CIBERESTAFA EN MADRID | La Policía Nacional desarticula un grupo que simulaba ser un banco, avisando de una estafa, para conseguir miles de euros

CIBERESTAFA EN MADRID | La Policía Nacional desarticula un grupo que simulaba ser un banco, avisando de una estafa, para conseguir miles de euros


Jóvenes, con antecedentes relacionados con delitos de estafa y de nacionalidad española. Hay siete detenidos. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado a las estafas informáticas que, aunque operaba por toda España, se asentaban en Madrid y Toledo. Su modus operandi: hacerse pasar por un banco y llamar a sus víctimas alertándolas de una posible estafa, cuando en realidad los estafadores eran ellos. Hay más de 60 víctimas– aunque no se descarta que este número se amplíe- y el fraude supera los 100.000 euros.



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Justicia convoca ayudas destinadas a compensar las actuaciones de los mediadores en los procedimientos de mediación intrajudicial


El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado la convocatoria de ayudas para el ejercicio 2024 ayudas destinadas a compensar las actuaciones de los mediadores en las sesiones informativas y en los procedimientos de mediación intrajudicial realizadas en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

La cuantía destinada a sufragar las actuaciones subvencionables asciende a 14.745 euros. Las subvenciones se abonarán a los mediadores que hayan realizado sesiones en procedimientos de mediación intrajudicial o sesiones informativas sin posterior celebración de un procedimiento de mediación intrajudicial, respecto de la parte o partes que tengan reconocido el derecho a la mediación gratuita.

Para obtener la condición de beneficiarios de estas subvenciones los mediadores deberán haber sido designados por el Centro de Mediación de la Comunitat Valenciana de los sistemas de turnos existentes en las Audiencias Provinciales de la Comunitat Valenciana.

El Centro de Mediación de la Comunitat Valenciana es el órgano competente para la verificación y certificación de las actuaciones de mediación gratuita intrajudicial y de los criterios objetivos para el otorgamiento de la cuantía de la subvención.

Presentación de las solicitudes de subvención

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la finalización del procedimiento de mediación intrajudicial. Asimismo, desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en aquellos casos en los que los procedimientos de mediación intrajudicial hubiesen finalizado en el periodo comprendido entre los días 1 de enero de 2024 y el de la publicación de la presente resolución, ambos inclusive.

Las solicitudes de subvención se presentarán telemáticamente a través del siguiente trámite electrónico de la Conselleria de Justicia e Interior.



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El TS exime a Riba-roja de Túria del pago de 25 millones por la anulación del PAI de Porxinos que preveía 2.700 viviendas

El TS exime a Riba-roja de Túria del pago de 25 millones por la anulación del PAI de Porxinos que preveía 2.700 viviendas


El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que absolvió el pasado año al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria del pago de 25 millones de euros a Litoral del Este por la anulación del programa de actuación integrada (PAI) de Porxinos e impone a la parte recurrente a abonar 2.000 euros en concepto de las costas procesales.

El fallo del alto tribunal ratifica lo que otro auto del TSJ valenciano afirmó en septiembre del pasado año 2023 en el que se eximía al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria a abonar a la citada empresa, constituida en su momento por el equipo del Valencia Club de Fútbol, tras anularse por parte de los tribunales el plan urbanístico a través del cual se pretendía construir una ciudad deportiva, 2.700 viviendas, fincas de 6 alturas y un campo de golf en Porxinos.

La última de las sentencias se remonta a la que el TSJ valenciano emitía en septiembre de 2023 y que eximía al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria del pago al Valencia de 25 millones de euros como indemnización por la anulación del citado programa urbanístico en una zona de alto valor ecológico, incluido actualmente en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Túria.

El Valencia recurrió ante el Tribunal Supremo la sentencia previa del TSJ valenciano pero el alto tribunal “inadmite el trámite” al incumplir las exigencias contenidas en el ordenamiento jurídico al respecto al considerar “falta de fundamentación suficiente de la concurrencia del supuesto contenido en el artículo 88.3 a del LJCA” sin que se haya justificado el presupuesto para que “esta sala deba realizar ninguna matización, precisión o concreción”.

