Asesinato cura canónigo València | La policía halla ADN de dos desconocidos en el crimen del cura pero ni un solo vestigio del acusado

Asesinato cura canónigo València | La policía halla ADN de dos desconocidos en el crimen del cura pero ni un solo vestigio del acusado



Una treintena de muestras de ADN analizadas y ninguna contiene el perfil genético de Miguel V. N., el único detenido y acusado por el crimen del canónigo emérito de la catedral de València, Alfonso López Benito, hallado muerto asfixiado y vestido solo con un calzoncillo en su cama del piso del Arzobispado de València, en el número 22 de la calle Avellanas, en pleno corazón de la ciudad y a dos pasos de la sede episcopal valenciana, en la mañana del 23 de enero de este año. Pese a la elevada cantidad de muestras, los agentes del laboratorio de ADN de la brigada de Policía Científica de València no han encontrado ninguna prueba biológica del único sospechoso en el escenario del crimen.



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La justicia anula el cese de una enfermera de Vila Joiosa por criticar la falta de medios frente al covid

La justicia anula el cese de una enfermera de Vila Joiosa por criticar la falta de medios frente al covid


El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha anulado en una sentencia la sanción y el cese de una enfermera que criticó en su cuenta de una red social la falta de medios en el Hospital Marina Baixa durante la tercera ola de la pandemia por Covid-19.

El magistrado entiende que las manifestaciones de la sanitaria, de las que se hicieron eco un periódico y una cadena de televisión, no infringieron en modo alguno el estatuto que rige al personal de los servicios de salud.

En cambio, el juez sí aprecia una posible vulneración en materia de protección de datos personales por parte de responsables de la Conselleria de Sanidad al incorporar al expediente disciplinario datos personales de pacientes, algunos de ellos fallecidos.

Es por ello que acuerda deducir testimonio de la sentencia y del expediente administrativo y ponerlos en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos.

Los hechos se remontan a enero de 2021, cuando la enfermera, que era personal eventual adscrito a un centro de salud, publicó en su perfil de Facebook un mensaje donde afirmaba, entre otras cosas, que durante su turno de noche en una planta del Hospital Comarcal de La Marina Baixa, ubicado en La Vila Joiosa, habían muerto dos personas “por no haber más sitio en UCI y poder intubarlos”.

A raíz de esas manifestaciones, en septiembre de 2022, la Dirección General de la Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad le impuso una sanción de dos años de suspensión de funciones por una falta muy grave.

Esa decisión fue confirmada con posterioridad, en noviembre de ese año, por el subsecretario de la Conselleria, que desestimó un recurso de reposición de la sancionada, la cual cesó en su puesto de trabajo finalmente por orden de la Administración el 10 de octubre de 2023.

La Conselleria entendía que la profesional había infringido un artículo del Estatuto Marco que regula al personal estatutario de los servicios de salud, que sanciona el quebranto de la debida reserva sobre datos relativos al centro o institución o a la intimidad personal de los usuarios y a la información relacionada con su proceso y estancia en las instituciones o centros sanitarios.

Sin embargo, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Alicante ha concluido que los hechos que la Administración trataba de imputar a la expedientada “no han quedado ni tan siquiera mínimamente acreditados” y no son constitutivos de infracción.

Según se recoge en la sentencia, que puede ser recurrida en apelación, la enfermera realizó unos comentarios “a título exclusivamente personal”, derivado de que ella misma “estaba presenciando en primera persona el sentimiento común de la sociedad de miedo (…) y tristeza y agotamiento, pero sin aportar ningún dato personal de nadie”.

Además, la profesional tenía una proyección pública “irrelevante”, ya que no era ni una “influencer conocida” ni tenía un número importante de seguidores que permitan hablar de una “difusión notable” de su mensaje, sino que éste se amplificó por la publicación de un periódico provincial y de un programa de una televisión nacional, precisa la resolución.

En definitiva, a juicio del magistrado, la profesional solo utilizó sus redes sociales “a modo de descargo” y sus comentarios “no revelaron secreto alguno” ni dieron datos o información falsa sobre el funcionamiento de los servicios del hospital.

En cualquier caso, y ante la insistencia de la Administración en la falsedad de la información, el juez recuerda que no es función de ésta determinar “la verdad absoluta de las declaraciones que puedan hacer sus empleados” y para ello existen fórmulas “mucho más efectivas”, como emitir un comunicado o una nota de prensa, “antes de abrir un expediente disciplinario”.

