Sin embargo, la inversión en el mercado hotelero no es tan positiva. Según el último informe elaborado por la firma de consultoría CBRE, durante el primer trimestre de 2023 se han registrado compraventas de hoteles por valor de 400 millones de euros, un 59% menos que en el mismo periodo de 2022 y un 22% menos que en el promedio de los primeros trimestres de los últimos cinco años.

Entre enero y marzo, se han vendido un total de 12 hoteles y 1.826 habitaciones, frente a los 39 complejos y 5.475 estancias que lo hicieron durante el primer trimestre del pasado año. “Los fondos institucionales fueron los grandes protagonistas, aunando el 80% del total del volumen transaccionado. Los inversores franceses dominaron el mercado, reuniendo 61% del volumen total”, señala el estudio de CBRE.

¿Cuáles son las razones de la caída en la inversión?

El efecto en el sector inmobiliario de la subida de tipos de interés, que comenzó a ejecutar el Banco Central Europeo (BCE) en marzo de 2022, fue prácticamente inmediato. El aumento de las tasas tiene una correlación en los costes de la financiación y los bonos soberanos de los estados, que se convierten en la rentabilidad mínima exigida por los inversores.

Esto quiere decir que, si un bono español a 10 años renta un 3,5%, un inversor, a priori, no va a comprar un inmueble que le permita obtener una rentabilidad anual del 3%. Estos fondos tampoco van a financiar con préstamos a un tipo del 5% la compra de un activo inmobiliario que le otorgue una rentabilidad inferior, porque los ingresos que obtendrá no servirán para hacer frente al pago de los intereses de la deuda.

En el caso concreto de los hoteles, el retorno que ofrecían durante 2022 era del 4,25% en Madrid y Barcelona y del 5,25% en zonas de costa. Desde el giro en la política monetaria, las rentabilidades han aumentado 50 puntos básicos, lo que las sitúa en el 4,75% en las dos principales ciudades del país y en el 5,75% en el litoral. Este medio punto de aumento de la rentabilidad exigida por los compradores supone una caída en el valor del activo del 10%.

La primera reacción de los propietarios, ante una caída en la valoración de su inmueble, es no vender el activo a menor precio. Por contra, los inversores que quieren comprar exigen descuentos y, este desacuerdo entre potenciales inversores y los dueños de los activos, provoca una paralización en la inversión, a la espera de que la incertidumbre macroeconómica aclare los precios reales. Antonio de la Fuente, managing director del departamento de Corporate Finance de la consultora Colliers, cifró en un 20 % esta diferencia de expectativas de precio durante el reciente Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA).

¿Cuáles han sido las mayores operaciones hoteleras de 2023?

Durante los tres primeros meses del año, dos transacciones coparon el 60 % de toda la inversión hotelera del trimestre: la compraventa del Hotel Dolce Sitges y del Hotel Sofía Barcelona. La mayor operación fue la adquisición por parte de la división inmobiliaria de la aseguradora Axa, junto con el fondo Blasson Property Investments, del Sofía Barcelona a la gestora canadiense Brookfield por 180 millones de euros.

La segunda la protagonizó el fondo francés Perial Asset Management, que compró el Dolce Sitges al norteamericano Angelo Gordon por 63 millones de euros. Perial AM adquirió este complejo de 263 habitaciones a una rentabilidad del 6%, que pasará a estar gestionada por Grupo Hotusa, después de que la nueva propiedad rescindiese el contrato vigente con Wyndham.

El ‘boom’ turístico continuará durante todo 2023

Las previsiones de la consultora Braintrust apuntan que España podría recibir, durante 2023, 85 millones de turistas extranjeros, superando los 83 millones registrados en 2019. El gasto que hacen los viajeros provenientes de fuera de nuestras fronteras también mejorará un 12%, con respecto a 2019, elevándose por encima de los 100.000 millones de euros.

