Un equipo del Image Processing Laboratory (IPL) de la Universitat de València participa en el proyecto CIMR L2 PAD para desarrollar el procesador que permitirá estimar las principales variables climáticas del planeta a partir de datos de satélite CIMR de la ESA. Con CIMR, la Agencia Espacial Europea busca salvaguardar las regiones polares de los devastadores efectos, a escala global, del cambio climático. La UV creará los algoritmos para estimar parámetros como el contenido de agua del suelo o la temperatura de la superficie terrestre, entre otros. El proyecto contribuirá a aumentar las capacidades del servicio europeo Copernicus, el principal proveedor mundial de datos de observación de la Tierra.

CIMR L2 Product and Algorithm Development (PAD) es un elemento esencial de la misión CIMR (Copernicus Imaging Microwave Radiometer), diseñada para salvaguardar el Ártico de los mayores aumentos de temperatura que sufre el planeta y afrontar un posible escenario futuro sin la presencia de hielo marino. Se trata de una de las seis misiones ‘Copernicus Sentinel Expansion’ que la Agencia Espacial Europea (ESA) está desarrollando para expandir las capacidades del programa Copernicus.

El proyecto CIMR L2 PAD desarrollará el procesador de datos que se encargará de obtener las variables climáticas más necesarias a partir de datos captados por el radiómetro más grande y preciso de la ESA, que será lanzado a finales de esta década a bordo de CIMR y que proporcionará mediciones sin precedentes sobre el hielo marino, el océano y la tierra global. Serán datos referentes a la temperatura de la superficie del mar y de la superficie terrestre, la salinidad, el viento oceánico, el estado de la nieve o la humedad del suelo, entre otras muchas variables fundamentales para comprender la evolución del clima y atender a los problemas de calentamiento acelerado de la zona polar ártica que tanto afectan a los patrones climáticos globales, a las poblaciones humanas y a la vida en el planeta Tierra.

Dirigido por Maria Piles, ingeniera de Telecomunicaciones e investigadora del Image Processing Laboratory (IPL), el equipo de la Universitat de València se encargará de desarrollar los algoritmos que estimarán la humedad del suelo y el contenido de agua en la vegetación, así como la temperatura de la superficie terrestre, y detectará la presencia de aguas inundadas. Para ello, el equipo de la UV utilizará las futuras mediciones de microondas del satélite CIMR, mejorando las capacidades europeas de observación de la Tierra. “Este proyecto supone un salto significativo en la tecnología de observación de la Tierra”, comenta María Piles. “Por primera vez podremos observar variables fundamentales del ciclo de agua del planeta, como son el espesor del hielo marino, la salinidad de los océanos y la humedad del suelo desde una misma plataforma, con una revisita diaria y con una precisión y resolución espacial sin precedentes”, añade la científica valenciana.

Como rasgo distintivo, el proyecto se desarrolla desde un enfoque de código abierto para los llamados Documentos de Base Teórica de Algoritmos (ATBD) y para el software, promoviendo los principios FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability and Reusability), es decir, procurando una ciencia transparente y reproducible.

CIMR L2 PAD se lleva a cabo mediante un consorcio de expertos y organizaciones europeos, dirigido por el Meteorologisk Institutt (MET) de Noruega. Además de la Universitat de València, el consorcio está formado por 12 socios, entre centros de investigación, universidades y empresas privadas.

La Agencia Espacial Europea ha difundido recientemente un vídeo sobre CIMR, una misión que buscará soluciones al problema del deshielo en el Ártico, aprovechando las capacidades del que será el radiómetro más grande y preciso de la ESA, y dando un paso de gigante en tecnología de observación de la Tierra.

Los servicios de Facebook, Instagram y Threads, así como la mensajería de Messenger, han empezado a experimentar problemas que impiden a los usuarios acceder a las plataformas con normalidad.

La caída de servicio ha comenzado en torno a las 16:00 de este martes (horario de España peninsular), según reporta el portal especializado Down Detector, que refleja que se trata de un problema de alcance global.

Problemas en el inicio de sesión, en la carga de contenidos y de la propia página web son los problemas principales detectados en las plataformas de Meta. En el caso de la versión móvil, incluso, los usuarios se encuentran que al intentar iniciar sesión se les expulsa directamente de la aplicación.

