La Fiscalía archiva la investigación sobre el contrato de publicidad de la Diputación de Alicante por falta de indicios de delito

La Fiscalía archiva la investigación sobre el contrato de publicidad de la Diputación de Alicante por falta de indicios de delito


El diputado de Contratación, Juan de Dios Navarro, ha señalado hoy que el archivo por parte de la Fiscalía Anticorrupción de la investigación sobre el contrato de publicidad de la Diputación de Alicante “avala, una vez más, la legalidad del procedimiento”. Navarro exige al grupo Compromís, denunciante en esta causa, una disculpa “por poner en cuestión la profesionalidad de los trabajadores de la casa”.

Los tribunales han avalado la legalidad de los expedientes de planificación y compra de espacios publicitarios en los medios de comunicación de la institución provincial, al descartar indicios de delito o trato de favor de la administración adjudicataria. “La justicia nos ha vuelto a dar la razón en la tramitación de un expediente que ya había sido avalado hasta en cuatro ocasiones por distintos tribunales de la provincia desde el año 2022”, ha puntualizado el responsable provincial.  

Navarro se ha referido así a la investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia del grupo Compromís en la Diputación de Alicante. “Como ha quedado demostrado, los contratos cumplen completamente con la legalidad vigente y así lo han determinado los tribunales de justicia, dos con sentencias del Juzgado de lo Contencioso, dos con resoluciones del Tribunal Especial en Materia de Contratación y ahora la Fiscalía Anticorrupción, que no aprecia indicios de que se haya cometido infracción penal”, ha manifestado el diputado.

 “Es muy grave que se acuse directamente a trabajadores de esta institución de participar en una trama fraudulenta y ahora solo queda que Compromís pida disculpas por haber echado por tierra el trabajo, la honradez y la credibilidad de los técnicos y administrativos de esta institución”.

Navarro ha criticado el acoso político de esta agrupación, y ha recordado, además, que en la última resolución por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales “el señor Ximo Perles, portavoz de la formación, fue condenado a pagar mil euros por temeridad en la imposición del recurso”. 



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La consellera de Justicia visita Xàtiva para conocer mejor el proyecto del nuevo Palacio de Justicia

La consellera de Justicia visita Xàtiva para conocer mejor el proyecto del nuevo Palacio de Justicia


La ciudad de Xàtiva ha recibido este miércoles la visita institucional de la consellera de Justicia y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Nuria Martínez Sanchis, en el marco de la planificación del futuro Palacio de Justicia que se proyecta en el espacio del convento de Santa Clara. Esta visita ha servido para que la consellera conozca de primera mano el espacio donde se plantea la instalación.

La jornada ha comenzado con una reunión técnica celebrada en el Ayuntamiento de Xàtiva entre la consellera y el equipo redactor del anteproyecto del nuevo edificio judicial. En este encuentro, los arquitectos Carlos Campos y Anna Boscà, responsables de la redacción, han podido exponer los criterios de diseño y las principales líneas de actuación, en un proyecto que conjuga la funcionalidad de la actividad judicial con la conservación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico del convento de Santa Clara.

Tras la reunión, la comitiva se ha desplazado hasta el propio convento para visitar el inmueble que albergará en el futuro el nuevo Palacio de Justicia de Xàtiva. Durante el recorrido por las instalaciones se han podido valorar in situ las características estructurales del edificio y sus posibilidades de rehabilitación, así como los espacios susceptibles de intervención para acoger los distintos servicios judiciales.

La consellera Nuria Martínez ha estado acompañada en esta visita por una amplia representación de la Conselleria de Justicia y Administración Pública, integrada por el secretario autonómico de Justicia y Autogobierno, José Luis Font; la directora general de Justicia, María José Adalid; la subdirectora general de Infraestructuras Judiciales, Sara Reyes; la gerente de las sedes judiciales de la provincia de Valencia, Silvia Cremades; el jefe de gabinete de la consellera, Enrique Badimón; y la jefa de prensa del departamento, María Montero.

Por parte del Ayuntamiento de Xàtiva han participado en la visita el alcalde de la ciudad, Roger Cerdà; la primera teniente de alcalde, Amor Amorós; y el concejal de Urbanismo, Ignacio Reig. También ha estado presente el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Marco Sanchis, así como la jueza decana de Xàtiva, Susana Company, quien ha tenido la oportunidad de trasladar de primera mano a las autoridades autonómicas las necesidades actuales de los juzgados y las carencias del edificio que los alberga en la actualidad.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha expresado su satisfacción por la visita y ha definido el proyecto como “fundamental para el presente y el futuro de los servicios públicos en Xàtiva”. “Hace años que reivindicamos una infraestructura judicial adecuada para nuestra ciudad. Los actuales juzgados se encuentran en unas condiciones muy mejorables, y este nuevo Palacio de Justicia no solo solucionará esta situación, sino que además permitirá recuperar para uso público un inmueble patrimonial de primer orden como es el convento de Santa Clara”, ha manifestado Cerdà.