Este aumento en el número de turistas está reflejándose en el precio de las habitaciones de los hoteles, “presentando niveles superiores a los registrados un año atrás y prepandemia”, señala el informe de CBRE. El ADR (precio medio por habitación ocupada) es un 12% superior al del primer trimestre de 2022, mientras el RevPAR (ingreso medio por habitación disponible) ha aumentado un 35% en el último año. Madrid, Barcelona y Canarias encabezan las subidas de precios de los alojamientos.

El plazo para conectar a la red eléctrica un poste de hasta 100 kilovatios (kW) -que permite cargar el 80 % de la batería en 20 minutos- es de 10 a 12 meses. En el caso de los de más de 100 kW, tiempo que necesitan los operadores para conseguir la conexión se va a los 22 meses de media u en algunos casos hasta 36 meses.

A la cola de Europa

La patronal de fabricantes de coches (Anfac) lleva meses reclamando que se agilice el despliegue de la red de recarga del vehículo eléctrico para que despeguen sus ventas. La patronal lamenta que España se está quedando a la cola de Europa en la electrificación del parque de automóviles y subraya que para alcanzar una movilidad cero emisiones se necesita generar un contexto favorable. En este sentido, destaca la evolución del coche eléctrico en Portugal que gracias a las medidas en materia de incentivos fiscales y de impulso a la infraestructura de recarga de acceso público ha experimentado un gran crecimiento en los últimos meses. El 16 % de todos los automóviles que se venden en Portugal es eléctrico puro frente al 4,49 % en España. 

En lo que va de 2003 se han vendido 18.043 coches eléctricos puros en España. En la Comunitat Valenciana se han comercializado entre enero y abril 3.108 automóviles electrificados (eléctricos e híbridos). Desde Anfac se lamenta que al ritmo actual de ventas no se alcanzará el objetivo de 192.000 vehículos eléctricos (puros e híbridos) necesarios para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones para 2023. 

Alta potencia

Del total de puntos de recarga de acceso público de alta potencia (igual o superior a 250 kW) existente, aproximadamente el 85% responde a proyectos de fabricantes de automóviles (de empresa como Tesla con los supercargadores). Según la patronal Anfac, «las dificultades administrativas asociadas al desarrollo de estos proyectos son una de las barreras más importantes en la actualidad. El despliegue de este tipo de infraestructuras de alta potencia, que permite recargas similares a la experiencia de repostaje de un vehículo de combustión interna, es esencial para el desarrollo del vehículo eléctrico y absolutamente prioritaria para la movilidad eléctrica con vehículos pesados para el transporte de mercancías y personas».

En las calles de los municipios valencianos hay 1.278 puntos de recarga y en las carreteras 1.030 (2.308). Los fabricantes lamentan que el problema es que el 80 % de estos puntos públicos son de baja potencia, lo que implica tiempos de recarga mínimos de tres horas.

Ritmo muy lento

José López-Tafall, director general de Anfac, advierte: «Los fabricantes y marcas de automoción estamos liderando el esfuerzo en cumplir con los compromisos con la descarbonización y los objetivos establecidos por la Unión Europa de reducir las emisiones. Sin embargo, los datos registrados en el barómetro de electromovilidad de Anfac de los tres primeros meses del año vuelven a revelar que el ritmo es muy lento y que España se queda atrás. Esta lenta evolución debe revertirse si queremos que la movilidad cero emisiones en el sector de la automoción en España despegue y llegar a ser un hub de la nueva electromovilidad». 

La cuestión se ha vuelto a poner sobre la mesa con Esteve, cuyos orígenes la remontan siete generaciones atrás y que ha empezado a recoger los frutos de sus reformas. La compañía ha dado entrada en Esteve Healthcare a la firma inversora privada alemana Lubea como socio estable, con el 26% del capital y con la posible opción futura de la bolsa, como hicieron en su día Almirall y Reig Jofre. Ahora prevé crecer aún más rápidamente con un buen colchón económico para invertir más en investigación y desarrollo (i+D) y en la producción de fármacos propios para moverse en un sector altamente competitivo y donde la dimensión cuenta. La familia retiene el 100% de Corporación Químico Farmacéutica Esteve, dueña del 50% de Esteve Teijin Healthcare; el 50% de Isdin, que comparten con otro gran grupo familiar de perfumería y cosmética, Puig; y el 15% de Hangzou Jiuyuan Gene Engineering.

