La imputación de Cristóbal Montoro, de sus más cercanos colaboradores en su última etapa al frente del Ministerio de Hacienda y de buena parte … de los responsables del bufete que creó en 2006 no ha sido, ni mucho menos, de la noche al día. El auto del juez Rubén Rus el pasado 19 de junio en el que resumió por primera vez en 12 folios la presunta trama corrupta de amaño de leyes que salpica a Montoro es el fruto de la suma de una década de investigaciones, algunas de ellas fallidas en un primer momento, de denuncias anónimas y de hallazgos casuales.
Según los documentos que obran en la causa 1910/2018, parte de los cuales ha tenido acceso este periódico, el punto clave de la investigación que implica a quien fuera ministro de Aznar entre 2000 y 2004 y de Rajoy entre 2011 y 2018 fue una denuncia anónima. Ese escrito llegó a la Fiscalía Anticorrupción el 13 de marzo de 2017, cuando todavía Montoro era titular de Hacienda y las supuestas influencias de Equipo Económico (EE, el bufete creado por el exministro en 2006 y que supuestamente era usado como ventanilla de peticiones a Hacienda previo pago) estaban en su punto álgido.
«Equipo Económico Sociedad Limitada, creada por Cristóbal Montoro, actual ministro de Hacienda, opera como lobby al que importantes empresas se ven obligadas a contratar para influir en decisiones gubernamentales que repercutirán en su cuenta de resultados. A algunas empresas se les ‘sugiere’ la contratación desde el mismo Gobierno. Otras lo hacen voluntariamente», rezaba literalmente el escrito.
Esa carta, que sirvió de espoleta a Anticorrupción, era muy prolija en detalles y describía ya el modus operandi de esa trama, que el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona considera confirmado más de ocho años después de aquella misiva. El denunciante anónimo detallaba en aquella carta que «representantes» de una conocida constructora habían tenido un «encuentro» con un alto cargo, no imputado, de Montoro para conseguir un «determinado marco regulador» que «implicaba el cambio de leyes».
Ese estrecho colaborador de Montoro, prosigue esa denuncia, «les sugirió que para impulsar sus intenciones sería bueno contratar la asesoría del despacho Equipo Económico S.L.». La empresa finalmente hizo lo que le sugirieron desde Hacienda: «contactó con Equipo Económico» y el exbufete de Montoro les hizo un «informe» por 300.000 euros. Y a partir de ahí, todo rodado con Hacienda.
«Hay malestar en algunas empresas que se han visto entre obligadas e invitadas a encargar informes que no necesitaban», detallaba el anónimo a Anticorrupción. «En este sector, que conozco bien, no será fácil que confiesen los verdaderos motivos para contratar a Equipo Económico, pero si investiga los trabajos realizados comprobará que carecen del valor que aparece en las facturas», abundaba esta persona, que instaba a Fiscalía a solicitar el Modelo 347 de declaración de operaciones con terceros del bufete para comprobar qué empresas supuestamente habían ‘pasado por caja’ para conseguir de Hacienda favores y cambios normativos.
«Como comerciales»
Esa denuncia, en la que se apuntaba que los colaboradores de Montoro en Hacienda parecían «trabajar como comerciales» de EE, había tenido un antecedente con otra carta anónima, de 2013, sobre supuestos favores de Hacienda al Consejo Superior de Cámaras de Comercio gracias a su relación con EE. Pero esa causa había sido archivada en 2019 por un juzgado de Madrid.
Así las cosas, la investigación –según se infiere de los informes judiciales- no terminó de afianzase hasta que en 2017, el juzgado de Tarragona, que investigaba a la gasista Messer Ibérica de Gases por un delito contra la ordenación del territorio, se incautó de manera inesperada de un mail el que un directivo de esta compañía confesaba que había optado por la «vía más directa» para defenderse «en Madrid» de la «discriminación contra nuestro sector»: «pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro». Esa nueva referencia a EE hizo que la fiscal Carmen María García Cerdá firmara la querella original contra el despacho de Montoro el 24 de abril de 2017, cuando éste todavía era ministro.