Las eléctricas exigen a Gobierno y CCAA rebajas de impuestos a las nucleares para renegociar el cierre de las centrales
El Gobierno y las grandes eléctricas mantienen contactos directos para abordar un posible aplazamiento de los cierres de las centrales nucleares. El objetivo que buscan las compañías propietarias de los reactores (Iberdrola y Endesa como principales operadores y Naturgy y EDP con participaciones muy minoritarias en algunas plantas) es reordenar el calendario pactado de clauduras de todas las plantas. Primero de Almaraz, que ya está en tiempo de descuento porque sus reactores está previsto que echen el cierre en 2027 y 2028, y luego del resto de centrales en una reorganización en cadena.
Las grandes eléctricas trabajan en una propuesta consensuada sobre una revisión de los plazos de clausuras, y va tomando forma una posición conjunta de las compañías para conseguir una ‘miniprórroga’ de tres años para la central cacereña de Almaraz, alargando su funcionamiento al menos hasta 2030, y que empujará a revisar las fechas de cierre de todas las demás centrales con prolongaciones similares de bienios o trienios extra.
Iberdrola, Endesa y Naturgy han defendido públicamente la necesidad de mantener más tiempo operativo todo el parque nuclear para garantizar la seguridad de suministro eléctrico en el país, dado el aún bajo despliegue de las grandes baterías y otras formas de almacenamiento que serviría para dar firmeza al sistema eléctrico frente a la producción intermitente de las plantas renovables. Sin embargo, las compañías eléctricas ponen como condición previa para no cerrar las nucleares y pactar una revisión del calendario de clausuras que tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas den garantías expresas de que bajarán los impuestos a las centrales para asegurar su rentabilidad.
Para las eléctricas la rebaja de impuestos y tasas se trata de una condición absolutamente indispensable en este proceso. O el Gobierno y las CCAA acceden a revisar la fiscalidad que soportan las centrales nucleares o no habrá ampliación de las centrales. “No es sólo una cuestión de plazos de funcionamiento, sino de si hay viabilidad o no para las centrales. Sin cambios en la fiscalidad, el futuro es inviable”, advierten fuentes de alto nivel del sector eléctrico en plenas conversaciones con el Ministerio para la Transición Ecológica. “La fiscalidad es la clave, y eso atañe a todos, a Gobierno y CCAA. La fiscalidad es la que marcará si continúan las nucleares o no. Lo importante no son los tiempos, sino la fiscalidad”, sentencian.
Pagos de 1.500 M al año
Las energéticas propietarias de las centrales nucleares llevan años quejándose de la enorme carga fiscal que soportan. Entre impuestos, tasas autonómicas y otras prestaciones abonadas para hacerse cargo de costes futuros de su actividad, la electricidad producida por las centrales nucleares paga más de 28 euros por megavatio hora (MWh). En total, más de 1.500 millones de euros cada año que, según se denuncia desde el sector eléctrico, hacen imposible la sostenibilidad y la rentabilidad futura de las centrales. Por eso reclaman que tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas que aplican tasas específicas den garantías de que rebajarán los gravámenes.
Las compañías eléctricas aún trabajan en una postura conjunta con la que proponer al Gobierno una ampliación urgente de la licencia de Almaraz, en principio sólo hasta 2030; una reordenación del resto de cierres para que no se solapen unos con otros, con lo que se retrasaría el apagón nuclear total y se prolongaría con carácter general los años de funcionamiento del parque nacional de reactores; y también una aproximación sobre las rebajas de tasas e impuestos estatales y autonómicos necesarias para hacer viable la continuidad de la nuclear.
Una propuesta consensuada que sería aprobada en la junta de socios de CNAT, la sociedad que formalmente controla las centrales nucleares de Almaraz y de Trillo, y en la que están representadas Iberdrola, Endesa y Naturgy. Aunque Iberdrola tiene una participación mayoritaria en CNAT, las decisiones estratégicas han de ser adoptadas por unanimidad según establece la regulación vigente. Aún no hay fecha prevista para la celebración de la próxima junta de socios, pero fuentes internas apuntan a que muy probablemente no se convocará hasta mayo.
