El ministerio fiscal, en primer lugar, señala que los pagos se producen de dos sociedades Sitra y Facsa –diferentes a las del otro empresario– y que se corresponden con el coste de gastos electorales de dos elecciones, las municipales de 2007 y las generales del año siguiente. Además, mantiene que esos pagos se realizaron por la adjudicación de un proyecto de desaladora en Moncofa, un encargo de más de 50 millones de euros y por otra serie de adjudicaciones públicas, según se desprende de la documentación que apareció en el registro de la casa de Pepe Cataluña, auténtico cerebro de las finanzas del PSPV.

Además, de igual modo, la UCO puso el acento en adjudicaciones a las firmas del empresario en el municipio de Gilet donde reside Cataluña y que probaría, para el fiscal, la estrecha relación que mantenían. A todo lo anterior, la acusación pública añade el detalle de que existe un mensaje de Cataluña a Gimeno en el que le envía los pliegos de una contratación pública en 2017. No son hechos que ocurran en un periodo que estaría prescrito.

Recuerda el fiscal en su escrito que Cataluña también fue consejero de Bancaja y que, de hecho, buena parte de las anotaciones de supuestos pagos, obra pública y empresas aparecen recogidas en hojas de la propia entidad bancaria.

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha destacado la inversión de 7.260.000 euros en la reparación de medio millar de viviendas del parque público de la Generalitat. La actuación es en distintos municipios de la Comunitat desde el inicio de la legislatura, según un comunicado de la Generalitat.

Desde julio de 2023, la Vicepresidencia ha reparado 500 viviendas públicas: 252 en la provincia de Valencia, 168 en la de Alicante y 80 en la de Castellón. Según añaden ls mismas fuentes, se trata de viviendas que la administración ha reparado y que, una vez finalizados los trabajos de mejora, se adjudican en alquiler a las personas que han solicitado vivienda pública y se encuentran con mayor necesidad. Un arrendamiento que se adecua a las circunstancias concretas de la familia, teniendo en cuenta los ingresos y número de miembros de la unidad familiar.

Estos trabajos de reparación se realizan a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), organismo dependiente de la Vicepresidencia Primera, encargada de gestionar las viviendas que forman parte del patrimonio público de la Generalitat.

Susana Camarero ha destacado el esfuerzo inversor que desde el Consell se está realizando para ofrecer el mayor número de viviendas públicas a las unidades de convivencia que se encuentran con grandes dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre. “La vivienda se ha convertido en uno de los pilares de nuestras políticas y eso se demuestra con la reparación de viviendas y con el impulso que estamos danto a la construcción de vivienda protegida”, ha señalado la vicepresidenta.

En la actualidad, la Generalitat trabaja en la rehabilitación de 59 viviendas en distintos puntos de la Comunitat (31 en la provincia de Alicante, 19 en la de Valencia y 9 en la de Castellón) que se pondrán a disposición de los ciudadanos una vez finalicen las obras. El coste medio de reparación por vivienda es de unos 14.500 euros.

Además, los técnicos tienen en valoración otros 255 inmuebles, distribuidos de la siguiente manera: 134 en la provincia de Alicante, 93 en la de Valencia y 28 en la de Castellón.

Paralelamente, en la actualidad la EVha trabaja en la reparación de 52 viviendas públicas afectadas directamente por la riada del pasado 29 de octubre. De ellas, ocho familias han tenido que ser realojadas mientras se desarrollan los trabajos.

Adjudicación de viviendas

En la adjudicación de estas viviendas es fundamental la colaboración entre la Generalitat y los ayuntamientos, a través de sus servicios sociales, ya que son estos los que conocen las realidades y necesidades de las familias demandantes de vivienda.

En ese sentido, la vicepresidenta y consellera de Vivienda ha manifestado que el objetivo del Consell es “estar al lado de las personas que peor lo están pasando y aplicar políticas que hagan posible poner a su disposición viviendas dignas”.

Para acceder a una de estos inmuebles es necesaria la inscripción como demandante de vivienda en el Registro de Demanda de Vivienda de la Comunitat Valenciana, con el fin de facilitar el acceso a vivienda protegida o del patrimonio público de la Generalitat, en cualquier modalidad y régimen de uso o acceso.

Respecto a los requisitos de inscripción en este registro, son los siguientes: tener necesidad de vivienda; una capacidad económica que no supere 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM), referido a 12 pagas; destinar la vivienda a residencia habitual y permanente de la unidad de convivencia adjudicataria, así como cumplir las obligaciones de la persona usuaria de vivienda protegida.

La Oficina Única Postemergencia, creada el pasado 31 de octubre “para adoptar las medidas necesarias para asegurar el desarrollo de la actividad cotidiana de las personas en las zonas afectadas por la dana del 29 de octubre”, se transformará en una Mesa Técnica de Coordinación para impulsar y ordenar las actuaciones de las distintas delegaciones y servicios competentes “para una mejor gestión de las ayudas concedidas al Ayuntamiento de València”.

Así lo ha acordó hoy la Junta de Gobierno Local, tres meses después de la puesta en funcionamiento de esta oficina, “y a la luz de la normativa sobre ayudas a las entidades locales afectadas por la dana”.

La Junta de Gobierno Local también ha acordado encomendar al Concejal de Grandes Proyectos, José María Olano, “el impulso y la coordinación de todas las ayudas otorgadas al Ayuntamiento por las distintas administraciones públicas”. Asimismo, ha decidido que Olano presidirá la citada entidad.

