Terremoto político en Valencia, donde el segundo teniente de alcalde y líder del partido en la capital del Turia ha sido expulsado de Vox este lunes.

Según informan desde la dirección nacional del partido, se le ha abierto un Juanma Badenas un expediente por un supuesto contrato irregular.

Así, se le ha aplicado el Comité de Garantías de VOX ha aplicado medidas cautelares, que consisten en “la suspensión de los derechos como afiliado e inhabilitación para desempeñar cargo o función en el partido o en representación de éste, hasta la resolución del presente expediente disciplinario”.

El concejal de Empleo, Parques, Jardines y Familias y portavoz de Vox en Valencia ha sido apuntado en los últimos días por un contracto de publicidad a favor de una empresa consultora, Imedes, a través de la Fundación Valencia Activa tras la aparición de unos audio en los que habla sobre esta adjudicación a la empresa en la que trabaja el marido de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Además, en otra conversación se habla de la contratación de un detective privado como falso auditor para obtener información sobre esta fundación.

La valoración negativa de la propuesta del Gobierno ha sido casi unánime. Los socialistas valencianos, sin embargo, han optado por defender la propuesta del ministerio que dirige María Jesús Montero. La ministra y líder del PSPV, Diana Morant, acusó el viernes pasado al PP y a la Generalitat de que le esté haciendo una «jugarreta» al Gobierno y pegándole una patada «en el culo» a los valencianos, «y no Pedro Sánchez», al rechazar la condonación de deuda a las comunidades autónomas.

Morant insistió en que la quita de la deuda es un hecho «histórico» y que, en el caso de la Comunidad Valenciana, los más de 11.000 millones de euros que le corresponde, son el «20%» de su deuda. Además, hizo hincapié en que esta quita ayudará a que las autonomías «puedan invertir más» en servicios públicos como los citados y «no subir presión fiscal a las clases medias». Otros portavoces del PSPV se han pronunciado, como no podía ser de otra forma, en términos similares.

Los exactamente 11.210 millones de quita de la deuda valenciana representan un 13% de los 83.000 millones totales que propone condonar el Gobierno a todas las CCAA del régimen común y supone condonar el 19% de la deuda total de la Comunitat -casi 60.000 millones- y el 24% de la «deuda justificada» por el mal funcionamiento del sistema de financiación, que asciende a 46.099 millones de euros. «Es decir, lo que se quiere condonar (los 11.210 millones) es una cuarta parte de lo que se debería», señala Juan Pérez, investigador del IVIE.

¿Y el PSPV? La posición de los socialistas valencianos vuelve a responder una vez más a esa necesidad de ajustarse al discurso que sale de Moncloa, sin tener en cuenta si esa posición coincide o no con las necesidades del territorio. Que Compromís también rechaza esa quita de la deuda es la prueba más evidente de que se trata de una condonación que no gusta a derecha ni a izquierda.

Pero al PSPV sí. La condición de ministra de la líder del partido, que en muchas ocasiones ha sido cuestionada desde el propio partido al entender que no podría mantener posiciones críticas con el Ejecutivo del que forma parte. Ocurre con la quita de la deuda, pero ha venido ocurriendo con todas y cada una de las decisiones adoptadas por el Gobierno de Sánchez en relación con la Comunitat. Morant no ha objetado el retraso en la llegada de ayudas a los afectados por la dana, no ha puesto en cuestión el silencio del presidente de la CHJ Miguel Polo, ni las ausencias del propio Sánchez de la zona cero ni el hecho de que Teresa Ribera se haya ido de vicepresidenta de la Comisión Europea sin haber visitado ni una sola vez desde el 29 de octubre la provincia de Valencia.