De tasas y reformas fiscales
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el año pasado una gran subida del 30% de la tasa que pagan las centrales nucleares para pagar la gestión de sus residuos radiactivos y el desmantelamiento de las plantas. Tras la subida, la prestación patrimonial que abonan las centrales nucleares a Enresa escala hasta los 10,36 euros por megavatio hora (MWh) de electricidad producida por las plantas, por lo que los pagos anuales escalarán hasta el entorno de los 585 millones de euros al año (135 millones más que los abonos anuales que pagaban antes del incremento). Las grandes eléctricas han abierto una batalla legal en el Tribunal Supremo para tumbar la subida de la denominado ‘tasa Enresa’.
Si se consigue alcanzar un acuerdo para alargar la vida de las nucleares y se postergan los cierres, el mayor tiempo de funcionamiento conllevará una rebaja semiautomática de la denominada ‘tasa Enresa’. Cuanto más tiempo estén operativas las centrales más electricidad producirán que se destinará a alimentar el fondo que servirá para financiar el desmantelamiento de las centrales y la gestión de todos sus residuos radiactivos, así que se podrá rebajar la cuantía que las compañías abonan por cada megavatio hora producido.
Además de conseguir rebajar la tasa que pagan para financiar la gestión de los residuos radiactivos, las compañías eléctricas han venido reclamando una reforma integral del resto de la fiscalidad del sector, con una rebaja masiva de los impuestos específicos que pagan, en torno a 950 millones al año (a razón de 18 euros por MWh producido). Las nucleares han reclamado en los últimos años al Gobierno y a las CCAA un gran recorte de los impuestos específicos que gravan la actividad de sus reactores, e incluso piden directamente la eliminación de todos o de algunos de los tributos vigentes especiales para la producción con nucleares, tanto los estatales como los autonómicos.
Entre otras propuestas, que ahora las compañías no confirman que sigan defendiendo, el sector ha venido pidiendo al Gobierno que la recaudación millonaria del impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos no vaya a las arcas públicas generales, sino que se destinen a alimentar el fondo de Enresa para la gestión de los residuos nucleares (las centrales han pagado 3.100 millones de euros por este tributo tributo en algo más de una década y les quedarían por pagar otros 1.900 millones hasta el apagón nuclear). Y las compañías también han reclamado que la propia Enresa deje de pagar un impuesto especial por sus almacenes nucleares, que luego acaba repercutiendo a las centrales (la sociedad pública ha abonado ya 148 millones y le quedaría por pagar según vaya aumentando el volumen de deshechos almacenados otros 1.277 millones más).
Almaraz, en tiempo de descuento
Las grandes eléctricas pactaron en 2019 entre ellas y con Enresa, la empresa pública encargada de desmantelar las centrales y de gestionar los residuos radiactivos, un calendario de cierre progresivo de todos los reactores. El acuerdo con Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP -las eléctricas propietarias de las plantas- establece una clausura escalonada de las plantas que arrancaría en 2027 (con Almaraz) y culminaría con el último el cierre en 2035 (con Trillo).
La central nuclear de Almaraz, en Cáceres, está ya en tiempo de descuento. El calendario oficial vigente establece que el reactor I de la central dejará de funcionar en noviembre de 2027 y el reactor II lo hará en octubre de 2028. Sin embargo, las eléctricas necesitan que se adopte una decisión de manera urgente para revertir esas fechas fijadas para su clausura. Los tiempos para revisar las fechas de cierre no son ilimitados, porque los condicionantes operativos y económicos son muchos. Y la decisión si se quiere prolongar la vida de Almaraz debería adoptarse antes de junio.
El proceso previo de planificación de las inversiones necesarias para seguir funcionando exige tomar una decisión ya, para cerrar acuerdos de formación, asegurarse que los operadores e la sala de control cuentan con las licencias oficiales preceptivas y para la contratación del resto del personal, y también para pactar las compras de combustible nuclear y otros suministros.
Fuera de esos plazos, si se toma la decisión más allá del primer semestre de 2025, la central tendría que estar un tiempo parada antes de poder volver a arrancar y ése es el escenario del que quieren huir a toda costa las eléctricas propietarias de la central. Iberdrola (que controla el 52,7% del capital de la planta), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%) temen que se produzca una garoñización de su central cacereña; esto es, que se quede durante años sin producir electricidad y sin generar ingresos a la espera de recibir la autorización para volver a funcionar. Y mientras, las compañías sí que acumularían costes millonarios de mantenimiento y de personal por tenerla hibernada, como sucedió con la central de Santa María de Garoña (Burgos) por las desavenencias de Iberdrola y Endesa, dueñas a partes iguales de la instalación, y por el choque con el Gobierno entonces comandado por Mariano Rajoy.
