El senador de Compromís, Enric Morera, ha registrado una batería de preguntas al Gobierno en las que exige máxima transparencia sobre las adjudicaciones públicas otorgadas en la Comunitat Valenciana a empresas investigadas por la UCO, en el marco de la presunta trama de cobro de comisiones ilegales vinculada a Santos Cerdán,  secretario de Organización del PSOE.

Según ha revelado la prensa en los últimos días, Cerdán habría sido socio directo de la empresa Servinabar 2000 SLU, vinculada a contratos millonarios adjudicados en distintos niveles de la administración, tanto local como estatal, y con vínculos empresariales con Acciona, también salpicada en la investigación. Entre los contratos señalados destacan obras en el puerto de València y Sagunt, así como los macrocontratos de alcantarillado y saneamiento del Ayuntamiento de València, valorados en casi 600 millones de euros.

“El Gobierno debe aclarar si se han manipulado adjudicaciones públicas, y si se va a actuar con contundencia para evitar que se repita una red clientelar de comisiones ilegales que afecta directamente a la limpieza y calidad democrática”, ha declarado Morera.

Así, desde Compromís se pide al Ejecutivo que detalle qué mecanismos de control se aplicaron en las adjudicaciones a la UTE liderada por Acciona, y si se ha investigado el papel de Servinabar, participada por Cerdán, en las licitaciones. Además, Morera ha exigido saber qué medidas se han adoptado para prevenir la corrupción y garantizar la independencia de los procesos de contratación, y si se ha planteado la revisión, paralización o rescisión de contratos donde haya indicios de amaño o enriquecimiento ilícito.

En su iniciativa parlamentaria, el senador de Compromís también reclama que se identifiquen los técnicos responsables de los informes de valoración y que se hagan públicos los criterios por los que fueron excluidas otras ofertas con mayor baja económica en algunos concursos clave.

“Ni el color político del ayuntamiento de València ni el del Gobierno central debe ser excusa: si hay sombra de corrupción, hay que investigarla a fondo, caiga quien caiga”, ha insistido el senador de Compromís.

Morera ha subrayado que estas preguntas se enmarcan en la labor de “control democrático y de defensa del interés público, ante el grave riesgo de que se esté consolidando una red de contratos amañados que afecta tanto a gobiernos del PP como del PSOE”.

La decisión de que Salellas defendiera a Cerdán se fraguó este martes por la tarde, después de que el propio exdiputado admitiera brevemente a los medios de comunicación a las puertas de su casa que cuando tuviese abogado y compareciese ante el juez, haría declaraciones y demostraría su inocencia.

Salellas, nacido en Girona en 1977, fue uno de los redactores de la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña (DUI) que se aprobó el 27 de octubre de 2017 en el Parlamento catalán y que fue suspendida y anulada por el Tribunal Constitucional. Tras su salida de la Cámara autonómica por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ejerció como letrado de Jordi Cuixart.

Perteneció al denominado «comité estratégico del referéndum» que, a su vez, se reunía con el denominado «Estado Mayor» del ‘procés’, entre estos, David Madí y la republicana Marta Rovira (ERC). Desde este grupo se establecían las líneas generales que los partidos independentistas en el Parlament debían seguir para culminar la ruptura de España. Fue también abogado de Anna Gabriel, igualmente exdiputada de la CUP y ha defendido a investigados en causas relativas al proceso independentista, como es el caso del Tsunami Democràtic e implicados en casos que, al final, han acabado por incluirse en la ley de amnistía aprobada por el Congreso.

Otras causas

Fuera del ámbito político, Salellas ejerce de abogado de la familia Jubany, por el asesinato, aún sin resolver, de Helena, una joven de 24 años cuyo cadáver se localizó en diciembre de 2001. Cuatro años se sobreseyó por primera, tras una pésima instrucción, y, gracias al esfuerzo del letrado, no sólo se reabrió, sino que se realizaron nuevas pruebas que se han saldado con la imputación de sospechosos de haber perpetrado el crimen.

También en la crónica negra, ejerce la defensa de Jordi Magentí, detenido por su presunta implicación en el crimen de Susqueda (Girona). Único encausado por la muerte de Marc Hernández y Paula Mas, el abogado consiguió que la Audiencia de Gerona lo dejase en libertad sin fianza, meses después de ingresar en prisión provisional. Ahora asume la difícil tarea de sostener la presunción de inocencia de Santos Cerdán, muy tocada tras el informe de la Guardia Civil de la semana pasada en el marco del ‘caso Koldo’. Un documento centrado en el presunto amaño de obra pública a través del Ministerio de Transportes bajo la etapa de José Luis Ábalos (2018-2021), que sitúa al exnúmero tres del PSOE en la gestión del reparto de las presuntas mordidas.

