La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) confirma la condena a dos años de prisión y al pago de una multa impuesta por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia a un hombre por un delito de apropiación indebida, por haberse quedado con más de 140.000 euros de una hermana de la que era el tutor legal.

La Audiencia declaró probado que el acusado dispuso del dinero de la víctima, que se hallaba ingresada en una residencia, en beneficio propio entre los años 2013 y 2019, mediante reintegros en cajeros automáticos, transferencias bancarias y pagos con tarjetas de crédito.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de un juzgado de Primera Instancia en octubre de 2018 por una trabajadora social y la gerente de la residencia y el juzgado acabó revocando al acusado el cargo de tutor de su hermana unos meses más tarde.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV ha desestimado ahora el recurso de apelación del penado y ha ratificado la sentencia del tribunal de instancia al entender que es “totalmente correcta, tanto por lo que se refiere a la valoración que efectúa de la prueba obrante en la causa como con respecto a las consecuencias de índole jurídica que liga a los hechos previamente aceptados como probados”.

La sentencia de apelación puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha resuelto los recursos formulados por la Fiscalía, el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y el empresario Enrique Ortiz contra la sentencia de la Audiencia Provincial alicantina, de 7 de julio de 2021, en la causa relativa a una revisión del PGOU de la ciudad que culminó en 2010.

La Audiencia condenó a Díaz Alperi a una pena de multa de 6.000 euros por delito de cohecho impropio, y a Ortiz a pena de multa de 18.000 euros por delito de cohecho, y absolvió a los otros siete acusados, entre ellos la exalcaldesa de la ciudad Sonia Castedo, por falta de pruebas o prescripción de las infracciones penales.

El Supremo ratifica ahora la condena a Enrique Ortiz, al rechazar su recurso, y absuelve a Díaz Alperi, al estimar parcialmente su recurso y considerar prescrito el mismo, por cuanto el hecho por el que se le había condenado sucedió en agosto de 2008 (regalo de un viaje a Creta) y el procedimiento se dirigió contra él el 1 de octubre de 2012, es decir, transcurrido con creces el plazo legal de prescripción de tres años previsto para el delito de cohecho impropio en la redacción del Código Penal vigente entonces.

Por otro lado, el Supremo desestima el recurso de la Fiscalía contra pronunciamientos absolutorios realizados por la Audiencia Provincial, y recuerda que no resulta viable alteración alguna del relato fáctico contenido en la sentencia de instancia.

Añade que “acertados o erróneos los reproches a la concreción y precisión del escrito de acusación, en especial, respecto a la correlación de cada tipo penal imputado a cada acusado con un concreto apartado del mismo, la sentencia ha valorado todas las pretensiones formuladas por las acusaciones, así como el sustento fáctico de las mismas; y lo ha hecho de forma motivada, con explicación razonada de sus conclusiones. De donde no se quebranta tutela alguna de la acusación; no se emplean fórmulas epistémicas absurdas, ilógicas ni máximas de experiencia inidentificables, mientras que el acierto en esa valoración no es fiscalizable en recurso de casación a través de este motivo, formulado por la acusación contra pronunciamientos absolutorios”.

El Supremo rechaza también el recurso del empresario Enrique Ortiz y confirma su condena por delito de cohecho. El alto tribunal explica al respecto que los hechos probados recogen que en la navidad de 2008, el acusado regaló una chaqueta de la marca “Carolina Herrera” a Sonia Castedo Ramos, en esa fecha alcaldesa de Alicante con motivo de las relaciones establecidas entre él, en su calidad de empresario urbanístico y una parte de las autoridades locales.

El tribunal considera que “existe prueba directa y no discutida del regalo, de su autoría y del carácter de autoridad de la agasajada; y las inferencias de obedecer el mismo a la condición de Alcaldesa y no a las relaciones de amistad, así como su carácter excesivo, por razón de su valor (que determina aunado a la consideración de autoridad de la obsequiada, el elemento finalístico del tipo),  responden a convincentes criterios lógicos y adecuadas máximas de experiencia; en cuya consecuencia, la diversa valoración probatoria que presenta el recurrente, carece de eficacia en esta sede”. 

La Conselleria de Justicia e Interior activará el Observatorio de Seguridad de la Comunitat Valenciana, tal y como ha trasladado este viernes la consellera Elisa Núñez tras un encuentro mantenido con el sindicato de la Policía Nacional JUPOL y la asociación profesional de la Guardia Civil, JUCIL.

La titular de Interior ha explicado que “este observatorio, dependiente de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), nos va a permitir analizar, estudiar y hacer la prospectiva de los datos en materia de seguridad para saber cuáles son los medios que realmente necesitamos”. Al mismo tiempo, Núñez ha solicitado “a la delegada del Gobierno a que inste al señor Marlaska a que dote a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de todos los medios materiales y humanos que necesitamos para poder garantizar la seguridad de todos nuestros ciudadanos”.