Los ciberdelincuentes parecen ir siempre dos pasos por delante de los sistemas de ciberseguridad que se diseñan para proteger al usuario de campañas de “phishing” (suplantación de identidad) cada vez más sofisticadas y eficientes gracias a la IA generativa; el robo de datos; la ciberestafa y otros ciberdelitos. Por ello, los especialistas en informática no se cansan en insistir en la necesidad de concienciar a la población sobre la importancia que tiene sus datos personales y de formarla para que sepa cómo protegerlos ante posibles ciberataques. Pero, ¿cómo proteger los datos que se facilitan a terceros?

El ataque cibernético sufrido por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, con evidencias de la extracción de información de bases de datos de titulares de tarjetas de transporte público de la comunidad madrileña con datos identificativos (nombre, apellidos, domicilio, correo electrónico, teléfono, localidad y provincia, código postal, entre otros) y de ventas de títulos de transporte, pone de manifiesto que los ciberdelincuentes siempre intentan encontrar una puerta por la que acceder a los datos de los usuarios y de la importancia, por tanto, de blindar todo acceso.

“Hemos de ser conscientes del valor que tienen nuestros datos y de que ese valor se puede traducir en dinero si se comercializan, por ejemplo, en la Deep Web”, recuerda Fernando Suárez, presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática (CCII) de España y del órgano colegial gallego. Además del perfilado personal, el informático gallego advierte de que a través de estos ataques, los ciberdelincuentes pueden acceder a contraseñas de acceso a servicios de todo tipo (bancario, perfiles en redes sociales, etcétera), y el usuario puede llegar a sufrir chantaje a cambio de no hacer públicos ciertos datos, como fotografías y vídeos personales.

En su opinión, este ciberataque constata la vulnerabilidad de particulares, corporaciones y organismos públicos ante los ciberdelincuentes, que también se han atrevido con gigantes como Google. El buscador desveló que en 2023 sufrió y repelió el mayor ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS) jamás registrado hasta la fecha. Diez años antes, Yahoo sufrió un robo de datos que afectó a cerca de 3.000 millones de cuentas y en 2018, un ataque informático a Facebook dejó al descubierto datos de 50 millones de cuentas en la red social.

“Casos como éste deben servir para tomar medida para evitar que vuelvan a repetirse”

Fernando Suárez

— Presidente de los informáticos

“Creo que no hay que demonizar a las entidades públicas por algo así, sino que debemos darnos cuenta de que hoy en día están tan expuestas o más que otras organizaciones. Hay multitud de motivaciones para estos ataques y no cabe duda de que, por el volumen de información o la repercusión mediática del ataque, las administraciones públicas son muy atractivas para los ciberdelincuentes”, opina.

En cualquier caso, los ciberataques a organismos públicos que manejan millones de datos de usuarios despiertan un sinfín de preguntas y dudas: ¿Qué persiguen los cibercriminales con este tipo de ciberataques? ¿Qué usos pueden hacer de los datos extraídos? ¿Tenemos los ciudadanos que preocuparnos? ¿Es posible que con esta información suplanten nuestra identidad y realicen transacciones en nuestro nombre? ¿Cómo proteger los datos que facilitamos a comercios, bancos y entidades públicas? ¿Se pueden exigir responsabilidades?

Empezando por la última cuestión, Suárez sostiene que podría haber responsabilidad en el robo de datos en el caso de que no se hubieran tomaron las medidas oportunas o si no se hubiera cumplido con el plazo de comunicación del ataque. “Pero, personalmente, creo que lo que debemos hacer es aprovechar casos como éste para que todos, administraciones, profesionales del sector y usuarios a todos los niveles, tomemos conciencia y apliquemos todas las medidas que están en nuestra mano para intentan evitar que se repitan”, manifiesta.

El ciberataque a una empresa o entidad ajena escapa del control del titular de los datos, aunque sí se puede intentar reducir los daños ante una eventual incursión delictiva minimizando el conjunto de datos que se ceden e intentando identificar aquellas empresas que transmiten confianza en el acceso a los datos de otras que no, aunque esto, reconoce Suárez, tampoco es una garantía absoluta. “Los ciudadanos tenemos que ocuparnos y ser conscientes de proteger esta información, aunque no siempre la responsabilidad sea nuestra, como en el caso del consorcio, donde la protección de la información no estaba bajo nuestra responsabilidad. Aunque en este caso, la responsabilidad trasciende a los usuarios afectados, muchas veces cedemos datos e información a sitios donde ya se percibe que la seguridad no es la que debiera”, dice.

