La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una pena de prisión de tres años y cinco meses, así como a cuatro años y tres meses de inhabilitación para empleo o cargo público, a una funcionaria del Servicio Territorial de Transportes de la Generalitat Valenciana que cobraba a cambio de tramitar tarjetas de transportes para vehículos que no cumplían los requisitos para obtenerlas.

La Sala la considera autora de los delitos de prevaricación, cohecho y un delito continuado de falsedad en documento oficial, para los que aprecia las atenuantes de reparación del daño, confesión y dilaciones indebidas.

Asimismo, el Tribunal acuerda la suspensión de la pena privativa de libertad durante tres años a condición de que la mujer no vuelva a delinquir en dicho periodo y devuelva en plazos mensuales los 17.550 euros que aún debe abonar para hacer frente al decomiso del total de las ganancias obtenidas de forma fraudulenta.

La sentencia considera probado que la condenada, que era jefa de negociado y tenía asignada la tarea de tramitación de los expedientes de concesión de autorizaciones de transporte para vehículos ligeros, pactó con un gestor de Valencia, con el que tenía relación personal y profesional, repartirse beneficios obtenidos con la tramitación y obtención de determinados títulos de transporte.

Dicho gestor -también acusado en este procedimiento pese a que no fue juzgado debido a que falleció con anterioridad a la celebración del juicio- había recibido una solicitud de precios y plazos para la emisión de tarjetas de transporte por parte de otra gestoría ubicada en Melilla.

Esta última había experimentado un aumento considerable de clientes que necesitaban regularizar su actividad con urgencia como consecuencia del incremento de vehículos que trasladaban mercancías desde naves de almacenamiento la ciudad autónoma hasta los pasos fronterizos de Marruecos, donde las cargas eran descargadas y entregadas a porteadores.

Según la resolución judicial, los vehículos de los chóferes de Melilla no cumplían con los requisitos que contemplaba la ley debido a su antigüedad, circunstancia que dificultaba la obtención de una primera tarjeta, que era indispensable para circular, y ampliar después con una tarjeta de transporte adicional, la flota.  

La asesoría de Melilla, al tener de conocimiento de que era más fácil obtener esos documentos en el territorio peninsular, consultó con otras asesorías y solicitó información de precios y plazos de expedición para trasladarlos a sus clientes.

De este modo, contactaron con el gestor de Valencia, quien tras pactar con la condenada la realización de las maquinaciones necesarias para la obtención de las primeras tarjetas de transporte, comunicó a la gestoría de Melilla que podrían tenerlas en un plazo muy breve a cambio del pago de 4.000 euros por unidad. 

De ese dinero, la funcionaria ahora condenada se quedaba con 500 euros por título tramitado y el gestor valenciano, con los restantes 3.500.  La sentencia no ha considerado probado que ni la gestoría de Melilla ni ninguno sus trabajadores tuvieran conocimiento de la ilegalidad de los hechos que ocurrían en Valencia.

A través de este procedimiento fraudulento, la funcionaria encausada tramitó más de 70 títulos entre los meses de junio y julio de 2018, de los que obtuvo unos beneficios de 36.500 euros en total.

Con anterioridad a la celebración del juicio, la mujer consignó en el juzgado 18.000 euros para hacer frente al decomiso de esas ganancias. La sentencia no es firme y se puede recurrir ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La Mesa General de Negociación de personal funcionario, estatutario y laboral, integrada por representantes de la Generalitat y de las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CSIF, ha abordado el nuevo decreto sobre indemnizaciones por servicios extraordinarios.

La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha presidido la reunión de esta mesa, que ha contado con la participación de la secretaria autonómica de Administración Pública, Emilia Selva; de la directora general de Presupuestos, Amparo Haro, y del director general de Función Pública, Javier Lorente.

En concreto, se ha tratado este decreto que supone una mejora en el régimen y sistema de compensaciones por asistencias, tanto a los órganos técnicos de selección, como a los cursos de formación y otras colaboraciones formativas, en la medida en que hasta la fecha se venían calificando como gratificaciones por servicios extraordinarios, cuando, conforme a su naturaleza jurídica, deben quedar incluidas entre los supuestos de indemnización por razón de servicio. De esta forma, la normativa autonómica se alinea con la normativa estatal y con la del resto de comunidades autónomas.

Además, el nuevo documento incluye una mejora del régimen jurídico de las gratificaciones por servicios extraordinarios, con el fin de adecuarlo tanto a los requisitos que anualmente establece la ley de presupuestos, como a lo establecido en el Decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Generalitat.

