“La tecnología puede ser una herramienta maravillosa. Pero regular la innovación digital constituye un reto fundamental de la humanidad para permanecer como especie libre. Tan fundamental como abordar la crisis climática. Urge un debate huyendo de posiciones sectarias. Es imprescindible una movilización ciudadana que ejerza la presión necesaria para situar la cuestión en lo más alto de la agenda política”.
Un centenar de personalidades del mundo de la empresa, el periodismo, la universidad, la psicología, la educación y la cultura han firmado el Manifiesto OFF, presentado oficialmente este miércoles en Madrid. Se trata de toda una declaración de intenciones que insta a las autoridades políticas a aprobar una batería de medidas “para que sean las personas las que tengan el control de la tecnología y no al revés”.
El objetivo de los firmantes no es prohibir ni frenar la tecnología, sino fomentar un buen uso y realizar un control democrático del actual despliegue tecnológico. Lo contrario, afirman, “puede conducir a la extinción de nuestra especie”.
La desinformación (como los bulos que han golpeado elecciones en EEUU) y la explotación indiscriminada de datos personales son solo algunos de los riesgos citados en el texto, que pone el acento en la salud mental, especialmente la de los los jóvenes. La declaración recuerda que, en España, el 88% de los niños de 13 años disponen de un móvil propio. La epidemia de trastornos psicológicos y emocionales es, según el manifiesto, “uno de los síntomas más patentes de una digitalización indiscriminada y mal delimitada”.
Según la ‘Enquesta d’hàbits de salut’ -elaborada entre alumnos de 4º de la ESO de Barcelona-, uno de cada tres chavales utiliza el móvil más de tres horas al día; el 41,3% admite que en algún momento desatiende sus obligaciones para conectarse a internet y el 45,4% reconoce que a veces pasa más tiempo navegando que con sus amistades.
El movimiento ciudadano Adolescència Lliure de Mòbils (formado por familias que piden retrasar hasta los 16 la entrega del primer móvil a los hijos), la psicopedagoga Maribel Bodego, la directora del CCCB, Judit Carrera, la catedrática de Psicología y Sociología Carmen Elboj, la expresidenta de Amnistía Internacional Silvia Escobar y el empresario y divulgador Daniel Hidalgo, autor del ensayo ‘Anestesiados, la humanidad bajo el imperio de la tecnología’ son algunos de los firmantes.
El manifiesto nace no para oponerse al desarrollo tecnológico, que conlleva “grandes ventajas”, sino frenar sus efectos adversos. Por ejemplo, la desinformación, la explotación de datos personales en países democráticos, el aumento del control de países autoritarios y los ciberataques a infraestructuras vitales, como hospitales o redes eléctricas. El Manifiesto OFF también hace hincapié, a nivel personal, en el deterioro de la capacidad de atención y de la salud mental, especialmente entre los jóvenes.
En el ámbito de la educación, los firmantes piden una moratoria “a la introducción indiscriminada” de la tecnología en las escuelas, así como una adecuación del uso de los dispositivos a la edad de los usuarios. También exigen cursos y talleres dirigidos a las familias para concienciar de los riesgos a los que los jóvenes están expuestos.
El manifiesto está acompañado de varios estudios que relacionan un mal uso de la tecnología con problemas mentales. Según un informe de Sapien Labs, una organización no gubernamental creada en 2016 con el objetivo de estudiar a fondo el cerebro humano, cuanto más temprano se posea el primer smartphone mayor es la probabilidad de tener una salud mental frágil. “El hecho de que una niña tenga móvil con 12 años aumenta un 20% la probabilidad de sufrir depresión cuando sea adulta”, concluye la investigación.
Fomentar la función de ‘off’ (apagado) de los dispositivos, garantizar que los servicios públicos estén también disponibles de manera no digital y obligar a las compañías tecnológicas a que informen de los datos que ponen a disposición de otras empresas son otras de las medidas que exigen los firmantes del manifiesto, así como el establecimiento de protocolos encaminados a validar la adecuación ética de los algoritmos usados por empresas y gobiernos.