La UCO introduce este intercambio de mensajes entre quienes acabarían siendo el secretario de Organización del PSOE y el asesor para todo del exministro José Luis Ábalos como evidencia de «la fuerte confianza depositada por el primero en el segundo». Era Cerdán, certifican los agentes encargados de la investigación que ha situado al número tres de los socialistas al borde de la imputación, el que encargaba los «cometidos» a Koldo. Y alguno era tan sensible como el de recabar papeletas para que Sánchez se impusiera a Madina en los comicios entre la militancia del partido. Fuentes del entorno del exdiputado vasco confirman a este periódico que él no tiene previsto activar ninguna medida tras desvelarse las supuestas maniobras en las primarias que perdió en el conjunto de España. Aunque sí las acabó ganando -y el resultado ha adquirido hoy una particular e insospechada relevancia- en Navarra.

La UCO describe los nexos entre Cerdán y Koldo, como un factor determinante en la presunta red de comisiones ya en manos del instructor del Supremo, Leopoldo Puente, en los folios 38 y 39 de su voluminoso informe. El documento sitúa en 2013 el inicio de los lazos entre ambos, siempre por su militancia compartida en el Partido Socialista de Navarra (PSN), y cita, a modo de ejemplo de cómo Koldo mantenía contactos con destacados cargos del partido, que cuatro años después, en 2017, se le incluyó en un grupo de WhatsApp titulado ‘Strios. Grales’ (por, se deduce, ‘secretarios generales’). «Santos [los investigadores identifican en su informe por su nombre de pila al responsable de Organización del PSOE] le trasladaba diferentes cometidos a Koldo algunos de ello demostrando una fuerte confianza depositada por el primero en el segundo», puede leerse (sic) en las mencionadas páginas.

Una causa convertida en hidra

Cuando estalló lo que, en origen, fue el ‘caso Koldo’, transformado tras las pesquisas de la UCO y la instrucción del juez del Supremo en una hidra de pesadilla para el PSOE, las miradas giraron hacia aquellas primeras primarias de 2014 de Sánchez -en las segundas, las de 2017 del Peugeot y las bases contra toda la vieja guardia de los socialistas, venció a Susana Díaz-. Aquellas primarias en las que, contaban algunas fuentes, Cerdán desplazaba al ahora presidente del Gobierno por territorio navarro. Como afloraban testimonios de que habían sido el futuro dirigente nacional y el exlíder del PSN Roberto Jiménez quienes abrieron la puerta del partido a Koldo, quien custodiaba pro entonces la de un conocido puticlub en Pamplona. Ferraz siempre rebajó esa relación -«ninguna», se llegó a pintar en la dirección del partido cuando comenzaron las investigaciones-, circunscribiéndola a que ambos, Cerdán y Koldo, ejercieron de concejales «en lo más duro del terrorismo de ETA», uno en Huarte y el otro en Milagro. Y a que el número tres del PSOE ayudó laboralmente a su excompañero de sigla. El trabajo inicial de chófer que asumió para Ábalos.

La concejala socialista Nuria Llopis ha mostrado su satisfacción después de que todos los grupos políticos hayan apoyado una moción de los socialistas en la que se instaba a la Junta Central Fallera a no volver a cerrar ningún patrocinio con ninguna empresa que pretenda utilizar la imagen de la Fallera Mayor de València y su Corte de Honor. Llopis presentó el texto para que no se volviera a repetir episodios como el del crucero a Ibiza con 140 personas que se cerró con el compromiso de que la empresa pudiera utilizar promocionalmente la imagen de las falleras, un viaje que está siendo investigado por la Agencia Antifraude.

“Sinceramente, nos alegramos de que podamos llegar a acuerdos entre todos los partidos en temas tan importantes de la fiesta. Gracias a este acuerdo, en la próxima comisión presentaremos y aprobaremos una moción que, precisamente, presentamos desde el Partido Socialista para que la Junta Central Fallera se comprometa a no cerrar ningún patrocinio o convenio de colaboración con ninguna empresa que pretenda utilizar la imagen de la Fallera Mayor de Valencia y su corte de honor como veníamos viendo en años anteriores”, ha indicado.