En cuanto a la gestión, se avanza en la simplificación de la tramitación y justificación de los gastos originados por las comisiones de servicio, manteniendo, no obstante, el necesario control de legalidad del correspondiente gasto.

Durante su intervención, la consellera ha reiterado “el compromiso del Consell de Carlos Mazón con el diálogo social como pilar fundamental de nuestra acción de gobierno”. “Vamos a mantener un canal de comunicación abierto y permanente con los sindicatos. Queremos que el diálogo social sea una herramienta real para la transformación de nuestra administración”, ha manifestado.

“El diálogo social es el camino para construir una Generalitat más moderna, eficiente y comprometida con sus trabajadores. agradecemos el trabajo de los sindicatos y su voluntad de alcanzar acuerdos que beneficien al conjunto de los empleados públicos. nuestro compromiso es claro: negociar con rigor, avanzar con responsabilidad y seguir fortaleciendo nuestra función pública”.

“Estamos convencidos de que, trabajando juntos, administración y sindicatos, podemos construir una función pública más sólida, eficiente y orientada al bienestar de todas y todos”, ha concluido la consellera Martínez.

Estas dispensas corresponden a las organizaciones sindicales con derecho a estar presentes en estas mesas en función de la representatividad obtenida en los correspondientes procesos de elecciones sindicales.

Por su parte, el director general de Función Pública ha destacado el esfuerzo que realiza la Generalitat para hacer posible este acuerdo atendiendo a la voluntad de las organizaciones sindicales de priorizar la ordenación de la acción sindical como uno de los primeros asuntos a desarrollar dentro del acuerdo de legislatura.

La juez de Catarroja que investiga la gestión de la Dana cita a declarar como investigados el 11 de abril a la exconsellera de Interior y al ex secretario autonómico de Emergencias

v  También interrogará como testigos el 14 de abril a la delegada de la Comunidad Valenciana y al presidente de la Diputación, así como el 29 del mismo mes a dos técnicos 

v  La magistrada rechaza pedir datos de los vehículos oficiales utilizados por el presidente de la Generalitat y por sus escoltas el pasado 29 de octubre dada su condición de aforado

Valencia, 17 de marzo de 2025.- La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la Dana del pasado 29 de octubre, ha citado a declarar como investigados el próximo 11 de abril a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé P.T., y al ex secretario autonómico de ese departamento Emilio A.T.

Así consta en una providencia, notificada hoy a las partes, en la que la magistrada también fija el 14 de abril para tomar declaración como testigos a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar B. y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent M.A., y el 29 del mismo mes para hacer lo propio con dos técnicos

Por otro lado, la instructora ha dictado este lunes un auto en el que deniegala solicitud de la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià de requerir datos sobre los vehículos oficiales usados por el presidente de la Generalitat y sus escoltas entre las 8 horas del 29 de octubre y las 8 horas del día siguiente.

La magistrada justifica esta negativa en la condición de aforado del jefe del Consell, por lo que “no es factible” la “realización de diligencias de investigación sobre su actuación”.

Al respecto, la instructora recuerda que el presidente de la Generalitat tiene la condición de aforado, por lo que el juzgado de Instrucción no puede ordenar la práctica de diligencias de investigación sobre su actuación respecto de esta causa.

Igualmente, deniega la misma solicitud de diligencias respecto de la entonces consellera de Emergencias y de su secretario autonómico, pues “no consta que los mismos no se hubieran incorporado a la reunión” del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) “o que dicha incorporación se hubiera efectuado con retraso”, así como con respecto del director y el subdirector general de Emergencias, porque estos dos últimos cargos “no ostentan la condición de investigados”.

Finalmente, en relación con las posibles grabaciones de audio por parte de integrantes de la reunión del Cecopi del día 29 de octubre, considera que deben ser éstos quienes manifiesten si poseen ese material y si “voluntariamente prestan su conformidad” para aportarlas al proceso una vez se les reciba declaración. Tanto la providencia como el auto notificados hoy no son firmes y contra ellos caben recurso.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Valencia, dependiente de la Conselleria de Justicia y Administración Pública, organiza una jornada de puertas abiertas, con el fin de dar a conocer su unidad docente para la formación de médicos especialistas en Medicina Legal y Forense, a aquellos graduados en medicina que desean especializarse en la rama médica específica.

