Las obras que Susa Plaza escucha en las viviendas vacías de su edificio son ilegales. La vecina de Ciutat Vella lleva cuatro años sosteniendo un pulso con un fondo de inversión francés que pretende expulsarla del inmueble, tal como lograron en su día con el resto de inquilinos del bloque de 1850 situado en la calle Sogueros número 2, frente al mercado de Mossén Sorell. Tras recibir diferentes presiones, con cartas en tono amenazantes y visitas de intermediarios, los residentes pactaron indemnizaciones por la resolución de sus contratos y abandonaron sus pisos.
No fue el caso de Susa. La diseñadora y patronista de moda evitó firmar un derecho de retorno (según cuenta, nunca le pusieron el documento delante, y en todo caso nadie le aseguraba que pudiera volver) o la citada indemnización y resistió en su casa, que antes fue de su madre y antes fue de su abuela, desde 1920 hasta 2025. La vecina había vivido en una especie de calma inquietante desde que su bloque fue vaciado y pasó a ser un edificio fantasma, pero hace un año empezó a oír reformas. «Llegué al piso y empezaron, y yo, pero qué pasa? Retumbaba toda la casa. Al bajar vi que estaban aporreando todos los techos», relata Susa. «Llegaron a tirarme ladrillos de la pared de mi cocina con un agujero en el piso de al lado».
El edificio cubierto con una malla verde / Levante-EMV
La vecina de Ciutat Vella llamó a la policía y cuando acudieron los técnicos del ayuntamiento descubrieron que la declaración responsable que el fondo de inversión había pedido para poner un ascensor y rehabilitar la fachada interna no se correspondía en nada a lo que en realidad estaban haciendo. «Entonces les pararon la obra en septiembre más o menos, pero ellos han seguido trabajando igual hasta este mismo mes en los primeros pisos del edificio», cuenta la patronista.
El 20 de marzo, Susa recibió una carta firmada por el abogado intermediario del fondo de inversión donde le decían, entre otras cosas, que el Ayuntamiento de València les había informado que «las obras a realizar son favorables», para las cuales se contaba con la pertinente licencia que teóricamente permitía el derribo de la fachada interior, dejando su casa a la intemperie. «Si permanece en el edificio será a su riesgo y ventura, por nuestra parte vamos a dar traslado a bomberos por si son ellos quienes deciden el desalojo de bomberos», rezaba el texto.
La escalera del edificio que un fondo lleva años desalojando / Ana de los Ángeles
Amedrentada por la carta, el martilleo constante a su alrededor y las visitas y llamadas constantes del interlocutor del fondo, la vecina firmó la resolución de su alquiler hace varias semanas dejando vía libre a los inversores, sin embargo, en paralelo, la inspección del ayuntamiento visitó el edificio y comprobó que se habían tirado pavimentos protegidos, forjados, tabiques de los pisos, etc. Por ello, en una resolución firmada el 14 de abril (notificada a la promotora y la policía), el servicio municipal declara la falsedad de la declaración responsable de obra, ordena la inmediata suspensión de las mismas, otorga dos meses para legalizar los trabajos ya ejecutados, y apercibe que el incumplimiento de las obras conlleva una sanción coercitiva.
Susa ya ha empacado buena parte de sus pertenencias / Ana de los Ángeles
Susa había perdido el pulso con el fondo, pero la nueva resolución quizá le dé una oportunidad de resistir en el barrio que la vio nacer. Su contrato expiraba en 2029.