El pleno del Consell ha ratificado una solicitud de autorización al Gobierno de España para formalizar una operación de endeudamiento fuera del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Al no haber sido aprobado aún dicho fondo por parte del Ejecutivo central, la Generalitat Valenciana ha optado por una vía alternativa: recurrir a préstamos de entidades financieras privadas, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios públicos.
«No nos ha quedado más remedio que acudir a la financiación de las entidades privadas», ha afirmado la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. Merino, que ha comparecido junto a la portavoz y vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, ha señalado que esta operación está condicionada a que el Consejo de Ministros otorgue la autorización correspondiente a la Generalitat.
La consellera ha recordado que esta es «la primera vez en 12 años» que el Gobierno no ha habilitado el FLA extraordinario que permite a la Generalitat cubrir el déficit autonómico del ejercicio anterior. «Es un mecanismo que se creó como extraordinario, pero en el caso de la Comunitat Valenciana, la comunidad peor financiada de España con Murcia, se ha convertido en algo habitual y es la única forma que nos permite el Gobierno para pagar a los proveedores», ha añadido.
Una operación que necesita la autorización del Gobierno
Merino ha recalcado que «el origen de todo esto está en un sistema de financiación que no se reforma, que lleva más de diez años caducado». Ha añadido que «el Gobierno no parece tener intención de avanzar» en esta materia, y ha criticado «la negativa a habilitar ese fondo de nivelación que llevamos tantos años solicitando, además de otros agravios como la actualización tardía de las entregas a cuenta».
A su juicio, la actitud del Gobierno «demuestra una falta de lealtad institucional hacia el sistema financiero y la prestación de los servicios públicos de la Generalitat». A esto —ha señalado Merino— se suma el hecho de que, a diferencia de lo que venía ocurriendo cada mes de diciembre, este año no se ha habilitado el FLA para financiar el déficit no autorizado de las comunidades autónomas.
Ante esta situación, la Generalitat había fijado como fecha límite este pasado lunes, 7 de julio, para disponer de los fondos del FLA y poder hacer frente a los pagos a proveedores. Al no recibir respuesta por parte del Gobierno, se ha activado esta «vía alternativa de financiación para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales».
Cabe destacar que esta operación de endeudamiento alternativa, por un importe de 1.816 millones de euros, está supeditada a la aprobación del Gobierno, ya que ahora corresponde al Consejo de Ministros autorizarla formalmente.
Con este préstamo de entidades financieras, el Consell espera cumplir los plazos previstos y abonar las facturas pendientes antes de que finalice el mes de julio. «Esta autorización que se necesita supone que estamos de nuevo en manos del Gobierno de España», ha reconocido Merino.
«Nos hemos visto obligados a recurrir a esta financiación»
En este sentido, el Consell confía en que el próximo Consejo de Ministros, previsto para el martes 15 de julio, apruebe la autorización pendiente. Preguntada por la posibilidad de que dicha aprobación no se produzca, Merino ha descartado contemplar ese escenario: «No sé qué podrían alegar para negarnos esto».
La consellera de Hacienda ha criticado la postura del PSPV en este asunto y ha recordado que el Consell cuenta con el respaldo de los sindicatos y la patronal de la Comunitat Valenciana. «Este Consell no está solo, tenemos a los agentes sociales de nuestra parte», ha señalado.
En caso de que el Consejo de Ministros autorice esta solicitud, el Consell pondría en marcha un mecanismo «que ya se está preparando» para tramitar las gestiones necesarias y disponer de la liquidez que permita pagar a los proveedores. Para ello, será necesario aprobar un decreto ley de crédito extraordinario, similar al que se tramitó en su día para cubrir los gastos de reconstrucción derivados de la DANA. Una vez aprobado por el Consell, dicho decreto deberá ser ratificado por Les Corts.
«La realidad es que el Gobierno de España no ha dicho de forma expresa que no vaya a haber FLA extraordinario, pero sabe que las necesidades eran urgentes y, ante la negativa de dar alguna explicación adicional al respecto, nos hemos visto obligados a recurrir a esta financiación», ha añadido Merino.
Importe de 1.816 millones de euros
Sobre los detalles de esta operación, la financiación se plantea a corto plazo, a un año, con un importe de 1.816 millones de euros que se articulará mediante varios préstamos bilaterales con entidades financieras. Los fondos se destinarán prioritariamente al pago de facturas pendientes, especialmente del gasto farmacéutico y de otros proveedores de servicios públicos esenciales.
Merino ha valorado como «muy buena» la respuesta de las entidades financieras, que van a cubrir la totalidad del importe, lo que «demuestra una vez más la confianza de las entidades en la Generalitat».
En una segunda fase, prevista para el mes de diciembre, se cubrirían los 674 millones de euros restantes del déficit autonómico de 2024, mediante el mismo mecanismo.
Aunque todavía está por concretarse el tipo de interés de los préstamos, ya que dependerá de cada entidad, la consellera ha reconocido que esta vía podría resultar más costosa. «Con este préstamo hablamos a corto plazo, el FLA es a largo plazo. Los tipos son diferentes, pero si los ponemos en términos homogéneos los tipos serían más altos», ha apuntado.
Susana Camarero descarta recortes
Por su parte, la vicepresidenta Susana Camarero ha hecho referencia a los ajustes que el Consell viene aplicando desde el inicio de la legislatura, que son «su seña de identidad», pero que en ningún caso pretenden «compensar» la situación de infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana. «Seguimos trabajando desde todas las consellerias en profundizar en medidas de priorización y optimización del gasto», ha apuntado.
En este contexto, ha criticado las declaraciones de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y ha descartado que el Consell tenga intención de aplicar recortes. Así, ha matizado que lo que hará el Gobierno valenciano es «continuar con las medidas que se están poniendo en marcha desde el principio de la legislatura». «Me parece gravísimo que la delegada del Gobierno se atreva a hablar como lo ha hecho esta mañana», ha censurado.
Con todo, ha subrayado que estas medidas de optimización del gasto «no son la solución al problema fundamental, que es que tenemos un Gobierno que menosprecia a la Comunitat Valenciana».
AVA-ASAJA valora que se supriman «gastos superfluos»
Sobre esta situación, desde el sector agrario, el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, ha afirmado que «si el Gobierno no paga el FLA y no financia de manera adecuada a la Comunitat Valenciana, pone contra las cuerdas a la Generalitat para afrontar la gestión diaria y la recuperación tras la DANA».
«Mientras otras comunidades reciben hasta 850 euros más por habitante, a los valencianos se nos trata como ciudadanos de tercera y eso se traduce en menos presupuesto para el estado de bienestar o la agricultura. Así se genera deuda y malestar», ha censurado.
Asimismo, la asociación ha considerado positivo que la Administración autonómica trabaje en suprimir gastos superfluos, ya que «el exceso de regulación normativa y burocracia es un lastre para la competitividad de nuestra economía, tanto en costes como en tiempo».