Las reuniones de la Mesa Técnica de Coordinación contarán con la participación de los distintos concejales y secretarios municipales competentes en función de los asuntos a tratar. También participará la intervención municipal de contabilidad y presupuestos, y los delegados respectivos podrán ir acompañados de los jefes y responsables de los servicios que se considere necesario.

En cambio, los magistrados mantienen su decisión inicial: debe ser un juzgado de instrucción el que investigue el asunto y, en caso de que encuentre indicios en la figura de un aforado -en este supuesto el presidente- enviar una exposición motivada al TSJ. Un proceso similar al que se siguió con Rafael Blasco o Rita Barberá, por citar dos ejemplos en la historia judicial valenciana.

Los dos recurrentes fueron el partido político Iustitia Europa y el letrado Juan Carlos Mazón, quien casualmente comparte apellido con el presidente. El TSJ aclara a este último letrado que no puede el tribunal abordar algunas cuestiones que parecen enfocadas únicamente en el informe del fiscal como determinadas «insinuaciones de interferencia política, derivadas del principio de dependencia jerárquica o referidas a pactos entre los responsables de los dos principales partidos» para ‘tapar’ este asunto. Un relato más político que jurídico.

El auto señala que la individualización como querellada de una única persona que goza de aforamiento no «implica la aplicación automática del criterio especial de competencia ratione personae», es decir, que el TSJ se quede con la causa. En el mismo sentido, apunta que se trata de reunir «una serie de indicios cualificados». Nada de conjeturas o sospechas. Y esto es independiente de que la causa se dirija contra un aforado en exclusiva o un grupo de personas de distinta naturaleza. Entre las querellas presentadas en su momento existían otros denunciados como la entonces consellera Salomé Pradas, el director de Emergencias y el secretario autonómico.

Los magistrados recuerdan que el único argumento para rechazar la querella es una cuestión de competencia. A continuación, aclaran que ellos no niegan una «eventual caracterización de hechos, claro es, debidamente concretados, como constitutivos de un ilícito penal». Simplemente se rechaza en este momento «la existencia en este momento procesal de indicios racionales, serios y fundados». El TSJ rechaza que con su resolución se haya causado algún tipo de indefensión a los recurrentes. De hecho, recuerda que nada impide que presentan su querella o denuncia ante el juzgado competente.

El tribunal ya manifestó en su primer auto que ellos no eran «insensibles» a la tragedia. Ahora, admiten algunas dificultades o errores en el dispositivo. «El punto de partida, deberes inexcusables de las autoridades gubernativas que en sus respectivos campos de actuación han de adoptar las medidas requeridas para preservar a los ciudadanos del riesgo de inundaciones como las vividas, y el punto de llegada, personal y materialmente aterrador, no son controvertidos». Sin embargo, de todo ello no aparece un «cuadro indiciario de cierto nivel que se precisa para asumir nuestra competencia».

La resolución concluye que todos los querellantes «se hacen participes de una legítima indignación colectiva por la tragedia». Lo hacen, en ocasiones, desde noticias de prensa -la jurisprudencia no es partidaria de abrir causas a raíz de informaciones periodísticas– pero sin poder atribuir de una manera directa esas decisiones. «Quizá en estos momentos iniciales era difícil, dependiendo como se depende de una estructura jurídico-administrativa de por sí compleja y jerarquizada que ha de ser funcionalmente delimitada. Pero insisten siempre en que no se aprecia unos indicios con cierta solidez que permitan encausar ya al presidente. Subrayan en este punto la doctrina del Tribunal Supremo en que no se puede «contemplar los tipos penales como contornos flexibles y adaptables para dar respuesta a un sentir mayoritario».

Los magistrados no dudan en profundizar algo más sobre la posibilidad de ese delito de homicidio imprudente que se quiere imputar por parte de los querellantes. «Sería indispensable acreditar que, de haberse ejecutado la acción omitida –activar con anterioridad la alarma, impulsar el plan de emergencias, pedir ayuda estatal…–, se habrían evitado los resultados dañosos, lesivos y mortales». En este sentido, indicaron que «habría que demostrar que si se hubiera informado con anterioridad o se hubiera anticipado la decisión de emitir la alerta, se habrían impedido los daños».

También exponen el difícil encaje del delito de omisión de socorro, otra de las cuestiones planteadas por los recurrentes. «La obligación de actuar no deriva del cargo o las responsabilidades sino del deber de solidaridad frente a una situación determinada, concreta y restringida, es decir, frente a un peligro inminente y grave para una persona desamparada».

Clínicas veterinarias a lo largo de toda la Comunitat Valenciana está previsto que se sumen este martes 11 de febrero al paro convocado a las 11 de la mañana. El motivo: un Real Decreto que según argumentan quienes se oponen, limita las competencias de estos profesionales y marca unas pautas que, aseguran “puede poner en riesgo la vida de sus pacientes”, al aplicar el denominado sistema Presvet.

Como explican en redes sociales y en la difusión que han hecho a través de distintos medios, la limitación a la hora de recetar ciertos antibióticos y la obligatoriedad de cumplir una cadencia determinada son algunas de las medidas que consideran inaceptables.

Según apuntan sus escritos: “Los veterinarios estamos muy preocupados y movilizados en contra el RD 666/2023. ¿Por qué?

🐾 Antepone una legislación peregrina a la salud de tu animal, socabando nuestro criterio clínico y obligando a recetar un antibiótico a veces menos eficaz de lo que tu animal necesita.

🐾 Nos carga de burocracia excesiva e innecesaria que redunda en poder dedicar menos tiempo a visitar a nuestros pacientes.

🐾 Por todo esto, el martes 11 de febrero a las 11:00h todos los veterinarios del país haremos un cierre simbólico de 1h”.