Núñez ha informado que en el encuentro mantenido “se ha trasladado la preocupación que tienen los agentes de ambos cuerpos por el aumento de la inseguridad en el ámbito de la Comunidad Valenciana, algo que desde la Conselleria de Justicia e Interior llevamos poniendo de manifiesto desde que tuvimos conocimiento de los datos del Balance Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior correspondiente a 2023”.

La consellera de Interior ha denunciado que “el aumento de delitos como la okupación o el tráfico de drogas”, unido a “la precariedad de los medios materiales y humanos con los que cuentan las fuerzas y cuerpos de seguridad, están llevando a muchos municipios a una situación límite”.

En este sentido, ha relatado que “desde el año 2011 no se han renovado los catálogos de puestos de trabajo. Por tanto, estos no tienen en cuenta los residentes que están sin empadronar ni la presencia de inmigración ilegal, que es ajena a estos registros”. A esto, ha añadido, “se suma la ausencia de medios judiciales”. Núñez también se ha hecho eco del malestar expresado por parte de la asociación JUCIL con “la reorganización que se pretende abordar desde el Ministerio del Interior en la Guardia Civil y que va a suponer la desaparición de 61 puestos auxiliares, principalmente en el interior de la Comunitat Valenciana”.

Impulso del Observatorio de Seguridad

Ante la situación expuesta, Elisa Núñez se ha comprometido “a seguir poniendo a disposición todos los medios que tenemos para poder garantizar el trabajo de nuestros ciudadanos, prueba de ello es la puesta en marcha de la Operación Horta para frenar los robos en el campo y la reactivación del Observatorio de Seguridad Ciudadana”.

Cabe recordar, que este observatorio se creó en 2010, aunque la única actividad registrada en estos 14 años ha sido fue elaboración de una encuesta en materia de seguridad ciudadana elaborada en 2019.

El observatorio está integrado en la AVSRE y entre sus funciones se encuentran las de analizar, estudiar e informar las diferentes cuestiones en materia de seguridad pública que acontezcan en la Comunitat Valenciana, así como formular conclusiones, recomendaciones y propuestas tendentes a mejorar los indicadores en materia de seguridad, gestión de recursos humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, medios técnicos e infraestructuras, además de sobre sistemas de información relacionados con la seguridad.

Medio centenar de personas usuarias han sido atendidas desde la puesta en marcha del servicio Mediaprop de Catarroja el pasado 15 de enero de este año. El servicio municipal, subvencionado por la Generalitat Valenciana, tiene como objetivo es ofrecer al vecindario una vía alternativa a la judicial para solucionar sus conflictos.

«Es importante poder ofrecer un servicio de mediación a la ciudadanía para intentar dar una solución a los conflictos con empatía y poniendo en valor los motivos de los demás para llegar a acuerdos», explica la concejala de Bienestar Social, Núria Blanch.

En total se han iniciado 17 expedientes, ya que el resto de consultas se han solucionado sin necesidad de abrir trámites adicionales. En lo que se refiere a la tipología del conflicto, «ha sido muy variada, destacando los asuntos civiles y mercantiles, sobre los conflictos de familia y comunitarios», informa la concejala, Núria Blanch.

La casuística mayoritaria ha sido relacionada con el ámbito Civil y Mercantil, principalmente sobre discrepancias en materia de arrendamiento de vivienda por resolución de contrato, no renovación del mismo, solicitud de prórroga del contrato, reclamaciones de cantidad, rescate de plan de pensiones, cuestiones laborales, incapacidad familiar, y discrepancias con entidades bancarias por cobros indebidos.

En el ámbito familiar, la mediación se ha centrado en la custodia de hijos, régimen de visitas, patria potestad, pensión de alimento, cuestiones hereditarias, divorcio y reconocimiento de paternidad. Y en el ámbito Comunitario, el servicio ha prestado asistencia en problemas de convivencia, molestias por ruido, propiedad horizontal, gastos de comunidad, problemática vecinal por comportamiento incívico y molestias por olores.

El servicio, ubicado en l’Espai Barraques, no tiene ningún coste para las personas usuarias. El servicio Mediaprop, subvencionado por la Generalitat Valenciana, tiene como finalidad ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de solucionar sus conflictos sin necesidad de acudir al juzgado, mediante la intervención de una persona neutral que atendiendo a los argumentos y reivindicaciones de las partes les ayuda a llegar a un acuerdo.

Además de las personas particulares pueden usar el servicio las entidades, siempre y cuando estén ubicadas en Catarroja. Por otra parte, ha sido importante la campaña de difusión y divulgación que se llevó a cabo durante el mes de diciembre de 2023 y enero 2024 en asociaciones y entidades de la localidad y en el Portal del Comerciante.

En abril, se ha retomado las acciones de difusión a través del Portal Comerciante, contactando con otros sectores del mismo para dar a conocer la existencia del servicio de Mediaprop como herramienta de resolución de conflictos.

La Diputació de València se pone a disposición de los 46 municipios con menos de mil habitantes de la provincia para ayudarles a contratar y ejecutar sus proyectos, muchos de ellos subvencionados con las ayudas de otras administraciones, principalmente de la propia Diputación. Los consistorios han recibido una circular, firmada por la diputada de Asistencia Jurídica y Técnica, Paz Carceller, en la que se ofrece personal de la propia institución para formar parte de las mesas de contratación, en caso de ser necesario.

