La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga las muertes y lesiones causados por la Dana, ha encargado a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil la elaboración de un informe que detalle la cronología de los hechos sucedidos el pasado 29 de octubre.

Ese informe deberá ceñirse al análisis del desbordamiento de los ríos, barrancos y embalses en relación con los fallecimientos y lesionados registrados, según consta en el auto notificado este jueves a las partes.

La confección de ese documento había sido solicitada por la Fiscalía en un escrito fechado el pasado 21 de febrero en el que se pedía que el atestado policial fuera más amplio e incluyera otros extremos que han sido denegados por la instructora.

Así, la titular del Juzgado entiende que ya avanzada la investigación y acordado “un importante número de diligencias”. bien de oficio bien a instancias de las partes personadas, judicializada por tanto ya la causa, “el análisis de la evitabilidad de los fallecimientos y la posible comisión de delitos (‘ilícitos penales’) no puede trasladarse a un informe policial”.

Igualmente, en esta fase de instrucción, que se centra en las medidas “que hubieran evitado los fallecimientos” (…), “la necesaria toma de declaraciones por los partícipes en sede policial chocaría con la propia investigación judicial”.

“Ha de recordarse que en un atestado de tales características sería preciso la toma de declaración de testigos, y que diversas acusaciones particulares y populares han solicitado la declaración de los querellados”, precisa, por lo que “la declaración de los eventuales investigados no puede efectuarse policialmente”.

En la resolución, la magistrada destaca la utilidad de las “piezas periodísticas” y grabaciones audiovisuales efectuadas por los medios de comunicación que éstos han aportado al juzgado tras serles requeridas por éste, y que “permiten hacerse una idea de cómo evolucionó la situación el 29 de octubre en toda la provincia de Valencia”.

Entre las diligencias de investigación acordadas por la juez en este auto destaca el requerimiento a la Conselleria de Interior y Emergencias para que le informe, en el plazo de tres días, si durante la reunión que se mantuvo en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el 29 de octubre de 2024 “se produjo algún receso”.

Igualmente, la instructora ha pedido a la Universitat de València, que acordó “acertadamente” suspender las clases el día de la Dana, que le informe de qué órgano concreto tomó esa decisión, en que información se sustentó y si en ella participó “algún técnico”.

La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha realizado la transferencia del pago del sexto bimestre de 2024 de las actuaciones llevadas a cabo por el Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía y del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, por un importe de 9.397.524,24 euros.

La consellera de Justicia, Nuria Martínez, ha reiterado el compromiso del Consell con la justicia gratuita y ha resaltado el abono “en tiempo y forma” de las cantidades correspondientes a los profesionales que ejercen este servicio, “ya que con estos recursos estamos asegurando que todos los ciudadanos puedan acceder a la justicia en condiciones de igualdad”.

En este sentido, Nuria Martínez ha recordado que “la justicia gratuita es un pilar fundamental del Estado de derecho para proteger los derechos e intereses legítimos de la ciudadanía. Desde la Generalitat seguiremos apoyando esta labor esencial para nuestra sociedad”.

Los honorarios por los trabajos en el Turno de Oficio se abonan, según la normativa, cada dos meses, conforme los colegios de la Abogacía y de la Procura certifican los servicios prestados a la Generalitat. De esta forma, el actual pago de los servicios corresponde a los meses de noviembre y diciembre de 2024.

En concreto, las actuaciones pagadas por el Turno de Oficio al Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía ascienden a 8.342.060,40 euros y el importe destinado al Consejo Valenciano de Procuradores es de 1.050.619,57 euros. Por otro lado, las inversiones realizadas por la Procura y la Abogacía ascienden a 2.090,71 y 2.753,56 euros, respectivamente.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha reunido hoy en el Complejo de La Moncloa con la consellera de Justicia y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Nuria Martínez, para analizar las necesidades del Servicio Público de Justicia en la Comunidad tras la DANA, así como el proceso de implementación de la Ley de Eficiencia.

Ambas administraciones han acordado trabajar conjuntamente para reforzar la Justicia con el fin de poder tramitar adecuadamente los diferentes procesos derivados de la DANA y evitar así la sobrecarga de la Administración de Justicia. En este sentido, el ministro ha comunicado que el Ministerio valorará positivamente, una vez se remita por parte del CGPJ, la solicitud realizada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para nombrar un juez de refuerzo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja con el fin de que la magistrada titular pueda encargarse en exclusiva de la tramitación de las causas de la DANA.

Además, ambos gobiernos han acordado trabajar conjuntamente y con el propio TSJCV para agilizar refuerzos en otros juzgados de la provincia de Valencia que lo necesiten, de modo que el proceso de solicitud de los mismos y su aprobación sea lo más ágil posible.

Por último, el ministro y la consellera han hablado del proceso de implementación de la Ley de Eficiencia en la Comunitat Valenciana, que implicará, en este territorio, la transformación de 417 juzgados unipersonales en 36 Tribunales de Instancia. Este proceso de implementación de la norma se tratará además en profundidad con todas las comunidades autónomas que son titulares de la competencia en materia de Justicia en la próxima reunión de la Conferencia Sectorial en Barcelona, que será monográfica sobre este asunto.