El 26 de marzo a las 9:30 horas, en el aula 2 de formación de la Ciudad de La Justicia (entrada por la puerta del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia, calle Ricardo Muñoz Suay s/n), tendrá lugar la jornada de información sobre la especialidad de Medicina Legal y Forense.

Este Instituto está acreditado como Unidad Docente de esta especialidad, para la formación de una plaza de Médico Interno Residente desde hace tres años, por lo que actualmente ya hay tres residentes en los cursos de primero, segundo y tercero. En dicha jornada se trasladará a los asistentes la información en relación con el programa formativo y se realizará un recorrido por las instalaciones del Instituto de Medicina Legal.

Los interesados pueden escribir al correo electrónico cdocencia_imlv@gva.es

Programa formativo

La especialidad de Medicina Legal y Forense, denominada por el European Council of Legal Medicine como ‘forensic and legal medicine’, es una especialidad médica reconocida en muchos países de la Unión Europea.

La Orden PCM/997/2022 aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Medicina Legal y Forense, los criterios de evaluación de los especialistas en formación y los requisitos de acreditación de las unidades docentes.

El residente cursa un programa formativo de cuatro años. Durante el primer año se realizan rotaciones en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe por diferentes servicios hospitalarios como ginecología, traumatología y psiquiatría, entre otros. El resto de la residencia la realiza en los diferentes servicios y secciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia.

El Servicio de Atención Jurídica de la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas del Ajuntament de Dénia atendió en 2024 un total de 276 usuarias. Desde el servicio se destaca el incremento del uso de este servicio de información jurídica en mujeres de más de 65 años (66 usuarias en 2024), cifra que supera en más de la mitad el segundo y tercer segmento de edad, de 61 a 65 años (32 personas) y de 56 a 60 años (32 usuarias). De hecho, muchas de ellas superan la setentena y están solas, a pesar de que son más activas socialmente. La gran mayoría (86) son pensionistas. Este factor de edad indica una posible vulnerabilidad en relación a sus derechos. No obstante, sí que son conocedoras de los recursos sociales.

Casi la totalidad de las mujeres atendidas tienen nacionalidad española (209), seguidas de lejos por residentes de Ucrania (9), Rumanía (6) y Colombia (6), entre unas veinte diferentes nacionalidades.

En cuanto a las variables sociodemográficas cabe resaltar que el estado civil más habitual es el de mujer con vínculo matrimonial, a pesar de que hay 63 divorciadas y 66 solteras. La gran mayoría, además, tiene entre uno y dos hijos y convive en familia, a pesar de que en 47 de los casos no tienen descendencia y 68 de ellas viven solas. Hay que destacar también que una quincena comparte vivienda.

En cuanto a la educación recibida, 125 han cursado estudios primarios y más de una cincuentena (59) los secundarios. De hecho, solo en un caso se aborda el analfabetismo y en otro se señala que sabe leer y escribir. No obstante, 34 de las usuarias no han informado sobre su nivel de estudios y 32 tienen estudios superiores.

Por lo que se refiere a la actividad laboral, 63 están en el paro sin cobrar subsidio y la mayoría, como se ha dicho, son pensionistas.

Las consultas atendidas por el Servicio de Atención Jurídica durante el año pasado ascienden a 389. Entre ellas destacan como temas más recurrentes los de información jurídica sobre derecho civil (114), asesoramiento en relación a la seguridad social y el paro (82), y formas de acceder a la justicia gratuita. Otras consultas realizadas versan sobre información general sobre separaciones, divorcios, regímenes económicos del matrimonio, parejas de hecho e incumplimiento de resoluciones judiciales. También asesoramiento laboral y temas administrativos, penales y de extranjería.

El Servicio de Atención Jurídica (SAJ) es un servicio de atención, información y orientación individual respecto a cuestiones jurídicas que el Ajuntament de Dénia ofrece gratuitamente, desde la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas, a toda la ciudadanía. El servicio se presta de manera ininterrumpida desde diciembre del año 2000.

El SAJ se ubica en el edificio de Servicios Sociales de la plaza Arxiduc Carles, número 3. El horario de visitas es de 9 a 14 horas, los lunes y miércoles, previa cita concertada en línea a través de la sede electrónica del ayuntamiento.

La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha destacado que “los Tribunales Consuetudinarios representan una fórmula de justicia que debería ser apreciada y reconocida por todos” y ha añadido que “son un tipo de justicia accesible, cercana y absolutamente necesaria para el bienestar de nuestras comunidades. Es nuestro deber reconocer su valor y asegurarnos de que continúen siendo una herramienta de justicia y equidad para las generaciones futuras”.