El primer edil también ha apelado a la colaboración institucional como pieza clave para hacer avanzar proyectos de esta envergadura. “El trabajo conjunto entre administraciones, con la aportación de los técnicos y el diálogo político, es lo que nos permitirá hacer realidad un Palacio de Justicia que sea digno, moderno, accesible y sostenible, tal como merecen los profesionales del mundo judicial y la ciudadanía en general”, ha concluido.

El nuevo Palacio de Justicia supone una oportunidad para avanzar hacia un modelo de infraestructuras públicas más eficientes y sostenibles, con criterios de eficiencia energética y aprovechamiento de los recursos existentes. El alcalde ha declarado que “queremos que este edificio sea un ejemplo de cómo conjugar funcionalidad y respeto al patrimonio, de cómo los servicios públicos pueden ser también un motor de rehabilitación urbana y puesta en valor de nuestro entorno histórico”, ha afirmado.



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Drogas Valencia | Caen seis puntos de venta de droga en la Malva-rosa y Vilamarxant con la detención de nueve personas

Drogas Valencia | Caen seis puntos de venta de droga en la Malva-rosa y Vilamarxant con la detención de nueve personas



Agentes de la Policía Nacional han desmantelado seis puntos de venta de droga en la provincia de Valencia, concretamente en el barrio de la Malva-rosa de València y en la localidad de Vilamarxant, y han detenido a nueve personas, cinco mujeres y cuatro hombres, como presuntos integrantes de una organización criminal.



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Torreblanca nombra a José Llombart juez de paz del municipio

Torreblanca nombra a José Llombart juez de paz del municipio


El pleno del Ayuntamiento de Torreblanca ha aprobado el nombramiento de José Llombart Tena como nuevo juez de paz de la localidad con el apoyo de diez votos a favor y tres abstenciones. La alcaldesa, Tania Agut, ha expresado su satisfacción por esta designación, destacando la trayectoria profesional y el compromiso cívico de Llombart Tena quien, tras este nombramiento renueva su tarea en la localidad.

Llombart es un profesional que ya ha estado cuatro años ejerciendo este cargo en Torreblanca. “Su nombramiento como juez de paz es una garantía de imparcialidad y de tener un recurso público necesario para todos los vecinos de Torreblanca”, ha afirmado Agut quien ha dado la enhorabuena en nombre de todos los vecinos de la localidad.

El cargo de juez de paz es fundamental en el sistema judicial español, ya que se encarga de la resolución de conflictos menores y la gestión de otros asuntos judiciales en localidades sin juzgados de primera instancia.

El nombramiento de Llombart Tena se produce tras un proceso de selección que ha contado con la participación de diversos actores locales. Su elección ha sido respaldada por la mayoría del pleno del mes de mayo.



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El Centro de mediación del ICAV aumenta sus solicitudes en más de un 260% tras la entrada en vigor de la nueva ley

El Centro de mediación del ICAV aumenta sus solicitudes en más de un 260% tras la entrada en vigor de la nueva ley


El Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, CMICAV, pasa a denominarse Centro de Mediación-MASC del ICAV (CMMICAV) para adecuarse a la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Desde que se creó en 2012, el CMMICAV se convirtió en un centro de mediación de reconocido prestigio y se consolidó como un referente para otros Colegios de la Abogacía y colegios de otros ámbitos profesionales del resto de España, habiendo atendido un total de 41.698 personas a lo largo de estos años.

La entrada en vigor de la nueva ley 1/2025, el pasado 3 de abril, ha provocado un aumento exponencial en la demanda de los servicios de mediación del ICAV: en solo mes y medio se han presentado 105 solicitudes, lo que representa un incremento mensual superior al 260%. Esto significa cuadruplicar el ritmo de solicitudes de servicios de mediación que se venía dando. Sobre todo, el aumento se ha experimentado en los ámbitos civil, mercantil, familiar y comunitario. Este crecimiento refleja la creciente necesidad de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos.

Ampliación y modernización del Centro de Mediación-MASC

Para adaptarse a la Ley 1/2025 y ampliar su alcance, el Centro de Mediación del ICAV (CMICAV) se ha transformado en el Centro de Mediación-MASC del ICAV (CMMICAV). Con este cambio, el CMMICAV amplía su campo de actuación e incluye otros Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), como la conciliación privada (que se pondrá en funcionamiento el próximo mes de junio) y el derecho colaborativo, y se sigue posicionando como referente en vías alternativas a la judicial para la resolución de conflictos.

