«A pesar de que en los últimos años, la recaudación por parte de la Agencia Tributaria va mejorando como consecuencia de la reducción del desempleo, la subida del salario mínimo, la inflación… A finales de 2023, la deuda ascendía a 42.036 millones de euros, un 4% más que en 2022, lo que supone la mitad del gasto público en Educación». Por ello, Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha) aconseja «tomar medidas para ir reduciéndola».

La lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria, que incluye solo a aquellos que deben más de 600.000 euros, arroja un total de 16.238 millones. Desde Gestha señalan que el volumen de la deuda pendiente de cobro es el doble que hace 20 años.

Los técnicos de Gestha informan también que 4.042 millones de las deudas pendientes de cobro, un 9,6%, no son exigibles por estar suspendidas, aplazadas o en procedimiento concursal, mientras permanezcan en esa situación.

Por tanto, el 90,4% de las deudas pendientes de cobro son exigibles, distribuidas en 17.195 millones en período voluntario y 20.799 millones en periodo ejecutivo.

Desahuciados económicos

Igualmente, los expertos de Hacienda califican de «desahuciados económicos» a la mayor parte de los morosos fiscales. Ya que «una buena parte del montante total de la deuda corresponde a personas y sociedades en situación concursal  lo que hace prácticamente imposible recuperar la mayor parte de ella».

Al principio de la lista publicada por Hacienda nos encontramos con sociedades vinculadas al sector inmobiliario. «Debido al pinchazo de la burbuja inmobiliaria, muchas de ellas tenían esas deudas que son difíciles de cobrar», justifica Cruzado.

Este año, el listado incluye novedades «y a las empresas del ladrillo se suman el sector de los carburantes. En concreto, las relacionadas con la trama de defraudación de IVA y el caso  de los Hidrocarburos en el que está involucrado Víctor de Aldama», explica Cruzado.

A juicio del presidente de los técnicos de Hacienda, «el problema de la lista de Hacienda es que mezcla defraudadores fiscales con empresas que han tenido problemas de liquidez». Con lo cual, considera que es importante «separar a los defraudadores de los morosos».

En relación a esta cuestión, matiza que «todos los que están en el listado son deudores pero algunos de ellos son deudores por haber defraudado y otros están en la lista porque han llegado los vencimientos de pago y no los han cumplido».

En este punto, el Consejo General del Poder Judicial advertía en un informe, cuando se aprobó la norma que contenía la publicación de esta lista, que se estaba confundiendo a la ciudadanía incluyendo en la lista a defraudadores y morosos.

Bajo poder disuasorio

Para Cruzado, la «lista de Hacienda tiene un bajo poder disuasorio». Esta tenía como objetivo  conseguir que sociedades y personas intentaran evitar el daño reputacional que puede causarles esta publicación y que pagaran. Sin embargo, «en menor medida -subraya Cruzado- sí que hay empresas y sociedades que lo hacen. Pero muchas otras no, pero incluso hay personas públicas que no parece que les afecte el daño reputacional porque están en la lista durante años como actores o cantantes».

En 2015, cuando se publicó la primera lista, la deuda se redujo los dos o tres siguientes. «Pasados los años, la deuda continúa y siguen apareciendo deudores de una forma reiterada», asegura Cruzado.

Por otra parte, especifica el técnico de Hacienda, hay deudores que cuando se les comunica que se va a publicar la lista que «o reducen la deuda por debajo de los 600.000 euros y ya no aparecen en ella o la cancelan».

Igualmente, aclara Cruzado, «muchos de ellos han sido dados de baja de la lista por insolvencia definitiva». Esto ocurre cuando la Agencia Tributaria considera que ya es imposible cobrarla, después de haber utilizado todos los instrumentos existentes para conseguirlo.

Efecto contrario

El presidente de Gestha razona también que con la publicación de la lista, «se está dando el efecto contrario». «Sobre todo -matiza- con la publicación de esta última, ya que ha visto la luz al final de la campaña de la renta y puede haber ciudadanos que piensen que hay personas y sociedades que, teniendo grandes deudas, no las abonan».

Igualmente, -clarifica Cruzado-, «vemos personas que son relevantes públicamente y que no pagan y, en algunos casos, podemos considerarlas insolventes. Mientras que en los medios de comunicación, se ve que llevan una vida que no se corresponde con esa insolvencia y esto es un efecto negativo».

Y llegó el momento de reclamar

Para solucionar este problema y elevar la recaudación, desde Gestha reivindican la  necesidad  de contar con más medios en la Agencia Tributaria y concretamente en el área de recaudación;  y potenciar la competencia de los técnicos de Hacienda en relación con la recaudación.

Los técnicos de Gestha también reclaman mayor transparencia para conocer la parte de la deuda de la lista morosa que se ha cobrado con anterioridad y que se les facilite todos los detalles de cobros, anulaciones e insolvencias provisionales o definitivas de esta lista.  Recuerdan que en la lista que se publicó en 2024, que correspondía a 2023, solo se cobró el 3,3% de la deuda de la lista.



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