La Audiencia de Valencia confirma la imputación del ex secretario autonómico de Emergencias por la gestión de la DANA

La Audiencia de Valencia confirma la imputación del ex secretario autonómico de Emergencias por la gestión de la DANA


La Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la decisión de investigar al el ex secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat, Emilio Argüeso, por su presunta responsabilidad en la gestión de la DANA. La Sección Segunda de la Audiencia ha desestimado el recurso de apelación presentado por Argüeso —al que se había adherido el Ministerio Fiscal— contra la decisión de la jueza instructora del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que el pasado 10 de marzo acordó citarle a declarar como investigado, junto a la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

En su auto, los magistrados respaldan la resolución de la jueza y concluyen que “no es irrazonable ni arbitraria”, teniendo en cuenta el objeto de la investigación judicial. Subrayan, además, que la citación como investigado forma parte de la fase inicial del proceso penal, en la que no se exige todavía una prueba concluyente, sino elementos suficientes que justifiquen la necesidad de esclarecer responsabilidades.

La Audiencia recuerda que la posición de garantía de un cargo público no es una “foto fija”, sino que debe analizarse dentro del proceso de toma de decisiones que se investiga, y que será este marco el que determine, en función del resultado de la instrucción, si se confirma o descarta su posible responsabilidad penal.

En su resolución, los magistrados repasan también la Ley 4/2017 de la Generalitat, que regula la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), así como el Decreto 122/2017, que fija el reglamento orgánico y funcional del organismo, bajo cuya dirección operaba la Secretaría Autonómica de Emergencias en el momento de los hechos.

El tribunal advierte que la investigación debe ir más allá de constatar que existió una infracción de deber. Será necesario, subraya la Audiencia, verificar si se puede establecer un vínculo causal entre la supuesta omisión de conducta por parte de los responsables y los fallecimientos producidos, y si esa actuación omitida habría podido evitar el resultado trágico.

Con esta decisión, la causa judicial abierta por los efectos mortales de la DANA da un nuevo paso, confirmando que la investigación sigue adelante contra antiguos altos cargos de la Generalitat, en un proceso que continúa en fase de instrucción y que busca esclarecer si hubo responsabilidades en la gestión de la emergencia más grave vivida en la Comunitat Valenciana en los últimos años.

La jueza deniega citar como testigos a seis altos cargos

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja también ha rechazado la petición de una acusación particular para que se citara como testigos a diversos altos cargos del Gobierno central, la Generalitat Valenciana, Adif y la Diputación de Valencia en el marco de la investigación judicial por las consecuencias de la DANA del pasado 29 de octubre.

La solicitud, presentada por la representación legal de la viuda de un hombre fallecido en Cheste durante el temporal, pretendía que declararan, entre otros, el exsecretario de Estado de Seguridad, el actual secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, los directores generales de Transportes y Logística y de Infraestructuras Viarias de la Generalitat, la secretaria general de Adif y el director del Área de Carreteras de la Diputación de Valencia. También se había pedido recabar diversa información de la Dirección General de Tráfico sobre el estado de carreteras e infraestructuras afectadas.

Sin embargo, la jueza instructora considera que ninguna de esas diligencias contribuiría a esclarecer el “trágico fallecimiento” investigado, ya que —según se señala en la resolución— este se produjo en el interior de una vivienda en la localidad de Cheste, y no en un desplazamiento “in itinere”, es decir, en tránsito.



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Crimen cura canónigo València | El fiscal pide 28 años de cárcel para el único acusado por el crimen del canónigo, pero no cree que él lo matara

Crimen cura canónigo València | El fiscal pide 28 años de cárcel para el único acusado por el crimen del canónigo, pero no cree que él lo matara


El fiscal especialista en juicios con jurado Antonio Gastaldi, que lleva la causa por el asesinato del canónigo emérito de la catedral de València Alfonso López Benito, de 80 años, hallado desnudo -salvo por el calzoncillo- en su cama del piso del Arzobispado de la calle Avellanas, tras ser estrangulado y asfixiado en la noche del 21 al 22 de enero del año pasado, llamará a declarar en esa vista oral, para la que aún no hay fecha, a 24 personas. Así lo recoge en su escrito provisional de acusación, presentado el viernes y adelantado este lunes en exclusiva por Levante-EMV, en el que reclama 28 años de cárcel por tres delitos –asesinato, robo con violencia y estafa– para el único imputado que queda en la causa, Miguel Tomás, V. N., en prisión desde que sucedieron los hechos.



