El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha anunciado que va a presentar una denuncia en los juzgados por las coacciones que está ejecutando un fondo buitre a través de una empresa de desocupación contra una inquilina de la calle Sogueros de València que tiene un contrato de alquiler en vigor hasta 2029.

El responsable socialista, que se ha reunido esta mañana con la inquilina, ha denunciado que la empresa contratada por el fondo buitre “no solo está coaccionándola sino que incluso han entrado en su piso, han destrozado los baños, la cocina y le han roto su puerta, que ha desaparecido. Y todo ello cuando no se encontraba en su domicilio este fin de semana. El acoso es de tal magnitud que han situado a unos matones para tratar de coaccionar, amedrentar y generar miedo para que abandone su casa”, ha relatado.

En este sentido, Sanjuan ha indicado que esta mañana le ha trasladado a esta vecina de València la disposición del grupo municipal socialista a prestarle la ayuda que necesite y ha anunciado que va a poner en marcha tres acciones muy concretas.

“La primera es que vamos a poner este caso en conocimiento de la oficina de vivienda del ayuntamiento para obligar a que sea directamente el ayuntamiento quien defienda los intereses de esta vecina y medie con este fondo buitre. La segunda, trasladarle al área de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia que aquí se están haciendo obras ilegales como ellos mismos ya han reconocido y que obliguen, por lo tanto, a esta empresa a reponer el edificio al estado anterior a cuando ellos entraron. Entre otras cosas, porque han reconocido que las obras que están haciendo ponen en riesgo la seguridad de la vecina porque puede derrumbarse el edificio”, ha continuado.

El portavoz socialista ha hecho referencia así a una resolución del propio Ayuntamiento de València que declaraba ilegales las obras que había iniciado el fondo buitre en el edificio y que obligaba a paralizarlas de manera inmediata.

En tercer lugar, ha continuado Sanjuan, se va a interponer una demanda en los juzgados “porque lo que están haciendo puede considerarse un delito de lesiones en grado de tentativa. Están poniendo en riesgo la integridad física de una vecina para amedrentarle y hacerle salir de su hogar. Y, además, lo están haciendo falseando documentos como ellos mismos han reconocido. Por lo tanto, hay varios delitos que está cometiendo este fondo con la única intención de echar a Susa de su vivienda para poder especular con una vivienda en el centro de Valencia”, añadiendo antes de finalizar que consideran que el gobierno municipal está asumiendo una actitud pasiva frente al asunto

El Pleno ha aprobado, con los votos a favor del equipo de gobierno, y con carácter provisional, la sexta modificación de créditos extraordinarios del presupuesto municipal de este año, por un importe de 51,6 millones de euros. Esta incorporación de dinero a las arcas públicas permitirá financiar, entre otras acciones, la adquisición de un bloque de viviendas en el barrio de Sociopolis. La intención es incrementar el parque de viviendas destinadas a alquiler social. Concretamente, unos 6,68 millones de euros de dicha cantidad se destinarán a completar los 9 necesarios para ejercer el derecho de tanteo y retracto. Este instrumento permite a la administración adquirir inmuebles de VPO igualando el precio de venta al que salen al mercado. Mediante este mecanismo, el Ayuntamiento adquirirá 134 viviendas de protección pública en la pedanía de La Torre.

“Con este acuerdo, el consistorio evitará que estas viviendas sean adquiridas por un fondo buitre. También impedirá el desalojo de los vecinos y las vecinas de este edificio. A quienes, tras sufrir las consecuencias de la dana, se les subrogará el contrato de alquiler vigente”. “Posteriormente, estas viviendas estarán disponibles en la lista de alquiler asequible de la ciudad”, tal como ha explicado hoy la concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo. Asimismo, ha resaltado que “el objetivo municipal es incrementar el parque público de vivienda asequible. Esto se realizó como hizo el Ayuntamiento en 2023 con la compra de otro edificio en el barrio de Safranar”.

En el debate generado al respecto, el portavoz socialista en el consistorio, Borja Sanjuán, ha asegurado que “el equipo de gobierno, en un principio, no quería comprar el edificio de La Torre. Finalmente lo va a hacer con una ley que no defendía”. “Y, además, para ello aprovechan dinero de otras actuaciones previstas que no se van a ejecutar”, ha lamentado.