El juzgador acuerda por otro lado en su resolución poner en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos una posible infracción de la legislación en esta materia, que atribuye a la instructora y al resto de responsables del expediente disciplinario, por incorporar en ese documento datos sanitarios especialmente protegidos de más de medio centenar de pacientes, algunos de ellos fallecidos, sin que conste el permiso expreso de éstos o de sus familiares.

“Estamos ante la mayor filtración y difusión de datos personales y médicos que este juzgado ha conocido jamás. Se trata de datos que era absolutamente innecesario traer al expediente disciplinario, o bien hubieran podido ser aportados debidamente anonimizados, pero sobre todo que han salido del ámbito de la Administración y se han hecho públicos por decisión personal de la instructora del expediente”, señala el juez.



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autogobierno y señas de identidad


El Consell ha aprobado la renovación de la colaboración en materia de Derecho Civil Valenciano y promoción del autogobierno entre la Generalitat y el Decanato Autonómico del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles en la Comunitat Valenciana y el Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía.

El trabajo conjunto se orienta a propuestas relacionadas con el desarrollo del Estatuto de Autonomía, la difusión y la divulgación del Derecho Foral Civil Valenciano, la promoción y la consolidación del autogobierno y las señas de identidad del pueblo valenciano durante el ejercicio 2024, actuaciones que contarán con una financiación de 5.000 euros para cada entidad.

La colaboración incluye acciones de divulgación, formación, difusión y promoción a través de jornadas, charlas, seminarios, cursos y exposiciones, así como la edición de publicaciones o material audiovisual.



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CSIF plantea a la nueva consellera una apuesta decidida por la Administración de Justicia y le pide una reunión urgente


El sindicato CSIF felicita a la nueva consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, por su nombramiento y espera que afronte con determinación los problemas de este ámbito para mejorar las condiciones de sus trabajadores y las prestaciones a la ciudadanía. Con esa intención la central sindical solicitará de inmediato una reunión urgente con ella.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que en este primer año transcurrido del actual Consell ha faltado decisión para abordar cuestiones como refuerzo de órganos judiciales, solucionar las deficiencias de infraestructuras o incrementar el complemento autonómico de los funcionarios de Justicia, que se halla a la cola del conjunto de España.

CSIF propone una cita con la mayor brevedad y con la finalidad de “tratar lo antes posible los problemas de esta Administración, bien por no haberles dado nunca solución, bien por ser proyectos inacabados del anterior Consell o bien por no haber sido resuelto por el equipo que ha dirigido Conselleria en el último año pese a manifestar su voluntad de hacerlo”.

La central sindical considera que el cambio de titular al frente de Conselleria de Justicia e Interior supone una “oportunidad” para llevar a cabo “una apuesta decidida y valiente por una mejora de la Administración de Justicia en la Comunidad Valenciana”. En ese sentido traslada a la nueva consellera, como sindicato con más representación en la Mesa General de Negociación I de la Generalitat, su predisposición al diálogo y a negociar todas las cuestiones que incidan en una mejora del servicio público a la ciudadanía.

CSIF, en esta línea, subraya como fundamental la creación de más infraestructuras judiciales “atendiendo a las necesidades reales y no a criterios políticos y ejecutando los plazos, ya que en la actualidad la planificación de numerosos palacios de justicia lleva años de retraso respecto a la previsión inicial”.

La central sindical propone que “en cada partido judicial exista un juzgado de violencia sobre la mujer con el fin de ofrecer a la víctima una justicia de proximidad, así como al resto de las partes y de profesionales que intervienen en estos procesos”.

CSIF, del mismo modo, también plantea la reversión de la “provincialización de los juzgados de lo penal para volver a establecer juzgados penales en los diferentes partidos judiciales con el fin de acercar la Justicia a la ciudadanía y evitar desplazamientos largos e innecesarios”.

El sindicato quiere explicar igualmente a la nueva titular de Conselleria de Justicia la necesidad de mejorar las condiciones de sus funcionarios. En este sentido pedirá “la equiparación del complemento específico/autonómico a la medida nacional, dado que en la actualidad la Comunidad Valenciana se encuentra a la cola del conjunto de España en este sentido”.



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Prisión para un hombre que accedió a la casa de su expareja, rompió muebles y agredió a un guardia civil en Vinaròs


La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a dos años de prisión a un hombre que entró sin permiso en la casa de su exmujer, de la que tenía una orden de alejamiento, rompió varios enseres, empujó y amenazó de muerte a la víctima y agredió a uno de los dos guardias civiles que acudieron a detenerle.