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El Ayuntamiento explora las vías legales para “seguir defendiendo el interés general” tras el auto del TSJ sobre el APR-7

El Ayuntamiento explora las vías legales para “seguir defendiendo el interés general” tras el auto del TSJ sobre el APR-7


El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha lanzado este mediodía un nuevo mensaje de tranquilidad y prudencia después de conocerse el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana que dispone que no ha lugar al incidente de nulidad de sentencia formulado por el Ayuntamiento de Benidorm contra la sentencia del propio TSJ sobre los terrenos de dos mercantiles en Serra Gelada. Concretamente, el fallo dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este tribunal el 23 de mayo del pasado 2024, que establecía que el Ayuntamiento debía pagar 283 millones de euros más los correspondientes intereses legales a las mercantiles Murcia Puchades Expasión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7.

Toni Pérez ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa para trasladar públicamente toda la información sobre este auto, notificado en el día de ayer, 24 de junio, al Consistorio y del que hoy también han sido informados todos los grupos municipales en junta de portavoces “desde la máxima transparencia, tal y como nos comprometimos y como se ha venido haciendo hasta ahora”. Igualmente, como ya ha venido reiterando desde el primer pronunciamiento del TSJ, el primer edil ha vuelto a trasladar que los técnicos municipales del área jurídica están “explorando todas las vías que estén a nuestra mano para seguir defendiendo el interés general de todos los vecinos y vecinas de Benidorm, como hemos perseguido siempre en este asunto”.

“Vamos a seguir en la misma línea que hemos seguido desde que en el año 2015 tomamos posesión del gobierno, que no es otra que la defensa del interés de todos los benidormenses”, ha asegurado el alcalde, tras lo cual ha recordado que “nuestra hoja de ruta, que es la hoja de ruta que han marcado los técnicos en relación a los convenios, no ha variado ni un ápice”. “El Ayuntamiento de Benidorm no tenía otro camino para la defensa del interés general que el camino que emprendió, siempre bajo el criterio técnico, y eso está manifestado en sentencias judiciales reiteradamente”, ha insistido Toni Pérez, quien además ha trasladado que “es la justicia la que, en su sala del TSJ, ha orientado sus decisiones en un sentido distinto al que venían hasta ahora marcando los juzgados de lo Contencioso”. 

Por eso, ha manifestado que “todavía es muy pronto para avanzar cuál es la hoja de ruta que van a marcar los servicios jurídicos” a partir de ahora, por lo que ha pedido “tranquilidad y prudencia” antes de señalar que una de las posibles opciones sería acudir al Tribunal Constitucional, si así lo aconsejan los informes técnicos, “porque eso no lo puede decidir un alcalde ni ninguno de los concejales”. En este sentido, Pérez ha recordado que “un político no puede tomar una decisión contraria al criterio técnico porque eso está tipificado por ley y tiene un nombre”, tras lo cual ha indicado que “esa es la responsabilidad de gobernar. Puede haber decisiones incómodas o que no te gusten, pero son las que te dicen los técnicos que debes tomar”.

Asimismo, ha recordado que este asunto continúa entrañando cierta complejidad judicial debido a que todavía hay distintas causas abiertas. De un lado, está la causa sobre la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento con relación a dichos terrenos en base a los convenios firmados en 2003 y 2004 y renovados en 2010 y 2013, que es a la que se refiere el auto del TSJ notificado en el día de ayer. De otro, está la relacionada con la revisión de oficio y declaración de nulidad de esos mismos convenios por parte del Consistorio, una línea que todavía sigue viva y con cinco causas abiertas en los juzgados: dos ya resueltas en Primera Instancia que han dado la razón al Ayuntamiento y han ratificado que dichos convenios serían nulos de pleno derecho, que se encuentran recurridas; y otras tres que aún no tienen sentencia. 

Por último, Toni Pérez ha insistido en que “todas las decisiones adoptadas sobre dichos convenios están respaldadas por los técnicos y por el propio Consell Jurídic Consultiu, así como por las sentencias en los juzgados de Primera Instancia” que hasta ahora se han pronunciado a favor del Consistorio en su defensa del interés general.



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Detienen a un hombre por masturbarse en un autobus de la EMT mientras miraba a una pasajera

Detienen a un hombre por masturbarse en un autobus de la EMT mientras miraba a una pasajera


Agentes de la Policía Nacional detuvieron este lunes a un hombre de 52 años por un presunto delito de agresión sexual después de que comenzara a masturbarse en el interior de un autobús de la EMT mientras el vehículo se encontraba en marcha, realizando su ruta y con pasajeros en el interior. En un momento dado, el hombre se aproximó y presuntamente apoyó su miembro sobre el brazo de una viajera.



