador público. Sería el caso, por ejemplo, del hombre con discapacidad al que el canónigo pagó porque viniera desde su casa, en una ciudad de Extremadura, para mantener con él una relación sexual en esa misma cama donde fue asesinado en un encuentro ocurrido solo unas horas antes del crimen.
Pero también será de interés escuchar las explicaciones de un íntimo del cura que hacía las veces de asistente personal, confesor y guardaespaldas. Tanto este hombre como el anterior han estado más de un año imputados en la causa, después de que fueran identificadas en el piso las huellas y el ADN del guardaespaldas y el perfil genético del otro, en este caso, nada menos que en la cama donde fue encontrado el cura asesinado.
El canónigo Alfonso López Benito, en una foto de archivo. Tras él, el cardenal Antonio Cañizares, en ese momento, arzobispo de València. / Alberto Sáiz/AVAN
Además de ellos, prestarán declaración ante los nueve miembros del jurado que conformarán el tribunal popular el portero de la finca, que fue el primero en poner a la Policía Nacional sobre la pista de que el piso de Arzobispado era un trasiego constante de hombres vulnerables a los que el canónigo captaba en la calle para mantener encuentros sexuales pagados en la casa, y el amigo de Alfonso López que, junto con el conserje, encontró el cadáver en la mañana del miércoles, 23 de enero de 2024.
¿Culpable o inocente?
Tal como adelantó este lunes Levante-EMV, la calificación fiscal recoge varios puntos de especial relevancia para la resolución final del caso, es decir, para conocer si, finalmente, ese jurado alcanza un veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad para Miguel Tomás V. N.,. El primero que Gastaldi, finalmente, no considera a ese único encausado, que era uno de esos hombres que llevaba a casa el canónigo para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero u otras prebendas -el acusador público lo resuelve con un elegante «con quien mantenía una relación de amistad hacía meses»-, no fue la mano ejecutora del asesinato de Alfonso López Benito, que murió entre la noche del domingo 21 de enero de 2024 y la madrugada del lunes, 22, por un doble mecanismo homicida de asfixia y estrangulación.
Aún así, el acusador público solicita provisionalmente para Miguel Tomás una pena global de 28 años de cárcel, a saber, 20 por el asesinato -considera que hubo alevosía porque, dice, la víctima no tuvo posibilidad de defenderse–, cinco más por el robo con violencia -estima que el fin último era quitarle sus pertenencias- y otros tres por estafa -es el nombre que define que sacara dinero con una de las tarjetas e hiciera compras con la otra-. Además, le añade «como máximo» cinco años de libertad vigilada que deberá cumplir al finalizar el periodo en prisión.
La misma pena que si fuese el ejecutor
Entonces, ¿por qué, si el fiscal no lo considera ejecutor del crimen, le pide 20 años de prisión y le estima responsable como autor de los tres delitos? Porque considera que ambos se habían concertado para robar y dar muerte al canónigo en el piso propiedad del Arzobispado ubicado en la calle Avellanas donde vivía y adonde llevaba con una alta frecuencia a hombres vulnerables a quienes captaba en la calle y ofrecía ayuda o dinero a cambio de encuentros sexuales, según consta en la causa. y coinciden testigos y vecinos.
De hecho, lo resuelve afirmando que «el acusado, en unión de otra persona no identificada y con quien actuaba de acuerdo, logró que Alfonso les franqueara la entrada, ya que confiaba en él». Y continúa describiendo cómo «esa persona que acompañaba al acusado, aprovechando», dice, que Alfonso, de 80 años, «estaba solo y que conocía por Miguel Tomás donde guardaba Alfonso su dinero y sus tarjetas, lo tiró en la cama, le tapó la boca hasta que, a la vez que le ahogaba con la otra mano apretándole el cuello, logró acabar con su vida sin que el anciano tuviera oportunidad alguna de defenderse».
Sin pruebas de él en el escenario del crimen
Dado que no hay ni una sola prueba de que el único encausado llegara a estar realmente en la casa -en el piso había huellas y ADN pero ninguna de él, y su móvil no solo no se conectó al router de la casa, como habría sido lógico, ya que había estado en la vivienda con frecuencia , sino que además no llegan a coincidir en posición según los análisis de las antenas hasta mucho después- y ninguna de las seis cámaras analizadas por la Policía lo captó en el lugar de los hechos, Gastaldi pasa de puntillas sobre ese ‘detalle’ y se limita a concluir que «acto seguido se apoderó de su teléfono móvil, de una tarjeta del Corte Inglés y otra de Cajamar, ambas del fallecido, y minutos después, una vez en la calle entregó dichos objetos a Miguel Tomás, que utilizó la tarjeta de Cajamar para disponer de efectivo de varios cajeros automáticos usando la clave de su víctima, que conocía o averiguó esa noche, y realizar diversas compras y gastos».
En total, entre efectivo y compras, fueron 2.327,16 euros. «Parte del dinero en efectivo le fue entregado por el acusado a la persona que entró en el piso de Alfonso y que acabó con su vida», explica el representante del Ministerio Público, y remata, para asegurarse la acusación, aseverando que Miguel Tomás V. N. «actuó en todo momento de acuerdo con la persona no identificada y en ejecución de un plan previamente establecido para terminar con la vida de Alfonso y apoderarse de sus objetos de valor».
¿Quién es el verdadero asesino?
«En el momento de la detención», introduce Gastaldi para dejar claro que había un segundo implicado con el que compartió ganancias, «se le ocuparon 875 euros procedentes de las extracciones antes referidas». En pocas palabras, casi exactamente la mitad de lo que sacó en los dos cajeros, lo que refuerza la idea de que hubo reparto del botín. ¿Con quién? La pregunta, sin respuesta, sigue en el aire. No será un jurado fácil.
Así, una vez presentada la calificación del Ministerio Público, es el turno de su abogado, el penalista Jorge Carbó, para quien se abre el plazo para que presente su escrito de calificación, en el que, casi con toda seguridad, se limitará a admitir la estafa, pero se desvinculará tanto del robo con violencia como, por supuesto, del asesinato, delito que Miguel Tomás lleva negando desde el primer momento.
De hecho, desde el momento mismo en que lo detuvieron, siempre se ha declarado inocente y ha atribuido el crimen a un hombre colombiano, de nombre Manuel y temporero de ocupación quien, afirma, vivía en un piso del valenciano barrio de Natzaret cuando sucedieron los hechos. Hasta hoy, nadie ha conseguido ponerle nombre y apellidos a ese hombre que, dada la situación del caso, tiene todas las papeletas para ser el verdadero asesino del canónigo emérito de la catedral de València.