La Sala le considera autor de los delitos de quebrantamiento de medida cautelar en concurso con un delito de allanamiento de morada y delitos de violencia de género, amenazas en el ámbito de la violencia de género, atentado, continuado de daños y un delito leve de lesiones.

Para el delito de allanamiento, el Tribunal contempla la agravante de género y para todos los demás, las atenuantes de drogadicción y reparación del daño.

Los hechos sucedieron el 25 de diciembre de 2022 en un municipio de la comarca castellonense del Baix Maestrat, donde residía la víctima con su hija menor.

Según relata la sentencia, el procesado, que tenía prohibido acercarse a la mujer y comunicarse con ella desde el mes de octubre de ese año, en virtud de una orden emitida por un juzgado de Vinaròs, acudió a la vivienda de la víctima después de haber consumido drogas.

Una vez allí, rompió la puerta de entrada al edificio con un palo de madera y subió hasta el piso de ella, en la segunda planta, donde volvió a golpear la puerta, hasta que su expareja le abrió. En ese momento, la empujó y accedió al inmueble en contra de la voluntad de la moradora.   

La sentencia detalla que el penado actuó de esta forma con la intención de dejar patente su sentimiento de superioridad frente a su ex compañera sentimental porque no aceptaba la ruptura matrimonial, al “considerarla un objeto de su propiedad que debía estar sometida a su voluntad, para demostrar quién mandaba y dominaba la situación”.

Cuando el hombre entró en la casa, rompió las cosas que se encontró a su paso como una lámpara, unos cuadros o un espejo y se dirigió a la víctima con expresiones del tipo “eres una puta, te voy a matar”.

Tras su arresto, durante el traslado a las dependencias de la Policía Local, el detenido forcejeó con uno de los agentes de la Guardia Civil que le custodiaban. Ambos cayeron al suelo y el guardia acabó lesionado en una rodilla.

La vista de la causa, seguida por el procedimiento de tribunal de jurado, se celebró el pasado 30 de abril. Durante la comparecencia, el Ministerio Fiscal, las acusaciones particulares y la defensa del procesado formularon una calificación conjunta respecto de los hechos, su tipificación delictiva y las penas a imponer.

De este modo, la Sección Primera de la Audiencia, tras confirmar la legalidad del acuerdo, dictó sentencia condenatoria según los términos que establecieron las partes.

El fallo acuerda para el penado la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse con las víctimas, su expareja y la hija menor de ésta, durante tres años.

Para garantizar el cumplimiento de la condena y las medidas, la sentencia establece que se instale al reo un dispositivo telemático de detección de proximidad.

El condenado, que consignó el importe íntegro de la responsabilidad civil, indemnizará al agente que lesionó con 680 euros, a la dueña de la vivienda con 350 euros por los daños producidos en el interior de la casa y a la comunidad de propietarios del edificio con más de 90 euros por los daños correspondientes en la puerta del acceso a la finca. La sentencia es firme y no se puede recurrir.



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Justicia y la Universidad Cardenal Herrera-CEU firman un convenio sobre atención a las víctimas y acceso a la justicia

Justicia y la Universidad Cardenal Herrera-CEU firman un convenio sobre atención a las víctimas y acceso a la justicia


La consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, ha firmado un convenio con el rector de la Universidad CEU San Pablo, Higinio Marín Pedreño, para el desarrollo de actividades relacionadas con la atención a víctimas y acceso a la justicia, por un importe total de 42.000 euros.

El convenio tiene como objetivo el desarrollo de acciones de investigación, información, formación y difusión en materia de asistencia jurídica gratuita, asistencia a las víctimas del delito, ayudas a las víctimas del terrorismo, colegios profesionales, uniones de hecho, fundaciones, asociaciones, registros y notariado y la relación con la profesión titulada de Gestor Administrativo.

Elisa Núñez ha explicado que “la colaboración entre la conselleria y las instituciones académicas es vital para ofrecer una justicia que sea no sólo accesible, sino también eficiente y de la más alta calidad”.

En este sentido, “estas iniciativas formativas y de investigación permitirán a los profesionales del derecho adquirir y actualizar sus conocimientos de manera continua. Esto es indispensable para asegurar que las víctimas, a quienes queremos situar en el centro del sistema, reciban el apoyo y la protección que merecen”, ha destacado la consellera de Justicia.



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