La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha aprobado dos nuevos módulos de compensación económica para los profesionales de la abogacía que presten asistencia jurídica en cualquiera de los métodos extrajudiciales de resolución de conflictos (MASC).

Así, en aquellos procedimientos en los que se alcance un acuerdo total, los honorarios serán de 385 euros, mientras en aquellos en los que no se alcance y se tenga que recurrir a la vía judicial, la remuneración será de 50 euros.

De acuerdo con la propuesta formulada por el Consejo Valenciano de la Abogacía, estos módulos se añaden a los ya existentes para el pago de los profesionales del turno de oficio, en aplicación de la Ley orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que incorpora la asistencia jurídica en la mediación como una nueva prestación de la justicia gratuita.

La Asistencia Jurídica Gratuita es un trámite por medio del cual se reconoce, a quienes acrediten carecer de recursos económicos suficientes, una serie de prestaciones consistentes principalmente en la dispensa del pago de honorarios de Abogado y Procurador.

Al igual que en el resto de justicia gratuita, para la justificación y pago de las nuevas subvenciones, el personal colegiado interviniente en la prestación del servicio debe acreditar ante su respectivo colegio, las actuaciones profesionales practicadas. Los colegios profesionales, a través de los consejos autonómicos, certificarán bimestralmente estas actuaciones, cuyos importes serán abonados por la Generalitat.

MASC

Los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) son mecanismos destinados a resolver conflictos sin necesidad de buscar la solución en un tribunal, y se aplican en asuntos civiles y mercantiles.

Estos procedimientos permiten que las partes implicadas, actuando de buena fe, busquen juntas una solución que satisfaga sus intereses. Los MASC se pueden llevar a cabo directamente entre las partes o con la ayuda de un tercero neutral e imparcial que facilite el entendimiento y el diálogo.

La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha aprobado la inclusión de baremos por los MASC para la abogacía que presta el servicio de justicia gratuita en la Comunitat Valenciana. Esta modificación, publicada hoy en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, responde directamente a una reivindicación del Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía que había solicitado reiteradamente su inclusión.

La Orden 28/2025, de 29 de julio, incorpora por primera vez compensaciones específicas por la intervención letrada en los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), como la mediación o la conciliación, cuando su uso es obligatorio antes de acudir a juicio. Además, se ha creado un nuevo módulo para acuerdos extrajudiciales legalmente previstos, y se ha eliminado el anterior módulo 7012, ya desfasado.

Desde el CVCA se valora muy positivamente esta medida, fruto de un diálogo constante con la Conselleria de Justicia y del trabajo técnico realizado en los últimos años. “La aprobación de estos módulos no solo dignifica la labor de las abogadas y abogados del Turno de Oficio, sino que también reconoce el papel creciente de la profesión en la resolución extrajudicial de conflictos, aunque se considere insuficiente en casos de no avenencia”, señala el presidente del Consejo, Fernando Candela.

A propuesta del Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía (CVCA), se incorporan dos módulos económicos inéditos:

• 385 € cuando se alcanza un acuerdo total en mediación u otros MASC.
• 50 € cuando no se alcanza acuerdo y se continúa el proceso por vía judicial, que se cobrarán además de los correspondientes a la actuación judicial.

Los nuevos módulos entran en vigor el 2 de agosto de 2025, con efectos económicos retroactivos desde el 3 de abril de 2025. Como en el resto de las actuaciones del Turno de Oficio, la justificación y tramitación de estas nuevas compensaciones se realizará por los colegios de abogacía a través del CVCA, que certificará bimestralmente las actuaciones a la Generalitat para su pago.

El presidente de la abogacía valenciana ha asegurado que “Seguiremos trabajando, como siempre hemos hecho, para que la justicia gratuita sea una herramienta de verdadera equidad social, y para que quienes la hacen posible día a día, las abogadas y los abogados del turno de oficio, reciban el reconocimiento y la retribución que merecen”.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Elche, a una mujer, de 56 años de edad, que le constaba en vigor una Orden Europea de Detención para Extradición (OEDE) dictada por las autoridades de Portugal por delitos de falsificación de documento y pertenencia a Asociación ilícita.

Fue el personal de los servicios de documentación de la Comisaría de Elche quien alertó a los compañeros de la Brigada de Policía Judicial para que comprobaran la situación de una mujer que se había personado en dependencias policiales para renovar su documentación y al parecer podría constarle en vigor una requisitoria por el país portugués. Fue entonces cuando a través de las Bases de datos de la Policía Nacional, comprobaron que sobre dicha persona pesaba una Orden Europea de Detención emitida por las autoridades de Portugal desde el año 2015, procediéndose a su detención.

La condenada se enfrenta a una pena de siete años y medio de prisión. Los hechos que se le imputan están relacionados con una investigación iniciada en el año 2006 y en la que se obtuvieron indicios para pensar que la detenida habría participado de forma continuada en la transformación fraudulenta de permisos de conducir de terceros países, por permisos de conducir portugueses, sin cumplir los requisitos legales y falsificando el documento.

Además, la arrestada habría participado en la obtención irregular de permisos de residencia en Portugal para personas que vivían irregularmente, la actividad se desarrollaba mediante la falsificación de visados de prórroga de estancia o permisos de residencia en territorio portugués y la obtención de certificados de residencia o certificados médicos para conductor de vehículos, expedidos en Portugal sobre la base de declaraciones falsas y documentos falsificados previamente.

Todos estos hechos los llevó a cabo en connivencia con otros sujetos. Según la sentencia portuguesa, el número de documentos y por lo tanto delitos, alcanza los 122 a lo que habría que añadir el delito de pertenencia a Asociación Ilícita.

La detenida, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.