Por su parte, en representación de Compromís, la concejala Eva Coscollá, ha afirmado que “el gobierno municipal gestiona como si improvisara”. “De hecho, la sexta modificación presupuestaria demuestra que la maquinaria funciona sin rigor”, ha argumentado. “La adquisición del edificio de La Torres es una respuesta puntual hecha por presión social”, ha añadido.

La concejala de Hacienda ha defendido que “las modificaciones de crédito se ajustan a las decisiones de gobierno. Este ha realizado numerosas actuaciones en las pedanías afectadas por la dana. Esto incluye la intervención en otros municipios”.

María José Ferrer San Segundo ha explicado que la sexta modificación de 51,6 millones de euros, que ha centrado hoy la atención del Hemiciclo, “es transversal y necesaria”.

Sexta modificación presupuestaria

En su intervención, la primera teniente de alcaldía y concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, ha indicado que esta modificación permitirá, además de adquirir el edificio de La Torre, reducir la deuda en cerca de 25 millones de euros. También contribuirá a amortizar parcialmente el préstamo participativo de Valencia Parque Central. Además, se destinará al transporte público, a proyectos deportivos, Innovación, Servicios Sociales, Discapacidad, y al Palau de la Música. Asimismo, permitirá financiar el Plan Estratégico Valencia Music City entre otras cuestiones”.

Durante el debate, el portavoz del grupo municipal Socialista, Borja Sanjuán, ha criticado que de los 15 millones de euros reservados para la dana “quedan más de 11 millones por asignar”. En este sentido, el concejal ha preguntado “¿qué puede pasar más grave para no ejecutar ese presupuesto destinado a emergencias?”. Asimismo, Sanjuán ha afirmado que “cada cual se define por sus presupuestos y sus modificaciones presupuestarias”. Hizo esta afirmación en clara alusión a las subvenciones nominativas desaparecidas respecto de la UV y la UPV. Dichas subvenciones apoyaban su trabajo con ONGs. “Estas suman la misma cantidad que el gasto que ha supuesto el concierto de Francisco y de Meconios”. 

Por su parte, la representante de Compromís, Eva Coscollà, ha afirmado que el presupuesto “es un espejo que refleja aquello que un gobierno es de verdad. Esto es más allá de lo que anuncia o promete”. Por ello, ha calificado las modificaciones presupuestarias como “rosario de incoherencias y desorden. Estas muestran que no hay planificación, ni hay rigor. Sino una mascletà presupuestaria donde detrás solo hay una política de efectos especiales pero sin guion”.

Para Coscollà la sexta modificación presupuestaria, la ejecución a 30 de junio y el informe sobre las aportaciones a los grupos municipales “son tres capítulos aparentemente separados pero que cuentan la misma historia. Esto significa, que la gestión improvisada no es estratégica, ni eficiente ni coherente. Se hace a golpes de titular no de proyecto. Y eso se nota porque tanto a los barrios, los pueblos y los servicios públicos no llegan ni las inversiones. Tampoco llegan las soluciones y los resultados”.

Finalmente, Ferrer San Segundo ha concluido cuestionando “las catástrofes que durante dos años la oposición está anunciando cada vez que hay una modificación. La realidad desmiente continuamente estos anuncios” y ha enumerado y defendido la gestión realizada en las pedanías “desde el primer día. Esto incluye actuaciones a todos los niveles como instalaciones viarias, de alumbrado, canalización y renovación de agua potable. También destaca la piscina de Castellar-l’Oliveral o la mejora de equipamientos afectados tanto sociales, culturales, deportivos como educativos”.

El acento de València ya no es el mismo. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado este martes iniciar el procedimiento para modificar la denominación oficial de la ciudad y adoptar la versión “Valéncia” (con tilde cerrada) como forma en valenciano, dentro de la propuesta de nombre bilingüe del municipio.

La iniciativa, impulsada por la Alcaldía y defendida por el área de Acción Cultural, ha contado con el respaldo de la mayoría absoluta del pleno, requisito indispensable para tramitar el cambio según la Ley reguladora de las bases del régimen local. La nueva grafía sustituye así a la forma oficial vigente desde 2017, “València”, con acento abierto.

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, ha explicado que el cambio responde a criterios lingüísticos y sociolingüísticos, y se basa en un informe técnico del académico de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) Abelard Saragossà, que defiende el uso del acento cerrado por ajustarse mejor a la pronunciación tradicional de los valencianos y a los estándares internacionales en materia toponímica.

