La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha destacado la labor que desarrollan los registros de la propiedad y mercantiles para salvaguardar la propiedad privada y garantizar los derechos de las personas.

Durante el acto de clausura del curso académico 2024-2025 de la Cátedra de ´Derecho inmobiliario registral Bienvenido Oliver´, la consellera ha defendido además que “en momentos de incertidumbre, es vital ofrecer certeza y protección a familias y empresas, y facilitar la resolución de conflictos y litigios, ya sea sobre titularidades, linderos o cargas o, como desgraciadamente ocurre en la actualidad, sobre ocupaciones y embargos”.

De igual modo, Nuria Martínez ha explicado que “el derecho inmobiliario registral no es ajeno a la transformación y modernización de la arquitectura jurídica, pues se está adaptando a las necesidades de una sociedad más conectada y digitalizada”.

La Conselleria de Justicia y Administración Pública es sensible a la necesidad de modernizar y transformar la justicia e implementar para ello herramientas que faciliten y mejoren la interacción de los usuarios, también la labor de los registradores para agilizar la realización de trámite.

“Este es uno de nuestros mayores retos a los que se enfrenta la Justicia y la Administración en general; la transformación hacia un modelo más eficiente, ágil, cercano y accesible”, ha asegurado Martínez.

En este sentido, la Conselleria está desplegando Just@, el nuevo sistema de gestión procesal para los juzgados y tribunales de la Comunitat Valenciana, que se complementa con un Sistema de Interconexión de Registros que permitirá el intercambio digital de documentación en las comunicaciones con entes públicos.

“Esta nueva funcionalidad que ponemos a disposición de los registros, para supuestos como la comunicación de titularidades o embargos, redundará en una mayor rapidez y eficiencia, aportando una mayor seguridad jurídica a los operadores”, ha explicado la titular de Justicia. “Conseguir una mayor agilidad, una mayor eficacia y seguridad jurídica en todos los ámbitos de la economía, la administración o la justicia, es una tarea que nos compete a toda la sociedad en conjunto”, ha remarcado.

Por último, la titular de Justicia ha reconocido el impacto de la Cátedra de ´Derecho inmobiliario registral Bienvenido Oliver´, “que es fundamental para profundizar en el conocimiento, en la innovación y en la transferencia a la sociedad de todo este saber y cuyo objeto es de gran relevancia para la sociedad y la economía española, en cuanto que garantiza la seguridad jurídica en ámbitos tan importantes de la vida económica y personal de familias y empresas, como es el de la propiedad y la transmisión de bienes inmuebles”.

El crimen del canónigo ya tiene calificación fiscal, lo que sitúa el caso a un paso del cierre de la instrucción y de su envío a la sala del jurado de la Audiencia de València para que señale fecha de juicio. De momento, el escrito provisional del fiscal del caso, Antonio Gastaldi, en el que reclama 28 años de cárcel por tres delitos –asesinato, robo con violencia y estafa– para el único imputado que queda en la causa, Miguel Tomás, V. N., en prisión desde que sucedieron los hechos, recoge varios puntos de especial relevancia para la resolución final del caso. 

La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha iniciado las obras para la reparación de las fachadas del Palacio de Justicia de Benalúa de Alicante, cuya inversión asciende a 135.182 euros en 2025. 

El objetivo es acometer los trabajos de rehabilitación parcial de las fachadas de dos de los edificios que forman el Palacio de Justicia de Benalúa, en las que se están desprendiendo los aplacados del zócalo y algunos revestimientos de las jambas de las ventanas.

La sede judicial, situada en la Avenida Aguilera nº 53 de Alicante, alberga diversos órganos judiciales, como el Juzgado de 1ª Instancia nº 7, Juzgado de Instrucción de 1 al 9, así como varios Juzgados de lo Penal, de Violencia Sobre la Mujer y de Menores.

La actuación en fachada consiste en retirar el aplacado existente, y sustituirlo por otro nuevo, empleando un anclaje mecánico, además del pegado de las piezas al cerramiento de fachada, que impida el desprendimiento del revestimiento en un futuro. La intervención prevé una superficie total de aplacado de 375 metros cuadrados.

Los trabajos que se van a realizar en la fachada no interferirán en el normal funcionamiento de la sede judicial. 

Esta intervención forma parte del compromiso de la Generalitat con la modernización del parque inmobiliario judicial de la Comunitat Valenciana. La mejora de las infraestructuras judiciales es un objetivo prioritario, orientado a ofrecer a la ciudadanía y a los profesionales del ámbito judicial espacios más seguros, accesibles y eficientes.