Para la concejala socialista, este acuerdo es importante porque “los socialistas siempre hemos defendido que las Falleras Mayores de València no son un producto publicitario y, por lo tanto, deben ser independientes a cualquier acuerdo al que llegue el organismo autónomo con cualquier empresa para el ejercicio fallero”.

En este sentido, ha defendido la propuesta que lanzó el Grupo Municipal Socialista y que se ha trabajado conjuntamente para llegar a un consenso. “Después de haber trabajado conjuntamente, llevaremos a la próxima comisión una propuesta unánime que marcará esa línea roja que a partir de ahora Junta Central Fallera no cruzará con las Falleras Mayores de València y sus Cortes de Honor”, ha finalizado.

La Diputació de València inyectará 60.000 euros a cada municipio afectado por la dana para contratación de personal. La partida total prevista es de seis millones, las bases de la subvención nominativa ya están redactadas y se podrán beneficiar los ayuntamientos recogidos en el decreto de la Generalitat, en el que se incluyen 103 municipios, 28 municipios más que en el del Gobierno central.

“Se han valorado distintas opciones para ejecutar la partida y finalmente se ha decidido dar una subvención nominativa a los ayuntamientos para que ellos decidan porque son los que saben qué tipo de profesionales necesitan”, ha explicado la entonces diputada de Asesoramiento Municipal, Paz Carceller.

Sobre la actuación de la Diputación en materia de asesoramiento a municipios tras la dana, Carceller ha explicado que “teníamos claro que una prioridad era asistir a los municipios dañados y desde el minuto uno pusimos el servicio de asistencia técnica a su disposición ofreciendo arquitectos e ingenieros, y poniéndonos en contacto con los colegios profesionales para llegar donde no podíamos por falta de personal; el día 30 ya se estaban haciendo visitas para hacer evaluación de daños”.

Así, tanto la diputada como el jefe técnico del área, Jorge Gil, han detallado la actuación de la Diputación en los primeros días tras la riada. En primer lugar, se realizó una preevaluación, se extrajeron datos del Geoportal Dival y se contrastaron con las fotografías aéreas disponibles en

esos momentos de las zonas inundadas. En base se estos datos se elaboró una primera estimación de daños en equipamientos municipales que se acercó a los 700 millones de euros. Paralelamente, el día 3 de noviembre se habilita un correo para recibir información de infraestructura dañadas, en dos días se reciben 76 correos de 48 municipios.

Además, han especificado que en la primera fase de evaluación, que empieza el 4 de noviembre, se evalúan 21 municipios de la Serranía, Camp de Túria y Utiel-Requena, se cumplimentan 173 fichas y se calculan unos daños de 43 millones de euros. Gil ha explicado que “se empieza por estos pueblos porque por ser pequeños se entendía que necesitaban más ayuda y porque era prácticamente imposible entrar en l’Horta Sud”. En la segunda fase, iniciada el 25 de noviembre, se evalúan 14 municipios de la zona cero, se cumplimentan 188 y se estiman unos daños de 110 millones.

Previamente a esta evaluación de daños, desde el día 30 el servicio hace de canalizador de llamadas, se canalizaron multitud de llamadas de ayuntamientos pidiendo ayuda y de técnicos que ofrecían su ayuda; de hecho, hubo puentes que se revisaron por diferentes profesionales que prestaron ayuda sin contraprestación económica.

Por su parte, la vicepresidenta segunda, Reme Mazzolari, ha subrayado que “una vez más, la Diputación ha encabezado la iniciativa de los trabajos”. “Hasta el 20 de noviembre los únicos que estábamos trabajando para ayudar a los ayuntamientos a evaluar los daños éramos nosotros, la Diputación; a partir de ese día el Gobierno encargó a Tragsatec hacer los mismos trabajos, Tragsatec tenía una ficha más sencilla que la nuestra, que era más completa, nos pidió ayuda para evaluar municipios y ahí estuvimos haciéndonos cargo de 14 municipios de l’Horta Sud”, ha recalcado.

Para el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, “el área de Asesoramiento Municipal hizo un trabajo muy importante para los municipios, de ese trabajo pudieron cuantificar los daños que tenían y pedir a otras administraciones las ayudas pertinentes”. Por eso, ha destacado Mompó, “quiero agradecer al personal de esta casa su trabajo, por su disponibilidad día y noche, desde esa misma tarde ya estuvimos en contacto con los ayuntamientos, todo el personal de la casa estuvo a disposición”. Un agradecimiento que Mompó ha querido hacer extensible “a profesionales anónimos y empresas que estuvieron a pie de calle ayudando para empezar en la reconstrucción”