La investigación de la financiación ilegal del PSPV en el seno de la causa Azud pende de un hilo. La Audiencia ya dio carpetazo a … las diligencias que afectaban al empresario Luján al considerar que los hechos están prescritos. De inmediato, el otro empresario salpicado por esta actividad, Enrique Gimeno, quiso aprovechar la puerta abierta por su compañero. Al cabo de una semanas, reclamó el sobreseimiento al considerar que las situaciones de uno y otro eran idénticas y, por tanto, también debía serlo el desenlace. La Fiscalía Anticorrupción sostiene lo contrario.
El ministerio fiscal, en primer lugar, señala que los pagos se producen de dos sociedades Sitra y Facsa –diferentes a las del otro empresario– y que se corresponden con el coste de gastos electorales de dos elecciones, las municipales de 2007 y las generales del año siguiente. Además, mantiene que esos pagos se realizaron por la adjudicación de un proyecto de desaladora en Moncofa, un encargo de más de 50 millones de euros y por otra serie de adjudicaciones públicas, según se desprende de la documentación que apareció en el registro de la casa de Pepe Cataluña, auténtico cerebro de las finanzas del PSPV.
Además, de igual modo, la UCO puso el acento en adjudicaciones a las firmas del empresario en el municipio de Gilet donde reside Cataluña y que probaría, para el fiscal, la estrecha relación que mantenían. A todo lo anterior, la acusación pública añade el detalle de que existe un mensaje de Cataluña a Gimeno en el que le envía los pliegos de una contratación pública en 2017. No son hechos que ocurran en un periodo que estaría prescrito.
Recuerda el fiscal en su escrito que Cataluña también fue consejero de Bancaja y que, de hecho, buena parte de las anotaciones de supuestos pagos, obra pública y empresas aparecen recogidas en hojas de la propia entidad bancaria.