Además, los magistrados ponentes del Tribunal Supremo aducen en su sentencia una “carencia de interés casacional objetivo en los términos en los que ha sido preparado el recurso, dado el marcado casuismo que preside las cuestiones suscitadas, vinculadas a los aspectos circunstanciados del pleito” y, por ello, fija las citadas costas procesales a la parte recurrente en el proceso judicial.
Cabe recordar que el proceso judicial tiene su origen en el convenio urbanístico que se firmó en el año 2005 entre el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria gobernado en aquel momento por el Partido Popular y la empresa que constituyó al respecto por el Valencia Club de Fútbol para aprobar el PAI de Porxinos a cambio de 20 millones de euros que donó a las arcas municipales para acometer diversas obras y proyectos municipales como compensación. Mientras el Partido Popular votó en el pleno a favor del proyecto, tanto el PSPV como Esquerra Unida votaron en contra del mismo.

Sin embargo, las diversas sentencias y fallos judiciales se han encargado de anular todas las actuaciones que se han adoptado al respecto cuyo primer fallo se remonta al año 2013 cuando el Tribunal Superior de Justicia, ratificada posteriormente por el Supremo, declaraba nulos los planes parciales y la homologación del proyecto urbanístico por ausencia de suficientes recursos hídricos y falta de concurrencia y publicidad en el trámite tras una denuncia presentada por la Plataforma Salvem Porxinos.

Los fallos judiciales constatan repetidamente una falta de respeto a las condiciones que imponía la declaración de impacto ambiental respecto del paraje colindante de les Rodanes y, al mismo tiempo, subrayan que la adjudicación de la urbanización que se tramitó en su momento se llevó a cabo “a dedo y sin la oferta pública” como recorre el ordenamiento urbanístico existente al respecto.

La empresa Litoral del Este renunció, también, en el año 2014 a las indemnizaciones económicas por la anulación del PAI a cambio de una posterior tramitación por parte del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria de un nuevo programa urbanístico como así se hizo, pero que, posteriormente, fue rechazado por la Generalitat Valenciana al aducir un importante impacto ambiental. Por ello, el Valencia demandó al Ayuntamiento de Riba-roja a pagar 25 millones de euros como indemnización pero que, sendas sentencias, han avalado la actuación municipal, primero el TSJ valenciano y ahora el Tribunal Supremo.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmado que la sentencia del Tribunal Supremo “entierra definitivamente una época muy oscura del Partido Popular en la que la cultura del pelotazo rápido se imponía como forma de vida pero que gracias a los partidos políticos, entidades ecologistas y la sociedad civil en su conjunto pudimos parar a pesar de tildarnos de anti valencianos pero al final la justicia se ha impuesto ya que aquel plan urbanístico habría destrozado el Valle de Porxinos”.

Raga ha subrayado que el Valencia Club de Fútbol “está por encima de las actuaciones que en su momento realizaron sus dirigentes y que les permitió obtener un pelotazo urbanístico de más de 130 millones de euros a costa de todos nuestros vecinos; por suerte, la cultura del pelotazo y la corrupción están muy lejos de la actuación actual de este ayuntamiento en la que el interés general está por encima de cualquier otro aspecto”.

 

 



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La justicia declara nula la retirada de la Cruz del Ribalta de Castellón

La justicia declara nula la retirada de la Cruz del Ribalta de Castellón


El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Castellón ha declarado nula la retirada de la Cruz del Ribalta de Castellón con una sentencia contra el decreto del Ayuntamiento del anterior equipo de gobierno

El portavoz del actual gobierno de PP y Vox, Vicent Sales, ha afirmado que “siempre dijimos que aquella no era más que una decisión completamente arbitraria y que no se podía amparar bajo ningún fundamento jurídico”.