Esta estrategia la gestiona Esteve con Staffan Schüberg, un directivo fichado en 2018, procedente de la farmacéutica danesa Lundbeck, que sustituyó en ese cargo a Albert Esteve, miembro de la familia propietaria, quien pasó a ser presidente. Así ningún miembro del clan tiene funciones ejecutivas. El grupo inició en 2016 una profunda remodelación con la incorporación de cuatro independientes en el consejo de administración, luego con la entrada del consejero delegado y, ahora, con la apertura de su capital. Además acaba de fichar a Rodrigo Bonilla, ejecutivo con más de 26 años de experiencia en el negocio, para llevar su filial farmacéutica, centrada en el sistema nervioso central, el dolor oncológico y la oftalmología. 

Comprar “oportunidades”

Durante la presentación del acuerdo con Lubea junto al máximo responsable financiero, José Luis Urbieta, el directivo sueco destacó que el dinero “se dirigirá a comprar oportunidades, a llevar a cabo adquisiciones o fusiones” que les permitan incorporar nuevos fármacos a su negocio. El grupo que engloba toda la actividad de la compañía ingresó 643 millones de euros en 2022 y obtuvo un beneficio antes de impuestos de 99 millones, el triple que el año previo.

Uriach, otra de las industrias farmacéuticas clásicas, está presidida desde 2021 por Lluís Cantarell, procedente de Nestlé, el primer presidente que no forma parte de la familia propietaria, que ha alcanzado la quinta generación. El cambio ya comenzó en 2012, cuando se incorporó Oriol Segarra, un ejecutivo que provenía de la holandesa Synthon Holding, como consejero delegado. La firma se ha volcado en el negocio de autocuidado y la internacionalización. Se desprendió de la división de medicamentos y sus fábricas en las localidades barcelonesas de Sant Fost de Campsentelles y Palau-solità i Plegamans en 2021 y adquirió la firma alemana Sidroga. Prevé alcanzar una facturación de 450-500 millones de euros en 2025, con entre 80 y 100 millones de resultado operativo, con adquisiciones y con su propio crecimiento orgánico. 2021 lo cerró con una facturación de 235 millones, con un aumento del 42%. Las razones principales que explican el alza son la recuperación de la actividad en muchos mercados y la compra de Sidroga.

Ferrer, por su parte, cuenta también con un gestor ajeno a la familia, Mario Rovirosa, y con el heredero del fundador, Sergio Ferrer Salat, como principal accionista, al que acompaña con una parte más pequeña su hermana Beatriz. Se dedica principalmente a la filantropía. De todo lo que gana, el grupo, que decidió focalizarse en los productos propios en el ámbito neurológico y neumológico hospitalario, destina más del 50% a proyectos sociales.

El grupo, con una facturación de más de 560 millones y unos beneficios de unos 15 millones, se ha centrado en los medicamentos de marca, la innovación propia y áreas terapéuticas como la neurología y la neumología. La fundó en 1953 por Carlos Ferrer-Salat junto con su primo Jorge Ferrer Batlle. Ferrer-Salat ocupó la presidencia hasta que falleció en 1998 y Ferrer Batlle se retiró en los 70. La firma ha contado con gestores de primer nivel como Rafael Foguet, máximo ejecutivo durante 31 años, al que siguieron otros como Jordi Ramentol, hasta llegar a Rovirosa, que, tras incorporarse en 2016, ascendió a consejero delegado a los dos años. Procedía de la italiana Chiesi y de Almirall.