El CMMICAV cuenta con instalaciones propias y un equipo de profesionales cualificados que cumplen con todos los requisitos legales, incluyendo acreditaciones y seguros de responsabilidad civil, lo que garantiza un servicio riguroso y transparente. Más de 700 personas mediadoras, abogados y abogadas del ICAV, con formación específica en mediación y con amplia experiencia.

Esta actuación del ICAV confirma su compromiso con una justicia más cercana, ágil y eficaz. La apuesta decidida del Colegio por la mediación y los MASC responde a la firme voluntad de situar a la ciudadanía en el centro del sistema, ofreciéndole vías más accesibles, humanas y eficaces para la resolución de sus conflictos.



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La jueza llama a declarar al Ayuntamiento y al Colegio de Arquitectos por el derrumbe mortal de Peñíscola

La jueza llama a declarar al Ayuntamiento y al Colegio de Arquitectos por el derrumbe mortal de Peñíscola


La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de Vinaròs que investiga la causa abierta por el derrumbe de un edificio de Peñíscola en el que murieron dos personas en 2021 ha dictado la declaración en calidad de investigados de los técnicos del Ayuntamiento de Peñíscola y del Colegio de
Arquitectos de Castellón, a los efectos de depurar posibles responsabilidades penales.

En su auto del 24 de abril, la jueza declara que “la declaración en calidad de investigados de los técnicos del Ayuntamiento de Peñíscola que intervinieron en la concesión de la Licencia de Obras y de Primera Ocupación de la finca resulta una diligencia procesal adecuada, en la medida que resulta necesario determinar si existen indicios suficientes de responsabilidad penal, particularmente en relación con una eventual actuación negligente o contraria al deber de cuidado, o con el desconocimiento o desatención de advertencias relevantes sobre la seguridad estructural del edificio por parte de tales técnicos”.

Por ello, acuerda “efectuar requerimiento al Ayuntamiento de Peñíscola para que aporte al presente procedimiento la Licencia de Primera Ocupación del edificio siniestrado, así como las actuaciones que se llevaron a cabo por parte de los técnicos del Ayuntamiento para la concesión de dicha licencia”.

Asimismo, en el auto “se considera procedente la declaración en calidad de investigado de la persona que firmó el visado del proyecto arquitectónico del edificio” Por lo que, “a tal efecto, deberá recabarse la información correspondiente del Colegio de Arquitectos de Castellón”.

Para la jueza, “esta diligencia resulta fundamental para determinar si efectivamente existió una negligencia grave en la omisión de la advertencia sobre la falta de documentación esencial en el proyecto, así como para esclarecer si el mismo cumplía o no con los requisitos básicos de seguridad estructural”.

También “se deberá requerir al Colegio de Arquitectos de Castellón para que certifique si se verificó que, efectivamente, el proyecto contenía la documentación exigida por las normas de aplicación” añade en su escrito.

Este auto estima el recurso de reforma interpuesto por CP PATIOS FASE V contra la resolución dictada por dicho Juzgado el 8 de enero de 2025 (en la que se acordaba la práctica de determinadas diligencias), y por el que se pedía ampliar las diligencias penales preliminares acordadas con la inclusión del Ayuntamiento de Peñíscola y el Colegio de Arquitectos de Castellón como investigados.

Deficiencias en la estructura del bloque de viviendas

El pasado mes de octubre, la Audiencia Provincial de Castellón ordenó reabrir la investigación por el derrumbe de un edificio de 55 viviendas, producida el 25 de agosto de 2021, y que ocasionó la muerte de dos personas —una mujer de 54 años y un niño de 14— en la urbanización Font Nova en Peñíscola, al considerar prematuro el sobreseimiento provisional de la causa.

La Audiencia Provincial acordó que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs reabriera la investigación y practicase las diligencias solicitadas por las partes, “porque son útiles y pertinentes” para el esclarecimiento de los hechos.

Según el informe de la Conselleria de Vivienda, las causas del derrumbe fueron “una suma de deficiencias y errores en la estructura del bloque”, y concluye que “no se respetaron los criterios establecidos en el proyecto de construcción de este edificio”.

El informe señala que “el principal motivo es que la ejecución de la obra se alejó del proyecto de construcción”. Los ladrillos que se usaron para sostener la estructura eran de peor calidad que los indicados en ese proyecto, los cimientos eran demasiado finos y la cámara sanitaria, que separa el suelo de las zonas habitables, estaba llena de humedades y rebajó hasta un 40% la capacidad de los muros de carga.



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