En palabras de Paz Carceller, “la circular responde a nuestra intención de estar lo más cerca posible de las entidades locales para ayudarles, no solo económicamente, sino en los procesos de tramitación y contratación para que los proyectos y necesidades que ellos nos plantean puedan salir adelante”. Se trata de “un paso más en el trabajo que realiza el área de Asesoramiento Municipal con personal público especializado, que va en la línea marcada por el actual gobierno de la Diputación de no solo incrementar la asignación económica a los municipios sino ayudarles a traducir esa inversión en mejoras reales para los pueblos”.

La mayor proximidad con los ayuntamientos es uno de los ejes de la gestión del gobierno que preside Vicent Mompó, con la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, al frente del área de Cooperación que coordina el principal programa inversor de la Diputación, un Pla Obert con 350 millones de euros para municipios y mancomunidades. La apertura de oficinas comarcales que acercan los servicios de la corporación a los alcaldes y alcaldesas y las continuas jornadas formativas e informativas para explicar los procedimientos y resolver dudas, son algunas de las medidas con las que trabaja el gobierno provincial “para que los pueblos y ciudades puedan aprovechar las subvenciones y no tener que devolver ni un solo euro a la Diputación”.

Mesas de contratación

La circular expone que la Diputación, “en el ejercicio de las funciones de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión, os presta apoyo en la constitución de las mesas de contratación poniendo a vuestra disposición personal de la propia Diputación para que forme parte de dichas mesas, en caso de ser necesario”. El servicio de Asesoramiento Municipal “es consciente de las dificultades que la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público ha ocasionado a las pequeñas entidades locales”, explica la diputada Carceller, consciente de que muchas de esas contrataciones “se financian con subvenciones provenientes de otras Administraciones Públicas”.

En muchas ocasiones, el proceso de contratación “genera un problema de tiempo entre el cumplimiento del plazo de realización o justificación de la actividad o inversión de la subvención y la celebración del contrato, dando lugar al reintegro de la subvención, o en su caso, a la pérdida del derecho al cobro de dicha cantidad”, recoge la circular, que se centra en la formación de las mesas de contratación y ofrece la participación de los técnicos provinciales para ayudar en los procesos.

El personal eventual no puede formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de valoración de las ofertas, y el personal funcionario interino únicamente puede hacerlo cuando no existen funcionarios de carrera suficientemente cualificados y se acredite en el expediente. Estas mesas deben estar formadas por un presidente y un secretario, que deben ser funcionarios de la corporación local, y un mínimo de tres vocales. Ante la dificultad de algunos pueblos y mancomunidades de formar estos órganos, la Diputación ofrece el personal propio.

La solicitud del personal cualificado pueden hacerla los municipios a través de la ‘Carpeta de Ayuntamientos’. Dada la complejidad técnica de algunas licitaciones, especialmente las referidas a obras y concesiones de servicio, se considera conveniente contar con un vocal técnico para verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego. En caso de no disponer de estos técnicos, los consistorios podrán solicitarlo al Servicio de Asesoramiento Municipal de la Diputació de València, al que se podrá consultar cualquier duda que surja durante el expediente de contratación.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado que la Dirección General de Justicia haya decidido extender el uso del programa de gestión procesal ‘Just@cv’, que desde hace más de un año se aplica en los juzgados de Primera Instancia de Castellón, sin resolver previamente los errores y fallos detectados en su implantación.

“Durante estos meses se han reportado numerosos problemas e incidencias en su funcionamiento y, además, esta aplicación informática trabaja con especial lentitud”, han lamentado desde CSIF, que han señalado que, “pese a estas circunstancias y, sin resolver previamente estos fallos, a principios del mes de abril Justicia decidió extender su uso tanto a los Juzgados de lo Contencioso como a los especializados en familia e incapacidades en Castellón, lo que está colapsando el servicio aunque estamos hablando de materias especialmente sensibles”, han alertado desde CSIF.

Entre otras carencias, desde la central sindical han explicado que, “junto a la falta de modelos adecuados para la tramitación de los expedientes, hay un número importante de procedimientos que se tienen que migrar a mano, especialmente los que están archivados y deben reabrirse posteriormente para abordar temas adicionales como regímenes de visitas o pensiones, entre otros, lo que retrasa aún más los procesos”.

En ese sentido, también han alertado de que “otro de los problemas es que no siempre se incorpora toda la documentación cuando se realiza la migración de un procedimiento, por lo que también debe ser incorporada manualmente, o bien se deben cortar y pegar archivos desde otras aplicaciones informáticas, a lo que se suman los bloqueos que sufre el programa durante las notificaciones”.

Por ello, desde CSIF han reclamado que, “además de resolver de manera adecuada los fallos detectados, se migren íntegros al menos todos los expedientes judiciales desde el año 2017, se dote de mayor formación al personal de Justicia en el manejo de esta herramienta informática y se incremente el número de formadores en su uso, ya que actualmente solo hay uno para cada diez personas”.