Estrategia diferente

A diferencia de la estrategia de otros competidores del mismo sector en Cataluña, Almirall, que cotiza en la bolsa desde 2007, nombró hace un año a Carlos Gallardo, hijo del anterior presidente, Jorge Gallardo, para ocupar el primer puesto ejecutivo. Y con posterioridad le han sumado el de consejero delegado tras la marcha de Gianfranco Nazzi. De esta manera acaban con el relevo constante de consejeros delegados desde 2017: al final un miembro de la familia, de la tercera generación, recobra el mando. Su apuesta es la especialización. Para conseguirlo se apoya en el lanzamiento en Europa del Lebrikizumab, un fármaco en el que ven potencial contra la dermatitis. También destaca las ventas de Ilumetri, medicamento contra la psoriasis que en 2022 supuso por sí solo alrededor del 15% de las ventas de la compañía. Todo ello le lleva a ligar su futuro a la dermatología como fuente de crecimiento. También mantiene abierta la opción de acometer compras.

De hecho, Almirall, que elevó sus ventas el 4,4% en 2022, hasta 870 millones de euros, pero redujo sus beneficios casi el 60% hasta los 33 millones, dio uno de sus grandes saltos en 1997 con la integración de Prodesfarma, fundada por otro de los considerados clásicos del sector farmacéutico, Antoni Vila Casas, quien en 2005 vendió el laboratorio fitoterapéutico Aquilea a Uriach.

En la misma línea, otras farmacéuticas catalanas han optado, como Almirall, porque la familia tome el timón, como los Grego (Leti) y Reig Jofre, al frente de la que está Ignasi Biosca, representante de la tercera generación familiar. Cada una ha diseñado su propio camino para adecuarse a los nuevos tiempos, ganar musculatura y seguir creciendo en un entorno muy competitivo.

Un total de 67.729 viviendas ya se han “movilizado”, el 37% de todas las que van a estar disponibles. De esas más de 67.000,10.411 corresponden al Fondo Social de Vivienda (FSV), 14.000 son de la Sareb y las 43.318 restantes pertenecen a diferentes programas.

El Ejecutivo ha desplegado en la Comunidad de Madrid 15.017 viviendas, la comunidad en la que más proyectos tiene en marcha. La mayoría corresponden a la Operación Campamento, impulsada por la Entidad Estatal de Suelo (Sepes), la empresa pública del Ministerio de Transportes. La segunda es la provincia de Barcelona, con 5.897 pisos, incluyendo los Planes Estatales de Vivienda y el Plan de Recuperación, además de los proyectos de Sepes y los acuerdos con entidades locales.

Luego se sitúan Baleares (2.870), Málaga (2.601), Sevilla (2.200) y Valencia (2.124). Por debajo del millar de pisos entran Granada (879), Vizcaya (868), Cádiz (856), Las Palmas (806), Alicante (685), Zaragoza (644), Santa Cruz de Tenerife (623), Huelva (596) y Asturias (582).

Albacete, Ciudad Real y Cuenca son las únicas provincias de todo el territorio nacional en las que durante toda la legislatura no se ha creado una sola vivienda. Jaén tiene solo seis, mientras Zamora, Teruel, Soria, Palencia, Melilla, Huesca, Castellón, Cantabria o Ávila, no llegan al centenar.

Planes estatales de vivienda

El primer programa en materia residencial de la legislatura fue el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en el que se han puesto en marcha alrededor de 8.504 inmuebles. Una vez concluido, entró en vigor el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, con un presupuesto de 1.700 millones de euros. Por el momento, en este último solo se han ejecutado 568 pisos. A ambos planes habría que sumar 1.244 unidades, ubicadas en Asturias y País Vasco. En total, los planes estatales han puesto en marcha 10.316 viviendas en los últimos cinco años, una media de 2.000 por año.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El siguiente programa en curso es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Hasta el momento, se han firmado, movilizado y/o financiado 14.129 viviendas de las 20.000 que se esperan. Cuenta con un presupuesto de 1.000 millones de euros, con cargo a los fondos europeos Next Generation, de los que las comunidades autónomas han recibido los primeros 500 millones en 2022 y tendrán otros 500 este año.

Estos mil millones de euros han servido para la construcción, en colaboración público-privada, de 1.090 pisos destinados al alquiler asequible en la Comunidad Valenciana, otorgando una subvención de 50.000 euros por vivienda. También la Comunidad de Madrid planea desarrollar vivienda con esta fórmula y ha convocado un concurso para promover casi 2.000 nuevas viviendas de su Plan Vive.