La consellera ha indicado que “estos tribunales representan un ejemplo de consenso, implicación y responsabilidad con el territorio, valores que forman parte de la identidad del pueblo valenciano y que hoy, más que nunca, debemos reivindicar. En un mundo cada vez más complejo, donde los desafíos sociales, económicos y ambientales se intensifican y se interconectan, es imprescindible una respuesta colectiva, comprometida y responsable por parte de toda la sociedad”.

La consellera de Justicia y Administración Pública ha realizado estas declaraciones en la clausura de las IV Jornadas sobre Tribunales Consuetudinarios Españoles en Orihuela, un acto donde se han abordado los retos de futuro de los Tribunales Consuetudinarios y su situación jurídica en el siglo XXI. 

Al acto también han asistido el alcalde de Orihuela, José Vegara; el secretario autonómico de Relaciones Institucionales, Santiago Lumbreras; la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar; la delegada del Consell en Alicante, Agustina Esteve; la directora general del Agua, Sabina Galindo; el magistrado decano, Mariano José Gómez; el decano del Colegio de Abogados de Orihuela, Manuel Almarcha; la decana del Colegio de Procuradores de Alicante, Pilar Fuentes; el juez privativo de Aguas de Orihuela, José Bernabé; el presidente del Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, Francisco Almenar; el presidente del Tribunal del Rollet de Gràcia de Aldaia, José Bonet, y el presidente del Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia, Diego Frutos.

Martínez ha puesto en valor el trabajo y la implicación de los custodios de esta tradición jurídica, destacando su labor fundamental. En esta línea, ha subrayado que “el esfuerzo y el tiempo que como miembros de estos tribunales dedican para garantizar el respeto de los derechos de los habitantes de sus comunidades no solo merecen reconocimiento, sino también respaldo firme. Este compromiso no debe percibirse como una cuestión del pasado, sino como un pilar fundamental de nuestra sociedad, una fortaleza que debemos preservar y defender”.

“Los Tribunales Consuetudinarios representan una fórmula de justicia que debería ser apreciada y reconocida por todos, no solo como una parte de nuestra tradición, sino como una forma actual y vibrante de resolver problemas reales de las comunidades”, ha concretado.

La Comunitat Valenciana, referencia en tribunales consuetudinarios

La Comunitat Valenciana cuenta con tres tribunales consuetudinarios: el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y el Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de la Huerta de Aldaia. Inmediatez, oralidad y consenso son los rasgos definitorios de este tipo de tribunales.

El Tribunal de las Aguas de la Vega de València es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2009, el Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de la Huerta de Aldaia, es Bien de Relevancia Local Inmaterial, y el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y Pueblos de su Marco, que este año celebra su 750 aniversario y está en proceso de ser declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial (BIC).

El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia es el tribunal consuetudinario más antiguo de Europa y uno de los más emblemáticos del derecho foral valenciano. Se reúne todos los jueves a mediodía en la puerta de los Apóstoles de la Catedral de València, donde resuelve de manera oral y pública los conflictos relacionados con el uso del agua de riego entre los agricultores de la Vega de Valencia. 

El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y Pueblos de su Marco se encarga de la gestión y resolución de conflictos relacionados con el agua de riego en la Vega Baja del Segura, una zona de gran tradición agrícola. Su funcionamiento es similar al del Tribunal de las Aguas de València, basándose en normas consuetudinarias y en la aplicación de la justicia oral. 

Por su parte, el Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de la Huerta de Aldaia resuelve conflictos sobre el uso del agua de riego en la Comunidad de Regantes del Rollet de Gràcia de la Huerta de Aldaia. Su objetivo principal es garantizar un uso justo y pacífico del recurso hídrico entre los agricultores de la zona.

Durante su discurso, Martínez ha señalado que “los Tribunales Consuetudinarios son una piedra angular en la historia de nuestra justicia agraria” y ha defendido su vigencia en la actualidad, asegurando que “debemos recordar que estos tribunales han sido fundamentales para la resolución de conflictos y la gestión de los bienes más preciados de nuestras comunidades como el agua, la tierra y los recursos comunes. Debemos considerarlos como un modelo vivo de justicia, aun plenamente relevante y necesario en la actualidad”. 

“Estos órganos judiciales representan un modelo de justicia adaptada a las realidades y necesidades de las comunidades locales. No se trata de un sistema ajeno a la vida de las personas, sino que es un derecho que nace de la propia comunidad, de su cultura, de su historia y de su modo de vivir”, ha asegurado.