La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha presentado en una sesión informativa el proyecto de decreto que regula la figura del facilitador procesal ante entidades del sector de la discapacidad.
“Con esta sesión informativa hoy damos un paso más en la mejora de la accesibilidad, con el impulso definitivo a la figura del personal facilitador procesal, una figura necesaria y reclamada por las distintas entidades, cuya función y utilidad ha quedado sobradamente probada, pero que sin embargo carece todavía de un marco jurídico”, ha asegurado la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez.
En esta sesión informativa, por parte de la Generalitat, además de la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, han asistido el secretario autonómico de Justicia, José Luis Font; la directora general de Justicia, María José Adalid; el director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia, Francisco Soler; y la directora general de Personas con Discapacidad, Bárbara Congost.
Además, han participado el CERMI, Plena Inclusión CV, la Asociación Valenciana de Fundaciones, la Fundación Aequitas (Oficial mayor del Colegio Notarial de Valencia), Fesord, el Colegio Oficial de Logopedas CV, el Colegio Oficial Psicologia CV, el Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de la Comunitat Valenciana, Col·legi Oficial de Treball Social de València, y el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados
Entre los temas abordados, se ha coincidido en la importancia de la determinación y especialización de los perfiles y la necesidad de proporcionar formación reglada a todas las partes implicadas en el proceso.
Un decreto para avanzar en la tutela judicial efectiva
La Conselleria de Justicia advirtió que alrededor del 6 % de la población valenciana tiene algún tipo de discapacidad y que estas personas encuentran múltiples barreras en ejercicio de sus derechos, en particular por lo que respecta al acceso a la administración de justicia. Por ello, se hace imprescindible contar con la figura del facilitador procesal, porque una justicia accesible ha de contar con un adecuado sistema público de apoyos personales y materiales tal y como se desprende del marco de la Ley 8/2021, de 2 de junio.
La titular de Justicia ha defendido que “en un Estado de derecho es esencial contar con un servicio público de justicia que tutele los derechos y libertades de la ciudadanía. y que además lo haga con eficiencia, agilidad y de forma accesible”.
“El acceso a la justicia en condiciones de igualdad por parte de las personas con discapacidad es un derecho básico que debe garantizarse en una sociedad democrática e igualitaria”, ha añadido la consellera.
En particular, este decreto, que se someterá a consulta pública en el último cuatrimestre de este año, pretende establecer y regular la participación del profesional experto que a modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste necesarias para que las personas con discapacidad que participen en los procesos judiciales que se sustancien ante los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana puedan entender y ser entendidas.
Será de aplicación a todos los procedimientos judiciales que se sustancien ante órganos judiciales con sede en la Comunitat Valenciana, independientemente del orden jurisdiccional y de la fase del procedimiento, en los que participen personas con discapacidad o personas mayores.
En concreto, el profesional experto facilitador es una persona que trabaja, según sea necesario, con el personal del sistema de justicia y las personas con discapacidad para asegurar una comunicación eficaz durante todas las fases de los procedimientos judiciales y que apoya a la persona con discapacidad para que comprenda y tome decisiones informadas, asegurándose de que todo el proceso se explique adecuadamente a través de un lenguaje comprensible y fácil, y de que se proporcionen los ajustes y el apoyo adecuados.
El personal facilitador evaluará el tipo de apoyos necesarios en función de las características de la persona, que se plasmará en un informe en el que, de forma fundamentada, se propondrán los apoyos necesarios para que la persona con discapacidad pueda participar en el proceso en condiciones de igualdad, y la forma de realizarlos. Además, la persona facilitadora se encargará de la puesta en práctica de las adaptaciones o ajustes autorizados por el órgano judicial.
La consellera de Justicia la recordado que “más allá de la voluntad política, hay además una exigencia legal que nos compele a regular esta figura”. Y es que la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica, obliga a las administraciones a adoptar las medidas necesarias para garantizar su participación en condiciones de igualdad.
“Esta exigencia legal y el compromiso del Consell con las personas con discapacidad nos ha llevado a iniciar los trámites para la aprobación de un decreto que regule esta figura, cuyo borrador ya está finalizado y que hoy se ha expuesto ante los colectivos implicados”, ha concluido Martínez.
Hacia una Administración de Justicia más accesible
Uno de los ejes de actuación de la Conselleria de Justicia es garantizar y mejorar la accesibilidad en la administración de justicia, y por ello se han llevado a cabo distintas actuaciones con las que facilitar y garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, como, por la implementación de los servicios de interpretación en lengua de signos y la adaptación de textos a lectura fácil o la eliminación de barreras arquitectónicas en las infraestructuras judiciales
Por otro lado, también se ha impulsado la formación impartida, en colaboración con el CERMI CV, para preparar y sensibilizar al personal al servicio de la administración de justicia de forma que se pueda ofrecer el mejor trato posible a las personas con discapacidad.