Una vez aprobado este primer acuerdo, se abre un periodo de información pública de 20 días hábiles a través del Boletín Oficial de la Provincia y la sede electrónica municipal. Superado ese trámite, el Ayuntamiento deberá validar de nuevo el expediente antes de remitirlo al Consell de la Generalitat Valenciana, único órgano competente para fijar los nombres oficiales de los municipios de la Comunitat.

Un debate cargado de tensión

El debate plenario se ha desarrollado con fuertes discrepancias ideológicas entre el gobierno local (PP y Vox) y los grupos de la oposición (PSOE y Compromís), con intervenciones que han evidenciado el trasfondo político y simbólico de la propuesta.

El concejal de Acción Cultural, José Luis Moreno, ha defendido el cambio asegurando que “la propuesta está avalada por un filólogo y pone sobre la mesa argumentos razonables”. Ha subrayado que la decisión responde a una realidad social, y ha afirmado que “somos partidarios del bilingüismo porque es una realidad en la ciudad”. También ha añadido que “la filología no es una ciencia exacta y evoluciona”, y que “la obligación de la administración es adaptarse a la forma de hablar de su población”.

Desde Vox, el concejal José Gosálbez ha reforzado la defensa de la propuesta apelando a una visión más identitaria: “como lo pronuncia el pueblo, como lo defiende la Real Academia de Cultura Valenciana y como lo promueven entidades como Lo Rat Penat”. También ha remarcado que “el informe técnico es claro y demoledor. Se basa en una investigación que nace en 1995, que concluye que la acentuación debe reflejar la realidad fonética, y que Valencia con acento cerrado se ajusta a la evolución histórica y real del valenciano”.

Por el contrario, los grupos de la oposición han criticado duramente la medida. El concejal socialista Borja Sanjuán (PSOE) ha denunciado que “lo que busca la derecha es situar la cultura, la lengua y aquello que nos identifica por debajo de la cultura española” y ha calificado la iniciativa de “nacionalismo español que niega la existencia de otras naciones en España” y de “un ejercicio de supremacismo”. Para Sanjuán, el cambio “no es girar un acento, es volver a la denominación en castellano” para regresar “al tiempo en el que esta administración solo utilizará el castellano”.

Finalmente, el concejal de Compromís Pere Fuset ha mostrado un rechazo frontal al debate: “No vamos a perder ni un minuto en discutir si el acento de València debe ser abierto, cerrado o circunflejo”. Asimismo, ha remarcado que el gobierno municipal quiere “crear un problema donde no lo hay” y ha concluido: “Cobran para hacer política, no lingüística, y si puede ser, potenciando el valenciano”.

De Valéncia a València y vuelta

La decisión tomada hoy supone un giro de 180 grados respecto a la posición institucional adoptada hace solo ocho años. En 2017, bajo el mandato del entonces alcalde Joan Ribó (Compromís), el Pleno del Ayuntamiento aprobó eliminar la forma bilingüe y establecer como única oficial la denominación en valenciano con acento abierto: “València”. Aquel acuerdo se justificó en su momento por razones de normalización lingüística y recibió el aval del Consell.

Con el cambio aprobado ahora, se reinstaura el bilingüismo institucional y se modifica, además, la forma gráfica en valenciano, adoptando el acento cerrado, tradicionalmente más usado en el habla popular pero sin respaldo normativo oficial hasta el momento.

Un eterno campo de batalla

Más allá de la ortografía, el nombre de València —o Valéncia— ha sido históricamente un símbolo cargado de implicaciones políticas y culturales. El uso de una u otra forma ha servido, en muchos casos, como expresión de proyectos ideológicos contrapuestos: desde quienes defienden la singularidad lingüística valenciana, hasta quienes abogan por su plena integración en el ámbito catalanohablante.

La elección del acento cerrado suele vincularse a posturas más alineadas con la defensa de una identidad valenciana diferenciada, mientras que el acento abierto, normativo para el valenciano según la AVL, ha sido tradicionalmente impulsado desde sectores próximos al catalanismo político y lingüístico.

Con el nuevo expediente aprobado hoy, se reabre un viejo debate que va más allá de la gramática: cómo se nombra una ciudad es, también, cómo se construye su relato colectivo.