La Red de 37 Oficinas de Atención a la Víctima del Delito de la Comunitat Valenciana (OAVD) ha reforzado su papel fundamental en el apoyo a víctimas, con un incremento significativo en las cifras de asistencia en 2024. Durante este periodo, se han atendido a 29.451 personas, más de 1.000 personas más que el año anterior, con un incremento del 4 %.

Con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Delito, la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha destacado la labor esencial que desempeñan las 37 Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito y las tres Oficinas de Denuncia y Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género ubicadas en las tres capitales de provincia.

“Estas oficinas representan un pilar fundamental en la protección y apoyo a las personas afectadas por cualquier tipo de delito, garantizando una atención integral, gratuita y especializada”, ha defendido la titular de Justicia, Nuria Martínez.

A su vez, ha remarcado la importancia de que cualquier ciudadano, sin importar su lugar de residencia, pueda acceder a la red de oficinas. “Nuestro objetivo es garantizar que nadie quede desprotegido. Sabemos lo difícil que es dar el paso para pedir ayuda, por eso estamos comprometidos en hacer que este recurso esté disponible para todos”, ha señalado.

En este sentido, la Consellera ha destacado que en estas oficinas las víctimas encontrarán un espacio seguro con profesionales especializados, como psicólogos, trabajadores sociales y policías, que les acompañarán desde el primer momento.

Además, ha resaltado que la Generalitat continuará trabajando para consolidar y mejorar esta red, garantizando una atención multidisciplinar e integral a todas las víctimas.

Datos anuales

En 2024 en esta red se ha atendido a 17.150 víctimas de violencia de género, reflejándose un aumento del 10,88 %, 1.684 casos más en comparación con el año anterior.

Por otro lado, en 2024 se han atendido a 1.572 víctimas por delitos de violencia doméstica. Un 52,46% más de víctimas que el año anterior. La violencia doméstica en el contexto familiar cercano refleja una realidad compleja y profunda. Los casos más frecuentes de violencia se han producido de progenitores a hijos (34,8 %) y de hijos a progenitores (30 %). La violencia de pareja en la que la mujer es la agresora hacia el hombre (165 hechos registrados en 2024) y entre hermanos (133 casos).

Los delitos contra la libertad sexual registraron un incremento de más del 100 % en 2024, con 1.228 víctimas atendidas frente a las 573 de 2023. La mayoría de las víctimas (91,3 %) han sido mujeres, especialmente en los grupos de 18 a 25 años (21,5 %) y menores de 18 años (26,7 %).

En 2024, 530 víctimas con discapacidad han sido asistidas (88 más que en 2023), lo que representa el 2,1 % del total. El 89,6% de las víctimas con discapacidad atendidas en la Red en 2024 eran mujeres.

Además, se han atendido 1.480 víctimas menores de edad, lo que representa un aumento en comparación con el año anterior (221 víctimas más que en 2023) y representan el 5,83 % del total de personas asistidas.

Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD)

La Generalitat cuenta con 37 Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) que tienen como objetivo general prestar una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas del delito, dar respuesta a las necesidades específicas en el ámbito jurídico, psicológico y social, y ayudarles a que reciban las medidas de justicia restaurativa a las que tengan derecho (indemnizaciones, compensaciones). Cualquier persona puede solicitar información o cita a través del teléfono 900 50 55 50.

Estas oficinas, que prestan un servicio universal y gratuito, prestan sus servicios a las víctimas directas e indirectas de cualquier delito violento, como violencia de género, maltrato familiar (sobre menores, mayores, etc.), agresiones sexuales y/o abusos, lesiones y amenazas, acoso escolar, laboral y/o sexual, robos con violencia, intentos de homicidio, trata de seres humanos, delitos de odio y de terrorismo.

La Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha aprobado en su reunión de este miércoles elevar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una propuesta para reforzar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la Dana que afectó a la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre y que provocó 224 víctimas mortales y tres desaparecidos.

La medida de refuerzo consiste en el nombramiento de un juez en comisión de servicios con relevación de funciones por un plazo de seis meses, en su caso prorrogables, que asumiría el funcionamiento ordinario del juzgado, con el fin de que la magistrada pueda encargarse exclusivamente de la tramitación de la causa por la Dana.

Asimismo, de acuerdo con la solicitud cursada por la propia titular del juzgado y tal y como consta en la propuesta aprobada hoy por la Sala de Gobierno del TSJCV, la instructora seguiría asumiendo el servicio guardia, que en el partido judicial de Catarroja presta de forma semanal uno de sus cinco juzgados.

El órgano de gobierno de los jueces y magistrados de la Comunidad Valenciana considera igualmente necesario el nombramiento de dos funcionarios de apoyo para la magistrada, lo que va a comunicar a los efectos oportunos a la Conselleria de Justicia.

Por su parte, el secretario de gobierno del Tribunal Superior de Justicia va a realizar las gestiones oportunas en aras al nombramiento de un letrado de la administración de Justicia (LAJ) de apoyo o para la aprobación en su caso de medidas de prolongación de jornada.

El acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJCV dictado este miércoles es independiente del refuerzo transversal por la Dana que fue aprobado en su día y que está en vigor para la totalidad de los cinco juzgados de Primera Instancia de Instrucción de Catarroja.