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Los juzgados de la Comunitat Valenciana registran 236.954 nuevos asuntos durante el primer trimestre del año, un 9,6% más que en 2024

Los juzgados de la Comunitat Valenciana registran 236.954 nuevos asuntos durante el primer trimestre del año, un 9,6% más que en 2024


Los órganos judiciales de la Comunidad Valenciana registraron durante el primer trimestre de este año un total de 236.954 nuevos asuntos, un 9,6% más que en el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 216.271, según se recoge en el informe hecho público este viernes por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Por jurisdicciones, la Civil, con 127.939 procedimientos, experimentó un incremento interanual del 21,3% en el ingreso de asuntos, mientras que en la de lo Contencioso-Administrativo, con 4.565, el crecimiento fue del 16,9%.

Por el contrario, el orden Penal, con 91.344 causas, tuvo un volumen de entrada un 1,1% inferior a la de un año antes, y el Social, con un total de 13.106 asuntos, sufrió un descenso del 9,6%.

Entre enero y marzo pasados, los juzgados y tribunales de la Comunidad Valenciana resolvieron 205.022 casos, un 3,8% más respecto a los 197.499 resueltos en el primer trimestre de 2024, mientras que los asuntos que quedaron en trámite al final del periodo, 488.216, crecieron un 21,6%.

Los asuntos resueltos aumentaron un 9,2% en la jurisdicción Civil, un 14,5% en la Social y un 1,5% en la Contencioso-Administrativa y descendieron un 2,4% en la Penal. Respectivamente, la cifra de causas y procedimientos en trámite al final del trimestre se incrementaron en un 29,1% y un 18,5% en Civil y Social, bajaron un 4% en Contencioso y subieron un 9,9% en Penal.

Los órganos judiciales de la Comunidad Valenciana dictaron en total entre enero y marzo de 2025 un total de 52.283 sentencias (un 4,8% más que un año antes), 100.204 autos (un 2,3% más) y 49.272 decretos.

Tasa de litigiosidad por debajo de la media nacional

La tasa de litigiosidad de la Comunidad Valenciana en el primer trimestre del año fue de 44,55 asuntos por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media nacional, que fue de 47,07.

La Comunidad Autónoma con la tasa más alta fue Canarias (63,91), seguida por Madrid (50,99) y Asturias (50,98). También por encima de la media nacional se situaron Andalucía (49,80) y Cataluña (48,06).

El resto de los territorios mostraron una tasa de litigiosidad inferior a la nacional en el siguiente orden: Baleares (46,97), Murcia, (45,16), Comunidad Valenciana (44,55); Castilla y León (42,88); Galicia (42,51); Cantabria (40,90), Castilla-La Mancha (40,15), Extremadura (39,57), La Rioja (39,13), Navarra (38,98), Aragón (37,19) y País Vasco (*).

(*) Cálculos realizados sobre las cifras de Estadística continua de población, del INE, a 1 de enero de 2025.

Por provincias, en la de Valencia el número de nuevos asuntos fue de 119.057, un 10,9% más que el primer trimestre del 2024. Se resolvieron 105.478, lo que supone un aumento del 7,1%, mientras que 225.959 quedaron en trámite al final del periodo, esto es un 22,3% más.

En los órganos judiciales de la provincia de Alicante ingresaron 85.708 asuntos entre enero y marzo de 2025, lo que significa un aumento interanual del 13,4%. Se resolvieron 72.153 procedimientos, un 2,3% más, y 189.733 quedaron en trámite al final del mes de marzo, es decir, un aumento del 23,8%.

Finalmente, en territorio castellonense, los juzgados y tribunales recibieron 24.031 nuevos asuntos, un 3,6% menos que el mismo periodo del año anterior. Los asuntos resueltos ascendieron a 19.529, esto es un descenso del 0,4%, y 62.279 quedaron en trámite al final del periodo, lo que significa un aumento del 19,5% respecto a marzo de 2024.

Consulte los datos estadísticos correspondientes al primer trimestre de 2024 y las series completas desde 2007 en la siguiente dirección: https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Informes-por-territorios-sobre-la-actividad-de-los-organos-judiciales/



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Desarticulado en Valencia un laboratorio que ‘cocinaba’ hasta 30 kilos de cocaína al día

Desarticulado en Valencia un laboratorio que ‘cocinaba’ hasta 30 kilos de cocaína al día



La Policía Nacionalha desmantelado en Valencia un grupo criminal dedicado al tráfico de cocaína que elaboraban en un laboratorio con capacidad para ‘cocinar’ hasta 30 kilos de esta droga al día. Durante el operativo, llevado a cabo conjuntamente con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, se ha procedido a la detención de 25 personas, entre ellas responsable de la red criminal. Además, se han practicado una decena de entradas y registros en ocho municipios de Valencia en los que se ha intervenido maquinaria, precursores y tanto pasta base como cocaína, así como dinero de curso legal y billetes falsificados, armamento y munición, cinco coches de alta gama, 28 teléfonos móviles y diversa documentación.



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