Según los documentos que obran en la causa 1910/2018, parte de los cuales ha tenido acceso este periódico, el punto clave de la investigación que implica a quien fuera ministro de Aznar entre 2000 y 2004 y de Rajoy entre 2011 y 2018 fue una denuncia anónima. Ese escrito llegó a la Fiscalía Anticorrupción el 13 de marzo de 2017, cuando todavía Montoro era titular de Hacienda y las supuestas influencias de Equipo Económico (EE, el bufete creado por el exministro en 2006 y que supuestamente era usado como ventanilla de peticiones a Hacienda previo pago) estaban en su punto álgido.

«Equipo Económico Sociedad Limitada, creada por Cristóbal Montoro, actual ministro de Hacienda, opera como lobby al que importantes empresas se ven obligadas a contratar para influir en decisiones gubernamentales que repercutirán en su cuenta de resultados. A algunas empresas se les ‘sugiere’ la contratación desde el mismo Gobierno. Otras lo hacen voluntariamente», rezaba literalmente el escrito.

Esa carta, que sirvió de espoleta a Anticorrupción, era muy prolija en detalles y describía ya el modus operandi de esa trama, que el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona considera confirmado más de ocho años después de aquella misiva. El denunciante anónimo detallaba en aquella carta que «representantes» de una conocida constructora habían tenido un «encuentro» con un alto cargo, no imputado, de Montoro para conseguir un «determinado marco regulador» que «implicaba el cambio de leyes».

Ese estrecho colaborador de Montoro, prosigue esa denuncia, «les sugirió que para impulsar sus intenciones sería bueno contratar la asesoría del despacho Equipo Económico S.L.». La empresa finalmente hizo lo que le sugirieron desde Hacienda: «contactó con Equipo Económico» y el exbufete de Montoro les hizo un «informe» por 300.000 euros. Y a partir de ahí, todo rodado con Hacienda.

«Hay malestar en algunas empresas que se han visto entre obligadas e invitadas a encargar informes que no necesitaban», detallaba el anónimo a Anticorrupción. «En este sector, que conozco bien, no será fácil que confiesen los verdaderos motivos para contratar a Equipo Económico, pero si investiga los trabajos realizados comprobará que carecen del valor que aparece en las facturas», abundaba esta persona, que instaba a Fiscalía a solicitar el Modelo 347 de declaración de operaciones con terceros del bufete para comprobar qué empresas supuestamente habían ‘pasado por caja’ para conseguir de Hacienda favores y cambios normativos.

«Como comerciales»

Esa denuncia, en la que se apuntaba que los colaboradores de Montoro en Hacienda parecían «trabajar como comerciales» de EE, había tenido un antecedente con otra carta anónima, de 2013, sobre supuestos favores de Hacienda al Consejo Superior de Cámaras de Comercio gracias a su relación con EE. Pero esa causa había sido archivada en 2019 por un juzgado de Madrid.

Así las cosas, la investigación –según se infiere de los informes judiciales- no terminó de afianzase hasta que en 2017, el juzgado de Tarragona, que investigaba a la gasista Messer Ibérica de Gases por un delito contra la ordenación del territorio, se incautó de manera inesperada de un mail el que un directivo de esta compañía confesaba que había optado por la «vía más directa» para defenderse «en Madrid» de la «discriminación contra nuestro sector»: «pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro». Esa nueva referencia a EE hizo que la fiscal Carmen María García Cerdá firmara la querella original contra el despacho de Montoro el 24 de abril de 2017, cuando éste todavía era ministro.

El secretario autonómico de Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas, Pablo Broseta, ha mantenido un encuentro de trabajo con el embajador de Pakistán, Zahoor Ahmed, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Vicente Folgado, y empresarios de la Comunitat Valenciana, para abordar nuevas oportunidades de negocio, industria, innovación e intercambios culturales.

Durante el encuentro, Broseta ha destacado la importancia para la Comunitat Valenciana de sectores como el textil, que aporta experiencia, innovación y valor añadido; el de las infraestructuras, por su capacidad de reconstrucción tras la dana, y el tecnológico, puesto que la Comunitat Valenciana es líder europeo en semiconductores; y ha señalado su intención de “fortalecer vínculos y aportar nuestra experiencia tras años de inmersión en la Unión Europea”.