En abril, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que este programa se ampliará en otros 4.000 millones más. En esta ocasión, la gran novedad es que podrán optar a estas subvenciones promotores públicos y privados, siempre y cuando destinen los pisos a alquiler por debajo de los precios de mercado durante un mínimo de 50 años. La patronal del sector inmobiliario ha recibido de forma positiva esta propuesta y está a la espera de conocer los detalles, que aún no han sido desvelados.

Sepes

La Entidad Estatal de Suelo (Sepes) es la otra herramienta del Ejecutivo para impulsar la construcción de vivienda. Por el momento, tiene 15.957 pisos en marcha, en fase de planeamiento o de urbanización, la labor urbanística necesaria antes de que los terrenos sean finalistas y ya se pueda comenzar la construcción. De los casi 16.000, 10.700 corresponden a la antes mencionada Operación Campamento, donde Sepes y el Ayuntamiento de Madrid trabajan de la mano en el desarrollo.

De forma paralela, Pedro Sánchez anunció el pasado mes de abril que Sepes comprará al Ministerio de Defensa más suelos, con la intención de construir 20.000 viviendas adicionales. Sin embargo, estos terrenos aún no son propiedad de la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes y su puesta en servicio será más lenta que los anteriores.

Sareb

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) también forma parte del abanico de medidas en política de vivienda del Gobierno, después de que el Frob tomase el pasado año el control de la más de la mitad del accionariado. En su nuevo plan estratégico, presentado por Sánchez en el Senado en febrero, contempla destinar 51.000 viviendas a alquiler.

Por un lado, Sareb dedicará 14.000 unidades a alquiler social para hogares en situación de vulnerabilidad. Esta labor ha sido encargada a Servihabitat y está en marcha, aunque, por el momento, solo 2.150 familias se están beneficiando. Además, a medio y largo plazo, el ‘banco malo’ planea construir sobre suelos de su propiedad entre 10.000 y 15.000 pisos que se destinarán al alquiler asequible (por debajo de mercado), en colaboración público-privada. Conocido como Plan Viena, este programa está en fase de diseño y verá la luz en un plazo mínimo de tres o cuatro años.

Por último, el Gobierno ha anunciado que las comunidades autónomas y ayuntamientos contarán con cerca de 21.000 inmuebles a su disposición para aumentar su oferta de viviendas, aunque estos deberán ser adquiridos por la administración correspondiente. Estos activos se ubican, principalmente, en el arco Mediterráneo, Castilla La-Mancha, Castilla y León y Galicia.

Fondo Social de Viviendas

El Fondo Social de Vivienda (FSV) es la última de las estrategias del Ejecutivo. Se trata de un convenio firmado entre el Gobierno y algunas de las principales entidades financieras del país, como Banco Sabadell, BBVA, Bankinter, CaixaBank o Banco Santander, para ceder viviendas que se han adjudicado a la administración.

Los beneficiarios, personas que han sido desalojados de su vivienda habitual y están en situación de especial vulnerabilidad social, pagan una renta mensual de entre 150 y 400 euros, nunca superando el 30 % de los ingresos netos totales de la unidad familiar. Transportes explica que ya se han movilizado 10.411 viviendas, con fecha 9 de mayo, pero la página web corporativa del FSV reduce la cifra, indicando que están “gestionando 9.866 viviendas”.

¿Qué necesitan las empresas en la actualidad? ¿La digitalización ha llegado a todos los sectores y tamaños empresariales? ¿Pueden tecnologías como ChatGPT convertirse en aliados para el tejido empresarial español?

Luis Guillén, director de asesoría en Ayuda T Pymes, resuelve las principales cuestiones que más preocupan a los empresarios en el contexto de incertidumbre en el que estamos inmersos.

Qué necesitan las empresas en la actualidad

En su opinión, gran parte de pymes y autónomos buscan una nueva asesoría por el descontento con su asesor anterior. «El descontento casi siempre viene dado por errores o negligencias que han provocado sanciones tributarias», comenta.

