La Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la decisión de investigar al el ex secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat, Emilio Argüeso, por su presunta responsabilidad en la gestión de la DANA. La Sección Segunda de la Audiencia ha desestimado el recurso de apelación presentado por Argüeso —al que se había adherido el Ministerio Fiscal— contra la decisión de la jueza instructora del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que el pasado 10 de marzo acordó citarle a declarar como investigado, junto a la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.
En su auto, los magistrados respaldan la resolución de la jueza y concluyen que “no es irrazonable ni arbitraria”, teniendo en cuenta el objeto de la investigación judicial. Subrayan, además, que la citación como investigado forma parte de la fase inicial del proceso penal, en la que no se exige todavía una prueba concluyente, sino elementos suficientes que justifiquen la necesidad de esclarecer responsabilidades.
La Audiencia recuerda que la posición de garantía de un cargo público no es una “foto fija”, sino que debe analizarse dentro del proceso de toma de decisiones que se investiga, y que será este marco el que determine, en función del resultado de la instrucción, si se confirma o descarta su posible responsabilidad penal.
En su resolución, los magistrados repasan también la Ley 4/2017 de la Generalitat, que regula la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), así como el Decreto 122/2017, que fija el reglamento orgánico y funcional del organismo, bajo cuya dirección operaba la Secretaría Autonómica de Emergencias en el momento de los hechos.
El tribunal advierte que la investigación debe ir más allá de constatar que existió una infracción de deber. Será necesario, subraya la Audiencia, verificar si se puede establecer un vínculo causal entre la supuesta omisión de conducta por parte de los responsables y los fallecimientos producidos, y si esa actuación omitida habría podido evitar el resultado trágico.
Con esta decisión, la causa judicial abierta por los efectos mortales de la DANA da un nuevo paso, confirmando que la investigación sigue adelante contra antiguos altos cargos de la Generalitat, en un proceso que continúa en fase de instrucción y que busca esclarecer si hubo responsabilidades en la gestión de la emergencia más grave vivida en la Comunitat Valenciana en los últimos años.
La jueza deniega citar como testigos a seis altos cargos
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja también ha rechazado la petición de una acusación particular para que se citara como testigos a diversos altos cargos del Gobierno central, la Generalitat Valenciana, Adif y la Diputación de Valencia en el marco de la investigación judicial por las consecuencias de la DANA del pasado 29 de octubre.
La solicitud, presentada por la representación legal de la viuda de un hombre fallecido en Cheste durante el temporal, pretendía que declararan, entre otros, el exsecretario de Estado de Seguridad, el actual secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, los directores generales de Transportes y Logística y de Infraestructuras Viarias de la Generalitat, la secretaria general de Adif y el director del Área de Carreteras de la Diputación de Valencia. También se había pedido recabar diversa información de la Dirección General de Tráfico sobre el estado de carreteras e infraestructuras afectadas.
Sin embargo, la jueza instructora considera que ninguna de esas diligencias contribuiría a esclarecer el “trágico fallecimiento” investigado, ya que —según se señala en la resolución— este se produjo en el interior de una vivienda en la localidad de Cheste, y no en un desplazamiento “in itinere”, es decir, en tránsito.