Las tres juezas de la 73ª Promoción de la Escuela Judicial destinadas a la Comunidad Valenciana han prometido o jurado hoy sus cargos ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

Las nuevas juezas, Celia Vera, Lucía Arribas y Teresa Molla, se encuentran en situación de expectativa de destino pero han sido adscritas provisionalmente al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Valencia y a los juzgados de Primera Instancia e Instrucción 4 de Xàtiva y 3 de Sueca, respectivamente.

El acto se ha celebrado este jueves en la Ciudad de la Justicia de Valencia y ha estado presidido por el presidente en funciones del TSJ de la Comunidad Valenciana, Manuel Baeza.

A él han asistido la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, junto a responsables de su departamento, así como miembros de la judicatura, la Fiscalía, letrados de la Administración de Justicia y colegios profesionales.

El presidente en funciones del TSJCV, que preside a su vez la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la institución, ha recordado a las integrantes de la última promoción de la carrera judicial que son “una de las piezas angulares” de la Administración de Justicia y que de ellas depende en gran parte “el prestigio de la jurisdicción valenciana”.

Manuel Baeza ha aludido también a la “infradotación de recursos” y la “precariedad de los medios materiales y personales” con que trabajan los juzgados y tribunales y ha emplazado a las nuevas juezas a “hacer siempre lo correcto” con “independencia profesional frente a todo y frente a todos”.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha destacado este lunes que el Tribunal de Marcas de la Unión Europea, ubicado en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, “ha contribuido decisivamente a reforzar la especialización de la abogacía alicantina en la protección de la propiedad intelectual y de los diseños en el marco de la UE”. El primer edil ha acompañado a la consellera de Justicia, Nuria Martínez, durante la presentación del nuevo proyecto del Tribunal de Marcas, que se ubicará en la calle Pardo Jimeno tras una inversión de 3,3 millones de euros por parte de la Generalitat Valenciana. “Alicante se ha convertido en un referente mundial en la defensa de la propiedad intelectual, gracias a la Euipo y al Tribunal de Marcas”, ha subrayado el alcalde.

Barcala y Nuria Martínez han realizado en primer lugar una visita a la sede provisional de los juzgados de lo Mercantil de Alicante, en el número 26 de la calle Alona, donde la titular de Justicia ha presentado el nuevo proyecto del Tribunal de Marcas de la UE que se instalará en el barrio de Benalúa y que es el único órgano jurisdiccional con competencia en todo el territorio nacional que no tiene su sede en Madrid. El futuro tribunal contará con dos salas de vista dotadas de traducción simultánea, biblioteca, sala de reuniones, seis despachos para jueces y letrados y oficina judicial.

“Un proyecto primordial y fundamental para una ciudad como la de Alicante, vinculada a la protección de la propiedad industrial e intelectual y al Tribunal de la Marca Europea”, ha destacado, por su parte, la consellera de Justicia, Nuria Martínez. “A partir de hoy se inicia un trámite que confiamos que vea la luz a finales de 2026 para que Alicante y toda la Comunitat Valenciana sigan siendo un referente en una materia tan importante como el derecho de marcas y la propiedad intelectual en el territorio de la UE”, ha añadido.

La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha asistido a la tercera reunión del Observatorio de la Justicia del Ilustre Colegio de Abogados de Elche (OJICAE), donde ha traslada su compromiso de “trabajar para que la Comunitat Valenciana tenga una administración del siglo XXI, adaptada a los cambios sociales y tecnológicos, que sea eficiente, ágil, cercana, innovadora y orientada al servicio a la ciudadanía”. 

En su intervención, Nuria Martínez ha señalado que este Observatorio “es un claro ejemplo de que la escucha activa y el diálogo son fundamentales para el buen funcionamiento de la administración, por eso hay que apoyar y poner en valor iniciativas como esta, que pretende sumar voluntades y esfuerzos para mejorar un servicio público como es el de la Administración de Justicia que tanto preocupa a los profesionales de la abogacía y a los ciudadanos”. 

Asimismo, la titular de Justicia ha destacado el trabajo y el talante innovador del Ilustre Colegio de Abogados de Elche, que ha impulsado este foro y ha destacado también el buen hacer de los operadores jurídicos ilicitanos durante el proceso de implantación del nuevo sistema de gestión procesal Just@, pues han sido los primeros en incorporarlo en el módulo penal.

Por último, Nuria Martínez ha escuchado las demandas de los agentes jurídicos y ha agradecido sus aportaciones por contribuir a la mejora de la justicia valenciana.  

OJICAE, una iniciativa pionera

Esta iniciativa del Ilustre Colegio de Abogados de Elche, pionera en España, surge ante la necesidad manifestada por todos los agentes u operadores jurídicos que intervienen en la Administración de Justicia en Elche de crear un foro en el cual se puedan intercomunicar y debatir distintas propuestas, con el fin de mejorar el funcionamiento de la justicia y que redunde en una mejora de la actividad realizada por los profesionales de la abogacía.

El observatorio reúne semestralmente a la Conselleria de Justicia con el Colegio Procuradores, el Colegio de Graduados Sociales, el Juez Decano de Elche, el Fiscal Jefe, Letrados de la Administración de Justicia, representantes de los trabajadores de la Administración de Justicia, Audiencia Provincial sede Elche y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana ha publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el concurso público para la licitación de las obras del nuevo Palacio de Justicia de Ontinyent, ubicado en la antigua fábrica de Bernabeu, en el barrio del Llombo. En concreto, las bases de licitación contemplan un presupuesto máximo de ejecución de 11.232.346,51 euros, impuestos incluidos, pudiendo presentar ofertas las empresas interesadas hasta el próximo 26 de febrero.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha destacado la importancia de lo que ha definido como “un paso clave para atender una necesidad histórica, como es la mejora de las infraestructuras judiciales de Ontinyent, que ofrecerán el servicio que merecen nuestros vecinos y vecinas, así como los habitantes de las localidades de nuestro partido judicial”.

Esta noticia se produce pocos días después de que el Ayuntamiento otorgara a la Conselleria la licencia municipal para iniciar las obras, tras haber presentado esta toda la documentación corregida que estaba pendiente. El concejal de Territorio, Óscar Borrell, explicó que “la rápida aprobación del gasto económico y la publicación de la licitación del proyecto son una nueva muestra de la capacidad de influencia de Ontinyent en València. Tras años de esfuerzos y en un contexto difícil para la ejecución de grandes obras, pronto veremos hecho realidad el inicio de estas obras tan esperadas”.

Cabe recordar que, para hacer posible el proyecto, el Ayuntamiento de Ontinyent tuvo que hacer efectiva la compra de la antigua fábrica de Bernabeu y su parcela (que salió a concurso público) por un importe de 500.000 euros. Los trámites necesarios para posibilitar esta compra y la posterior cesión a la Conselleria incluyeron atender diversas necesidades planteadas, como la compatibilidad del edificio con el uso dotacional administrativo o la posibilidad de una futura ampliación de la sede con una construcción adyacente de 1.000 m².

El edificio de la antigua fábrica de Bernabeu, situado a 450 metros de los actuales juzgados, será una construcción aislada de 4.281,25 m² que contará con dos plantas, sótano y cuatro fachadas en la parcela, lo que permitirá unas condiciones óptimas de iluminación natural y ventilación de las estancias. Estas características también favorecen la distribución de los espacios, optimizando recorridos y zonas comunes. El edificio, donde se unificarán las cuatro sedes judiciales existentes en la ciudad, está situado en una parcela cerrada con un único acceso desde la calle Rafael Sanchis Seguí y dispone de espacio para aparcamiento.

Una vez adjudicadas las obras, la actuación, según consta en el proyecto básico de obra de la nueva sede judicial, podrá prolongarse por un máximo de 18 meses.