Por otra parte, «acuden a nosotros los emprendedores que se quieren dar de alta como autónomo o crear una sociedad. Y lo cierto es que enfrentarse solo a los trámites y papeleos es una locura en un país con tantas exigencias burocráticas como el nuestro».

En general, lo que quieren es buscar el máximo ahorro con los impuestos, y ganar tranquilidad y tiempo para dedicar sus esfuerzos al corazón de sus negocios, y no a las «exigencias continuas» de Hacienda y la Seguridad Social.

¿Y qué hay de tecnologías como ChatGPT? ¿Es la inteligencia artificial el futuro de las empresas? «Antes de la llegada de ChatGPT ya hacíamos uso de la inteligencia artificial en algunos de nuestros procesos, solo que con otras alternativas que llegaron antes. ChatGPT se ha hecho famoso por su accesibilidad a todo el público, incluso entre los particulares, pero en las startups el uso de la IA ya comenzó a ser una oportunidad para mejorar hace varios años y no se dejó a un lado».

La única diferencia «es que ahora esta tecnología es más accesible para empresas que antes no tenían tantos recursos para implementar su uso. Y, por supuesto, que las posibilidades de cómo usar la inteligencia artificial se están multiplicando a cada año que pasa. Hay que dejar claro que ChatGPT muy pronto solo será una opción más entre muchas».

Tendencias y retos actuales

Hay que diferenciar entre los retos coyunturales, como el ciclo económico en que nos encontramos en cada momento, y los retos estructurales, como puede ser la dura y cambiante realidad fiscal de España.

«El ciclo económico actual viene de sufrir muchos vaivenes. Un crecimiento generalizado hasta la pandemia, con una recesión cuando llegaron aquellos dos años de restricciones ligadas a la covid, y una recuperación mejor de la prevista en los años siguientes hasta el presente, a pesar de los acontecimientos en Ucrania», continúa.

Y agrega: «El mercado es dinámico y en cada ciclo surgen nuevas oportunidades. Además, los hábitos de los consumidores sufren un vuelco con cada crisis. Solo aquellas pymes que han sabido adaptarse a la nueva realidad están creciendo más rápido. Por otro lado, está la realidad eterna, que es la enorme presión fiscal del estado. Cada vez hay más nuevos impuestos, más burocracia, más exigencias en las declaraciones de impuestos…».

También, «cambios continuos en leyes de gran afectación, como la última reforma laboral de 2022, o el nuevo sistema de cotización de los autónomos y la subida del SMI en 2023».

Principales servicios

Los servicios principales de Ayuda T Pymes son la asesoría fiscal, laboral y contable, y se dirigen en exclusiva a empresas y autónomos de España. Actualmente, cuentan con más de 15.000 clientes. La mayoría son sociedades con menos de 50 trabajadores, y también muchos autónomos con y sin trabajadores a su cargo.

«Como vimos que, además, nuestros clientes tienen muchas necesidades de naturaleza jurídica, creamos una nueva división legal con abogados mercantiles, laboralistas y tributarios.  Incluso, disponemos de una agencia de marketing en exclusiva para nuestros clientes», comenta a este medio Guillén. Una muestra, sin duda, de cuáles son las necesidades actuales de las pequeñas y medianas empresas españolas.

El de esta asesoría es un ejemplo más de cómo el modelo híbrido es el preferido por encima de los 100% puros online o presencial. «A pesar sus carencias, las asesorías presenciales tienen algo que jamás podrá suplir un servicio online: el cara a cara y el contacto humano. Muchos clientes valoran poder personarse en un momento dado con un asesor, incluso, aunque no sea obligatorio», expresa.

Y añade: «Se trata de una necesidad humana innata, y más cuando se trata de un negocio, que es un bien tan preciado como delicado. Cuesta delegar los trámites y papeleos a alguien cuyo rostro desconoces, por muy eficiente que sea al otro lado de la pantalla. El inconveniente es que una asesoría presencial solo aporta ese valor al cliente: la cercanía. Por ese motivo apostamos por un sistema híbrido que proporcione el máximo valor a través de la tecnología, y de un abanico enorme de recursos humanos que se traduce en especializaciones por sector y en alcance de servicios».

