La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, respira más tranquila. La jueza que investiga la dana ha rechazado una querella contra ella … por supuestamente no reclamar al Ejecutivo central que declarara la situación de emergencia nacional. La acción penal estaba dirigida por la organización Hazte Oír y se enfocaba únicamente en esta cuestión. La representante en la región del Gabinete que preside Pedro Sánchez comprueba de esta forma cómo toda la polémica acerca de esa eventual declaración -fundamentalmente en las horas posteriores a la tragedia- queda fuera de la investigación penal. Las diligencias se enfocan así hacia la «palmaria ausencia de avisos» para evitar la catástrofe humanitaria de aquella jornada, que finalmente se saldó con 227 muertos.
La titular del juzgado competente en este caso recuerda que esa escalada en el nivel de la emergencia (del 2 al 3) puede decretarla por iniciativa propia el Gobierno central -encabezado por Sánchez-, pero también pedirla la Generalitat -presidida en este caso por Carlos Mazón-. No se articuló ninguna de esas opciones porque sí existió un consenso a nivel autonómico y central en que no procedía la declaración de emergencia nacional.
La instructora insiste en que su trabajo consiste en apuntar o descartar la existencia de un nexo causal. En este caso derivado de la posición de garante -la Generalitat tiene la obligación de velar por la seguridad de los ciudadanos- a lo que ha de sumarse el análisis de la concreta acción que se omitió. La falta de información a los residentes de las zonas afectadas desembocó en un desconocimiento total y absoluto de la situación de riesgo, recoge el auto. Esta ignorancia llevó a que las víctimas, muchas de ellas de la tercera edad, «permanecieran en plantas bajas, bajaran a los garajes o permanecieran simplemente en las calles, con sus vehículos».
El uso del sistema Es Alert, que incluye el famoso mensaje que llegó a las 20:11 horas del ya fatídico 29 de octubre del año pasado, se limitó a instar a que se evitaran desplazamientos, mensaje manifiestamente «tardío y erróneo». No se ofreció ninguna alternativa de protección. Y todo esto, según la resolución judicial, es competencia directa de la Generalitat que tiene las atribuciones en materia de protección civil. En este sentido, la inactividad se produjo en dicho ámbito. Por eso, una eventual imputación de la delegada del Gobierno «carece de cualquier asidero legal».
«La cercanía, esencial»
La magistrada continúa con su argumentación sobre el aspecto competencial en este caso: «La cercanía de la comunidad autónoma a los ciudadanos, al lugar donde se estaba produciendo la emergencia, constituye un elemento esencial en el ámbito de la protección civil, permite conocer la gravedad de la emergencia y acordar lo procedente con la máxima celeridad, uno de los principios por los que se rige la protección civil». Nada afecta al envío de los mensajes que se declarara o no la situación de emergencia nacional.
La juez aprovecha el auto para describir la caótica situación de los días posteriores, cuando ya se había constatado un altísimo número de fallecidos. «Las poblaciones estaban devastadas, faltaban recursos esenciales como luz, agua, teléfono, no se podía circular por las calles, el barro lo inundaba todo, las carreteras estaban impracticables, puentes derribados, no había servicio de tren ni metro, se producían pillajes y los voluntarios suplían la tardanza en la ayuda». Pero todo aquello no tuvo incidencia en las horas previas.
La resolución de este lunes, no obstante, no anula por completo la posibilidad de que Bernabé termine declarando en el juzgado por su participación en el «comité de dirección» durante la gestión de la emergencia. Se trataría de conocer su papel y contrarrestar las versiones que puedan ofrecer otros miembros del Cecopi, entre ellos, la propia consellera Salomé Pradas.
El Gobierno y el Consell, por otra parte, se mostraron este lunes de acuerdo en reforzar el juzgado que instruye la dana. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, comunicó a la consellera Núria Martínez que su departamento apoyará el refuerzo de un juez y un letrado de la Administración de Justicia para el citado órgano judicial.