En cuanto a qué buscan los ciberdelincuentes por medio de estos ataques, las motivaciones son variopintas, al igual que lo es la tipología de los delitos. “Pueden ser desde intereses monetarios, por ejemplo, por la venta de datos personales que pueden ser usados por terceros para ataques tipo ‘phishing’ o, en caso de ataques tipo ‘ransomware’, pidiendo un rescate para volver a hacer accesibles los datos y permitir la continuidad del negocio; el desprestigio de la entidad o empresa atacada, mermando su imagen; la venganza de empleados descontentos, y ‘hacktivistas’…”, dice.

Suárez reconoce que el alcance de las consecuencias de un ciberataque que afecta a millones de usuarios es difícil de calcular. Por ello, ante este tipo de incursiones, recomienda actualizar las contraseñas en los distintos servicios e, incluso, optar por opciones como el doble factor de autentificación, eligiendo dos de tres elementos del grupo ‘algo que soy’ (biometría), ‘algo que tengo’ (un token) y ‘algo que sé’ (contraseña). “En este sentido, también es importante la normativa que, ante filtraciones de información, obliga a notificar a los posibles afectados, de modo que, si estamos en esta circunstancia, recomendamos incrementar si cabe, nuestras precauciones”, añade el informático gallego.

Semana complicada para OpenAI. En los últimos días, la compañía responsable de ChatGPT ha sido demandada en hasta cuatro casos distintos que van desde la presunta violación de los derechos de autor al incumplimiento de acuerdos contractuales.

El último en acudir a la vía judicial ha sido Elon Musk. Este jueves, el magnate tecnológico presentó una denuncia contra OpenAI, su consejero delegado, Sam Altman, y su presidente, Greg Brockman, acusándoles de incumplir el pacto que cerraron al fundar juntos este laboratorio de inteligencia artificial (IA) en 2015.

En sus inicios, la ‘startup’ se definió como una organización de código abierto y sin ánimo de lucro que abogaba por desarrollar esta tecnología en “beneficio de la humanidad”. Musk abandonó el consejo de administración de OpenAI en 2018. Un año después, la empresa puso a Altman al frente y abrió una filial con ánimo de lucro. Para el hombre más rico del mundo, esa búsqueda de beneficios supone una violación de su acuerdo fundacional.

2019 fue un año de importantes cambios para OpenAI. Y es que Microsoft invirtió 1.000 millones de dólares en ella. A principios de 2023, y con ChatGPT convertido ya en un fenómeno global, el gigante informático añadió otros 10.000 millones a su inversión e integró la IA en su negocio, estrategia que le ha permitido superar a Apple para convertirse en la compañía más valiosa del mundo.

OpenAI afronta otros litigios. El miércoles se supo que otros tres medios de comunicación han demandado a la compañía, alegando que infringe los derechos de autor al usar sin consentimiento ni retribución económica contenidos protegidos como sus artículos para entrenar su modelo de IA. Según los pleitos presentados por The Intercept, Raw Story y AlterNet, ChatGPT reproduce “textualmente o casi textualmente obras periodísticas protegidas por derechos de autor sin proporcionar información sobre el autor, el título, los derechos o las condiciones de uso contenidas en dichas obras”.

No es el primer así y tampoco será el último. A finales de diciembre, The New York Times presentó una demanda similar contra OpenAI y también contra Microsoft acusándolas de “copiar ilegalmente” millones de sus artículos para entrenar el modelo de lenguaje que permite al popular chatbot responder a las preguntas de los usuarios. La Asociación Medios de Información (AMI), representante de la industria mediática en España, apoyó esa demanda por “utilización indebida” de sus contenidos periodísticos.

Preguntado por ello, Altman explicó en Davos que OpenAI está “dispuesta a pagar por la información (…) por utilizar los textos que entrenan nuestros modelos algorítmicos”. Un mes antes, la ‘startup’ llegó a un acuerdo económico con el gigante mediático alemán Axel Springer para poder usar sus contenidos.