¿Hacia dónde va el sector de la asesoría?

¿Qué les falta a las asesorías en la actualidad? ¿Han entendido bien el proceso de transformación digital tan acuciante para cualquier sector hoy en día? El director de asesoría en Ayuda T Pymes responde: «Gran parte de las 80.000 asesorías existentes a día de hoy van varios pasos detrás en digitalización de los procesos y las comunicaciones. Muchas veces por falta de recursos. Esta carencia desemboca en un problema de eficiencia que no tienen las asesorías online».

Es más, según el directivo, el 85% de estas tienen tan solo uno o dos empleados. Explica que siguen un modelo artesano en cuanto al conocimiento de la materia, que es transmitida entre profesionales o de gerente a aprendiz. De esta manera, con tan poco personal, es difícil estar especializado en un área concreta, y la especialización es una cuestión muy valorada por los emprendedores que quieren dejar su negocio en manos de expertos que comprendan las particularidades fiscales de su sector. No hay dos negocios iguales.

Además, «con pocos asesores se complica mucho llevar más lejos el alcance de los servicios. Y suele ocurrir que antes dudas con un fuerte contenido legal no puedan dar soluciones. Pero claro, no se puede ser asesor fiscal y a la vez abogado mercantil. En consecuencia, ese cliente tiene un motivo más para cambiarse a una asesoría que pueda solucionar todas las necesidades de su negocio».

El 31 de agosto del año pasado, la Junta de Extremadura que preside el socialista Guillermo Fernández Vara aprobó una norma autonómica para regular el aprovechamiento de las minas de litio de la comunidad que garantiza “que las reservas de litio (extremeñas) se exploten, en todo su ciclo, dentro de su territorio”.

El objetivo de la norma es que el beneficio industrial se quede en la región. En términos prácticos significa que el mineral disponible en Extremadura -donde están las minas de litio más grandes de toda la Unión Europea– solo se podrá utilizar para producir baterías en fábricas ubicadas en esta comunidad. Una suerte de proteccionismo regional al que el Gobierno central se opone.

Según defiende el Ejecutivo en la referencia del Consejo de Ministros, reunión que se ha celebrado de forma extraordinaria para disolver las cortes tras la convocatoria de elecciones, las minas se configuran como dominio público y, dentro del dominio público, como dominio público natural, que pertenece “en todo caso” al Estado, al formar parte de la riqueza nacional. “La supeditación de su riqueza al territorio autonómico implica quiebra de las competencias estatales en materia de igualdad de derechos, legislación civil y bases en materia minera y energética, así como del principio de igualdad y del derecho de propiedad“, defiende el Ejecutivo.

Además, afirma que el establecimiento de una obligación al concesionario de que el tratamiento y beneficio del litio se realice en Extremadura supone una “vulneración de la competencia estatal en materia de planificación de la economía, así como con los principios de unidad de mercado, de libertad de empresa y libre competencia.

Y añade que las concesiones mineras se rigen supletoriamente por la normativa de contratos del sector público y, por ello, el establecimiento de una obligación como tal al concesionario implica una vulneración de la competencia estatal en materia de contratación pública, al imponer una obligación que no guarda relación con el objeto del contrato. “Todo ello podría además vulnerar la normativa europea”, agrega.

Unos meses antes de que Fernández Vara aprobase esta norma, la líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, le preguntó si existía algún pacto oculto con la fábrica de baterías que Envision y Acciona han proyectado en Navalmoral de la Mata para que se abasteciera con el litio de Cáceres, pero el presidente de la Junta de Extremadura negó la mayor y aseguró que la fábrica no venía por las minas, sino “porque a esta tierra le ha llegado su hora”.

La Unión Europea prevé que en 2030 se necesitará hasta 18 veces más de litio y 5 veces más de cobalto, y en 2050 una cantidad casi 60 veces mayor de litio y 15 veces mayor de cobalto, en comparación con el suministro actual de la economía de la Unión en su conjunto, para las baterías de los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía.