El Servicio de Orientación y Mediación de Alicante (SOM Alicante) de la Conselleria de Justicia y Administración Pública ha iniciado los trámites para renovar el sistema de turnos de personas mediadoras para su designación en supuestos de derivación judicial, efectuada por los juzgados y tribunales de la provincia de Alicante.

El acuerdo, de fecha 17 de febrero de 2020, del presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, ordenó la puesta en funcionamiento de un sistema de turnos de personas mediadoras para su designación en supuestos de derivación judicial a mediación. En dicho acuerdo se ordena, asimismo, la actualización anual de dicho sistema de turnos.

Por ello, en fecha 13 de febrero de 2025, el presidente del Audiencia Provincial de Alicante ha dictado acuerdo de actualización del sistema de turnos, instando a los Colegios Profesionales y Entidades Mediadoras de la provincia de Alicante a que remitan los listados de las personas colegiadas o asociadas que estén interesadas en formar parte de la lista de personas mediadoras de las especialidades u órdenes jurisdiccionales siguientes: civil, familiar, penal, laboral, mercantil, contencioso – administrativo y tráfico.

Asimismo, se ha dado traslado de dicho acuerdo a las personas mediadoras, no colegiadas ni pertenecientes a las entidades mencionadas anteriormente, que hayan solicitado formar parte del sistema de turnos, a efectos de facilitarles la presentación de la petición de inscripción.

Los requisitos que ha de reunir la persona mediadora son los indicados en el Acuerdo de 17 de febrero de 2020, y los listados y peticiones remitidas deberán incluir necesariamente el nombre y apellidos, DNI, domicilio, teléfono fijo y móvil, correo electrónico, partido judicial y la especialidad/orden jurisdiccional en el que desean actuar. Los datos se deberán enviar al correo: mediacio_alacant@gva.es.

El plazo para la remisión de los listados por parte de los Colegios y las Entidades Mediadoras arriba indicados, así como la documentación que han de presentar las personas mediadoras que deseen formar parte del referido sistema de turnos, finalizará el día 15 de marzo de 2025 a las 23:59 horas.

La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha estimado un ahorro total durante 2024 de 391.579 euros en la factura eléctrica de las sedes judiciales que disponen instalaciones de placas solares fotovoltaicas.

En este sentido, la producción de energía de estas plantas fotovoltaicas tiene capacidad para suministrar el 17 % del consumo de los edificios en los que están instalados. De esta forma, la Conselleria consigue, además de reducir los costes de energía, contribuir a la disminución de emisiones de CO2 y asegurar un alto rendimiento energético en los edificios.

En la actualidad hay 22 sedes judiciales de la Comunitat Valenciana que disponen de plantas solares fotovoltaicas de autoconsumo para abastecerse de energía renovable. Todas las plantas se monitorizan en tiempo real y hay paneles indicativos en el vestíbulo que reflejan la producción de energía fotovoltaica a tiempo real y el ahorro de emisiones de CO2 que produce la planta solar.

El cálculo para determinar el ahorro de la factura eléctrica se ha realizado estimando un precio medio de 0,18 kilowatio hora (KWh) en 2024, y teniendo en cuenta la producción anual de cada planta.

En la provincia de Alicante el ahorro estimado ha sido de 82.272 euros. En concreto en Elche, la producción en 2024 ha sido de 161.600 KWh (ahorro estimado de 29.088 euros); en Alicante-Pardo Gimeno, 46.930 KWh (ahorro estimado de 8.447 euros); en San Vicent del Raspeig, 44.540 KWh (ahorro estimado de 8.017 euros); en Ibi, 35.010 K/h (ahorro estimado de 6.302 euros); Novelda, 29.910 KWh (ahorro estimado de 5.384 euros); Benidorm, 70.080 KWh (ahorro estimado de 12.614 euros); Torrevieja, 16.770 KWh (ahorro estimado de 3.019 euros); Orihuela, 590 KWh (ahorro estimado de 106 euros); La Vila Joiosa,18.230 KWh (ahorro estimado de 3.281 euros); y en Dénia, 44.520 KWh (ahorro estimado de 8.014 euros).

En la provincia de Castellón, la producción anual de KWh de energía en las plantas fotovoltaicas de las sedes judiciales, ha supuesto un ahorro de 57.328 euros en 2024.

En concreto, en la Ciudad de la Justicia de Castellón, con una producción de 266.380 KWh, se estima un ahorro de 47.948 euros; en Vinaròs se han producido 36.210 KWh con un ahorro de 6.518 euros; y en Nules, 15.900 KWh, con un ahorro de 2.862 euros. La sede judicial de Vila-real dispone de instalación solar con una tecnología más antigua y no se ha podido contabilizar el ahorro que genera. En este sentido, está previsto efectuar una renovación de estas instalaciones.

En la provincia de Valencia la producción de energía renovable gracias a las plantas fotovoltaicas en sedes judiciales ha ahorrado un total de 249.978 euros en el año 2024.

Así, en la sede judicial de Carlet la producción ha alcanzado los 34.640 KWh (ahorro estimado de 6.235 euros); en Catarroja, los 30.210 KWh (ahorro estimado de 5.438 euros); en la de Paterna, 17.579 KWh (ahorro estimado de 3.164 euros); en la de Massamagrell, 16.890 KWh (ahorro estimado de 3.040 euros); en Quart de Poblet, 13.510 KWh (ahorro estimado de 2.432 euros); en Picassent, 34.840 KWh (ahorro estimado de 6.271 euros); en Moncada, 31.100 KWh (ahorro estimado de 5.598 euros); y en la Ciudad de la Justicia de València, 1.210.000 KWh (ahorro estimado de 217.800 euros).

Instalaciones fotovoltaicas finalizadas en 2024

Durante 2024 la Conselleria de Justicia y Administración Pública ha finalizado la instalación de plantas solares fotovoltaicas en las sedes judiciales de Benidorm, Orihuela y Vinaròs.

Estas actuaciones han sido cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo NextGenerationEU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, gestionado por el IVACE.

Concretamente, se ha finalizado la obra de instalación solar fotovoltaica para autoconsumo sobre la sede judicial de Benidorm, con la incorporación de 167 paneles solares de 550W que disponen una potencia instalada de 100 kW y una potencia pico de 91,85 kW.  Se han invertido 77.977 euros.

La instalación de Orihuela está formada por 20 paneles de 600W, una potencia instalada de 10 kW y una potencia pico de 12 kW. La inversión realizada es de 18.568,19 euros.

La instalación de Vinaròs está formada por 62 paneles de 660W, una potencia instalada de 40 kW y una potencia pico de 40,92 kW y el importe de la obra es de 34.535 euros.

Las redes sociales y plataformas de citas se han convertido en escenarios propicios para la proliferación de estafas. Los ciberdelincuentes las utilizan para crear perfiles falsos y contactar con víctimas a las que hacen creer que mantienen una relación emocional que termina con la solicitud de dinero.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ha encargado una valoración forense de los familiares de las víctimas mortales de la Dana de Valencia que han sufrido daños psicológicos.

Estos perjudicados serán citados en el Instituto de Medicina Legal de Valencia para que aporten la documentación médica que tengan y se pueda así evaluar sus daños morales y sus secuelas psíquicas.

También serán examinadas por los forenses, tal y como establece un auto notificado este martes, las personas que resultaron lesionadas por las inundaciones del pasado 29 de octubre y que precisaron tratamiento facultativo posterior a una primera asistencia sanitaria.

La magistrada recuerda que está analizando la “evitabilidad” de la catástrofe, a la que ya aludió en anteriores resoluciones, y la investigación de los fallecimientos es la “esencia” de este procedimiento, “el objeto sobre el que versa esta investigación, el daño absolutamente irreparable”.

No obstante, la instructora considera que esas diligencias también han de incluir a las personas que sufrieron lesiones de mayor entidad en la tragedia, tanto físicas como psicológicas.

“Ello no significa que no hayan de obtener la oportuna reparación los daños materiales, la destrucción que ha asolado a las poblaciones y los daños materiales que han afectado a centenares de miles de personas, sino que ni este proceso ni la jurisdicción penal son competentes para su conocimiento”, matiza a continuación.

La titular del juzgado fundamenta la necesidad de las valoraciones forenses a los familiares de las víctimas mortales que lo deseen en “el importante daño psicológico” que muchos de ellos sufrieron y que la propia instructora ha podido constatar en las declaraciones de testigos y ofrecimientos de acciones practicados hasta el momento.

La resolución judicial describe lo ocurrido el pasado 29 de octubre como un “episodio dantesco”, como “un infierno real de destrucción, muerte y finalmente oscuridad”.

Así, recoge que un número relevante de personas vio “desaparecer a sus allegados delante de sus ojos”. Eran “padres, cónyuge o hermanos que vieron cómo se les escapaban literalmente entre sus manos” sus seres queridos y resultaban “arrastrados por un torrente de agua y barro”.

La magistrada cita algunos ejemplos como el de un hombre que pudo poner a salvo a su mujer pero acabó falleciendo “tras luchar largo tiempo contra el arrastre del agua”, o aquellos que fueron testigos de cómo sus parientes bajaban a sus garajes y “jamás volvieron”.

De hecho, algunas personas presenciaron como sus familiares perecían “debido a su avanzada edad, peores condiciones físicas o, simplemente, ante la incapacidad humana de soportar la fuerza de la corriente de agua y barro”.

Además, según reza la resolución, algunas víctimas mortales perdieron la vida “tras haber enviado mensajes de audio de despedida a sus hijos”, mientras que otros familiares “llegaban a los domicilios de sus mayores y encontraban sus cuerpos sin vida”.

De este modo -concluye la instructora- “al daño moral inherente a la pérdida de cualquier familiar cercano” se suman todas las circunstancias relatadas y que pueden haber generado “un síndrome de estrés postraumático”, concretamente “síndrome del superviviente”, que ha de ser objeto de la oportuna valoración.

Por otro lado, en otras dos resoluciones la juez de Catarroja ha acordado exigir sendas fianzas de 6.000 euros a Vox, Podemos y al sindicato CGT -en este último caso tras aceptar la inhibición de unas diligencias previas cursada por un juzgado de Valencia- para permitir que ejerzan la acusación popular en la causa.

La magistrada argumenta que ninguna de las formaciones políticas ha interpuesto querella -algo “admisible” para las acciones populares cuando la investigación ya está en curso- pero cita jurisprudencia de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo y requiere el pago de las cauciones dado “el estado inicial del procedimiento”.

La Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana ha adjudicado por un importe de 158.752 euros las obras que permitirán restaurar la fachada y los exteriores del juzgado nº1 de Ontinyent, en la Avenida del Conde de Torrefiel. El concejal de Territorio, Óscar Borrell, calificaba de “gran noticia para el patrimonio local” la adjudicación de la obra, “cuyo inicio probablemente será a finales de este mes, cuando ya podremos ver los andamios para la actuación, después de 7 años con la red y un proyecto olvidado en un cajón durante la época del Botànic”. Una obra “necesaria” a nivel de imagen y conservación del patrimonio en el edificio conocido como “Casa Delgado de Molina”, de estilo modernista y centenario, construido en 1924 e incluido en el catálogo municipal de Bienes y Espacios Protegidos como edificio de protección parcial.

Las obras tienen un plazo máximo de ejecución estimado en 6 meses desde su inicio e incluirán tareas de limpieza, eliminación de vegetación y hongos; solución de problemas de estanqueidad y evacuación de aguas; reparación de grietas y revestimientos; impermeabilización; sellado de fisuras; sustitución de vidrios; recuperación de elementos ornamentales y pintura, entre otras. La sede judicial de Ontinyent alberga los archivos de los juzgados número 1 y 3, las oficinas del Juzgado número 1, Civil y Penal, el Decanato, así como la Sala de Vistas y dependencias para procuradores y abogados. Las obras se realizarán manteniendo la actividad normal de la sede.

Esta noticia llega pocos días después de que la propia Conselleria de Justicia publicara en la Plataforma de Contrataciones del Estado el concurso público de licitación de las obras del nuevo Palacio de Justicia de Ontinyent en la antigua fábrica de Bernabeu, en el barrio de Llombo, con un presupuesto máximo de ejecución de 11,2 millones de euros y un plazo de presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas hasta el próximo 26 de febrero. Óscar Borrell valoraba positivamente “la buena respuesta de la Conselleria de Justicia a las peticiones que les habíamos hecho para desbloquear estas actuaciones y hacerlas avanzar. A pesar del complicado contexto que vivimos, se atienden nuestras demandas, lo cual habla bien del peso y la capacidad de influencia de Ontinyent en Valencia”, señalaba.

La ciudadanía de l’Eliana dispone de dos servicios gratuitos para facilitar el acceso a la justicia y la resolución de conflictos a la ciudadanía: Justiprop y Mediaprop. Estas iniciativas, impulsadas por la Generalitat Valenciana, permiten a los vecinos y vecinas recibir orientación legal y mediación sin necesidad de desplazarse fuera del municipio.

Justiprop: Asesoramiento Legal Gratuito

L’Eliana cuenta con la Oficina de Información Jurídica de Proximidad (Justiprop), un servicio de asesoramiento gratuito dirigido a la ciudadanía.

El servicio se presta por profesionales del derecho en la planta baja del edificio de la Policía Local (c/ Purísima, 12) todos los viernes de 10:00 a 14:00 horas. Los usuarios recibirán información sobre acceso a la justicia, asistencia a víctimas del delito, derechos ciudadanos, trámites administrativos en registros civiles, mercantiles y de la propiedad, así como orientación en temas de vivienda, extranjería, consumo y más.

Para acceder a este servicio es necesario solicitar cita previa a través del portal municipal o llamando al 96 275 80 30.

Mediaprop: Resolución de Conflictos sin Tribunales

Además, el Ayuntamiento también ha implementado el servicio Mediaprop, un punto de información y asesoramiento en mediación que ofrece una alternativa pacífica y efectiva para resolver disputas sin necesidad de acudir a los tribunales.

Este servicio estará disponible todos los martes de 9:00 a 14:00 horas en la planta baja del edificio de la Policía Local. Se tratarán conflictos vecinales, familiares, contractuales y comunitarios, con la ayuda de profesionales especializados en mediación, quienes orientarán a los ciudadanos sobre la viabilidad de este método y los pasos a seguir.

Al igual que Justiprop, el acceso a Mediaprop también se realizará con cita previa mediante la página web del Ayuntamiento o vía telefónica.

El alcalde, Salva Torrent, ha subrayado la importancia de este servicio para fortalecer la convivencia y la cohesión social en l’Eliana, ofreciendo a la ciudadanía herramientas eficaces para resolver conflictos de manera ágil y sin necesidad de judicialización.

Con la puesta en marcha de Justiprop y Mediaprop, l’Eliana refuerza su compromiso con una justicia accesible y cercana, brindando a sus vecinos y vecinas soluciones prácticas y humanas para sus necesidades legales y de mediación.