La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha digitalizado el 95 % de los tomos documentales de los Juzgados de Paz y Registros Civiles de la Comunitat Valenciana. Se estima que el proyecto de digitalización finalice en septiembre de 2025.

La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha destacado que “la digitalización de los libros del Registro Civil es uno de los proyectos más ambiciosos que estamos impulsando dentro del plan de transformación digital de la Justicia, y ha sido posible gracias a la financiación de fondos europeos”.

Martínez ha añadido que “con una inversión cercana a los cinco millones de euros, estamos modernizando un servicio esencial para la ciudadanía, asegurando su conservación y facilitando el acceso a la información de forma rápida, segura y eficiente”

En una primera fase, el proyecto se centró exclusivamente en la digitalización de los fondos documentales de los Juzgados de Paz. Sin embargo, el buen ritmo de ejecución y la consecución anticipada de los objetivos previstos han permitido ampliar su alcance a los libros de los Registros Civiles pertenecientes a las oficinas de los principales partidos judiciales. 

Esto significa que ya han sido digitalizados e incorporados al sistema general de consulta 12.253 libros de los 13.066 procedentes tanto de los Registros Civiles de las sedes judiciales principales como de los Juzgados de Paz de toda la Comunitat Valenciana.

La titular de Justicia ha remarcado que “la digitalización del patrimonio documental judicial no solo garantiza una mejor conservación de nuestros archivos, sino que también mejora el acceso a la información y facilita el trabajo diario de los profesionales”.

La información que se está digitalizando corresponde a las cuatro secciones en las que se divide cada Registro Civil, es decir, nacimientos, matrimonios, defunciones y tutelas y representaciones legales. El proceso de volcado de datos se hace en orden cronológico inverso, es decir, desde los más nuevos a los más antiguos, con el objetivo de digitalizar hasta un siglo atrás en aquellos tomos donde ha sido posible gracias a la calidad de las inscripciones.

El objetivo de esta actuación de la Conselleria de Justicia y Administración Pública es permitir la implantación del nuevo modelo de Registro Civil en toda la Comunitat Valenciana. 

Asimismo, una vez digitalizados los libros, los archivos se facilitan a la Administración del Estado para que pueda poner en marcha una plataforma digital, denominada DICIREG, que crea un registro individual con todos los documentos de cada persona, y permite el acceso telemático y la tramitación electrónica de los expedientes.

El proyecto de Generación de Estructuras de datos e imágenes de Libros de Registros Civiles en la Comunitat Valenciana se enmarca en los proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), Next Generation EU.

La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha presentado en una sesión informativa el proyecto de decreto que regula la figura del facilitador procesal ante entidades del sector de la discapacidad.

“Con esta sesión informativa hoy damos un paso más en la mejora de la accesibilidad, con el impulso definitivo a la figura del personal facilitador procesal, una figura necesaria y reclamada por las distintas entidades, cuya función y utilidad ha quedado sobradamente probada, pero que sin embargo carece todavía de un marco jurídico”, ha asegurado la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez.

En esta sesión informativa, por parte de la Generalitat, además de la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, han asistido el secretario autonómico de Justicia, José Luis Font; la directora general de Justicia, María José Adalid; el director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia, Francisco Soler; y la directora general de Personas con Discapacidad, Bárbara Congost.

Además, han participado el CERMI, Plena Inclusión CV, la Asociación Valenciana de Fundaciones, la Fundación Aequitas (Oficial mayor del Colegio Notarial de Valencia), Fesord, el Colegio Oficial de Logopedas CV, el Colegio Oficial Psicologia CV, el Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de la Comunitat Valenciana, Col·legi Oficial de Treball Social de València, y el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados

Entre los temas abordados, se ha coincidido en la importancia de la determinación y especialización de los perfiles y la necesidad de proporcionar formación reglada a todas las partes implicadas en el proceso.

Un decreto para avanzar en la tutela judicial efectiva

La Conselleria de Justicia advirtió que alrededor del 6 % de la población valenciana tiene algún tipo de discapacidad y que estas personas encuentran múltiples barreras en ejercicio de sus derechos, en particular por lo que respecta al acceso a la administración de justicia. Por ello, se hace imprescindible contar con la figura del facilitador procesal, porque una justicia accesible ha de contar con un adecuado sistema público de apoyos personales y materiales tal y como se desprende del marco de la Ley 8/2021, de 2 de junio.

La titular de Justicia ha defendido que “en un Estado de derecho es esencial contar con un servicio público de justicia que tutele los derechos y libertades de la ciudadanía. y que además lo haga con eficiencia, agilidad y de forma accesible”.

“El acceso a la justicia en condiciones de igualdad por parte de las personas con discapacidad es un derecho básico que debe garantizarse en una sociedad democrática e igualitaria”, ha añadido la consellera.

En particular, este decreto, que se someterá a consulta pública en el último cuatrimestre de este año, pretende establecer y regular la participación del profesional experto que a modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste necesarias para que las personas con discapacidad que participen en los procesos judiciales que se sustancien ante los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana puedan entender y ser entendidas.

Será de aplicación a todos los procedimientos judiciales que se sustancien ante órganos judiciales con sede en la Comunitat Valenciana, independientemente del orden jurisdiccional y de la fase del procedimiento, en los que participen personas con discapacidad o personas mayores.

En concreto, el profesional experto facilitador es una persona que trabaja, según sea necesario, con el personal del sistema de justicia y las personas con discapacidad para asegurar una comunicación eficaz durante todas las fases de los procedimientos judiciales y que apoya a la persona con discapacidad para que comprenda y tome decisiones informadas, asegurándose de que todo el proceso se explique adecuadamente a través de un lenguaje comprensible y fácil, y de que se proporcionen los ajustes y el apoyo adecuados.

El personal facilitador evaluará el tipo de apoyos necesarios en función de las características de la persona, que se plasmará en un informe en el que, de forma fundamentada, se propondrán los apoyos necesarios para que la persona con discapacidad pueda participar en el proceso en condiciones de igualdad, y la forma de realizarlos. Además, la persona facilitadora se encargará de la puesta en práctica de las adaptaciones o ajustes autorizados por el órgano judicial.

La consellera de Justicia la recordado que “más allá de la voluntad política, hay además una exigencia legal que nos compele a regular esta figura”. Y es que la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica, obliga a las administraciones a adoptar las medidas necesarias para garantizar su participación en condiciones de igualdad.

“Esta exigencia legal y el compromiso del Consell con las personas con discapacidad nos ha llevado a iniciar los trámites para la aprobación de un decreto que regule esta figura, cuyo borrador ya está finalizado y que hoy se ha expuesto ante los colectivos implicados”, ha concluido Martínez.

Hacia una Administración de Justicia más accesible

Uno de los ejes de actuación de la Conselleria de Justicia es garantizar y mejorar la accesibilidad en la administración de justicia, y por ello se han llevado a cabo distintas actuaciones con las que facilitar y garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, como, por la implementación de los servicios de interpretación en lengua de signos y la adaptación de textos a lectura fácil o la eliminación de barreras arquitectónicas en las infraestructuras judiciales

Por otro lado, también se ha impulsado la formación impartida, en colaboración con el CERMI CV, para preparar y sensibilizar al personal al servicio de la administración de justicia de forma que se pueda ofrecer el mejor trato posible a las personas con discapacidad.