“De hecho, el propio informe del director general decía que no se podía amparar en la Ley de Memoria Democrática, si no que simplemente, dentro de la autonomía local, el Ayuntamiento podía hacer lo que quisiera a la hora de organizar un jardín como era el del parque Ribalta”, ha argumentado tras la sentencia Sales, quien considera que “la Ley de Memoria Histórica solo fue una excusa arbitraria por parte del PSOE y Compromís para retirar una cruz sin ningún amparo legal”.

Y es que la sentencia no ve un delito contra la libertad religiosa, como alegaban los demandantes, pero sí considera que la actuación municipal se desarrolló con una “errónea interpretación” de la Ley de Memoria, según la cual, considera la sala, no tendría cabida la retirada del lábaro. Así, el problema no sería la retirada de la cruz, sino hacerlo al amparo de esta ley.

Por su parte, la presidenta de VOX Castellón, Llanos Massó, ha expresado que “la Cruz del Ribalta no tenía significación política alguna como todo el mundo sabe, y como lo sabía el Ayuntamiento y lo sabía perfectamente la concejal en aquel momento, Verónica Ruiz. La Cruz fue resignificada y, por tanto, su retirada fue simple y llenamente una decisión política claramente ideológica y sectaria”.

“Ahora veremos de qué forma se restituye este despropósito”, ha señalado la también presidenta de Les Corts tras esta sentencia a raíz de la denuncia de la asociación Abogados Cristianos y del propio Vox.

El debate sobre la Cruz

El Ayuntamiento de PSOE-Compromís-Podem insistió en que lo hacía en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, al constar este homenaje en el catálogo de vestigios de la dictadura franquista, ya que la Cruz de los Caídos de Castellón fue erigida en plena posguerra, instalada en este céntrico parque en el año 1947 para recordar a los caídos del bando franquista.

Sin embargo, los partidos de la derecha argumentaban que el conjunto de la Cruz de los Caídos fue resignificado y desprovisto de símbolos de la dictadura mediante un acuerdo plenario del ayuntamiento de 1979, ya en democracia.

No obstante, desde el consistorio la regidora Verónica Ruiz afirmaba que el monumento “aún provoca confrontación” ya que consideraba que se seguían produciendo exaltaciones del fascismo cada 20 de noviembre, efeméride de la muerte de Francisco Franco.

Sin embargo, la sentencia dirime esta cuestión señalando que “aunque la parte demandada alega que es un punto de encuentro o lugar de concentraciones para exaltar el franquismo en fechas concretas, ello no es motivo suficiente para vincular dicho símbolo como signo de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura, ya que (…) habría que valorar la existencia de elemento objetivo de la cruz, como seria la inscripción de personas fallecidas o inscripción sobre la cruz, símbolos que en el presente caso no existen”.

Actualmente, el lábaro descansa tras su traslado en la iglesia de Santo Tomás de Villanueva de Rafalafena y el espacio que ocupaba ha recuperado el jardín original de 1926.



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Interior nombra a Carlos Gajero nuevo jefe superior de Policía Nacional de la Comunitat Valenciana

Interior nombra a Carlos Gajero nuevo jefe superior de Policía Nacional de la Comunitat Valenciana



El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha nombrado este lunes, a propuesta del director general de la Policía, Francisco Pardo, al comisario principal Carlos Gajero Grande como nuevo jefe superior de la Comunitat Valenciana.



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La Guardia Civil investiga un ciberataque a bases de datos de la DGT

La Guardia Civil investiga un ciberataque a bases de datos de la DGT



En unos días se conocerá el alcance del ciberataque del que han sido objeto los archivos informáticos de la Dirección General de Tráfico, Dirección General de Tráfico (DGT) aseguran fuentes de ese departamento dependiente del Ministerio del Interior, después de que este viernes haya trascendido el incidente. La DGT ha pedido al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil que se haga cargo de la investigación de un incidente que hasta ahora se certifica oficialmente solo como un asalto, sin dar más detalles de su alcance.



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