Y no solo con la dana. A Morant no se le conoce una sola posición crítica con el retraso en la reforma de la financiación autonómica, con la negativa del ministerio de Hacienda a conceder recursos a fondo perdido al Gobierno valenciano o con la cancelación del FLA extraordinadio para atender el exceso de déficit de la región. Tampoco ha cuestionado la financiación singular para Cataluña ni el resto de acuerdo alcanzados por el PSOE con los independentistas. Morant remarca su perfil como ministra del Gobierno de Sánchez, aunque sus posiciones no coincidan con los intereses del PSPV.

La secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá, ha impulsado una campaña institucional de la Generalitat con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, centrada en resaltar el poder colectivo de las mujeres.

Bajo el lema ‘Juntas creemos, juntas crecemos‘, la campaña de este año transmite un poderoso mensaje sobre la unión y la capacidad transformadora de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. “Crecemos cuando nos apoyamos unas a otras, cuando tejemos redes que impulsan el talento, el liderazgo y los derechos de todas”, ha manifestado Quinzá.

La presentación ha tenido lugar en la Biblioteca de la Dona de València, donde se ha proyectado el vídeo institucional de la campaña, adaptado al lenguaje inclusivo para personas con discapacidad. El acto ha contado también con la presencia de la directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres, Davinia Bono.

Juntas creemos, juntas crecemos

La campaña de este año 2025, diseñada por la agencia Estimado José Alfredo, pone el foco en el papel fundamental de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad: desde la ciencia, la cultura y la educación hasta la economía y el deporte. En este sentido Quinzá ha manifestado que, desde la Generalitat, “el objetivo es visibilizar su contribución y seguir impulsando una sociedad más justa e igualitaria”.

Según ha explicado la secretaria autonómica, “la imagen de la campaña representa el poder de cada mujer para transformar su entorno. Es la libertad de elegir su propio camino, de avanzar sin barreras. El 8M es el día en el que celebramos ese avance”.

Para finalizar, la secretaria autonómica ha señalado que la campaña “no es solo un acto de conmemoración, sino de acción y compromiso. Queremos inspirar a cada niña, a cada joven y a cada mujer, y recordar que la igualdad no es solo una causa de las mujeres, sino de toda la sociedad”.

A través de acciones de sensibilización, materiales audiovisuales y actividades en espacios públicos, la campaña busca generar un impacto real y fomentar el diálogo y la conciencia social. La difusión se realizará en medios de comunicación, redes sociales, transportes públicos y espacios urbanos emblemáticos de la Comunitat Valenciana.

Semana de la mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Consell ha organizado una serie de eventos institucionales que reflejan su compromiso con la igualdad. Entre ellos, el acto más destacado tendrá lugar el próximo día 5 de marzo, en el que se hará entrega de los Premios Isabel Ferrer que el Consell concede cada año a tres personas o entidades que hayan destacado en la lucha por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Este año, tanto el desarrollo del acto como las premiadas tendrán especial atención con ‘las mujeres de la Dana’. En este sentido, Asunción Quinzá ha destacado que, desde la Generalitat, “se quiere destacar el papel fundamental que las mujeres han tenido tanto con víctimas de la tragedia como con las familias afectadas por la misma”.

La programación arrancará el domingo 2 de marzo con la Carrera 10K Femenina, una prueba deportiva que cuenta con el patrocinio de la Generalitat. El lunes 3 de marzo se celebrará la constitución de la Comisión Interdepartamental de Igualdad entre Mujeres y Hombres, creada por decreto del Consell del 18 de febrero, y que busca fortalecer las políticas de igualdad en la administración pública.

Además, el jueves 6 de marzo se llevará a cabo la presentación del estudio sobre la situación de la mujer trabajadora en la Comunitat Valenciana, elaborado por Mutua Universal en colaboración con la Generalitat, que tiene como objetivo analizar la realidad laboral de las mujeres en la comunidad y promover medidas para reducir la brecha de género en el empleo.

Finalmente, el martes 11 de marzo se celebrará una jornada sobre igualdad en las empresas de la Comunitat Valenciana. Durante el evento, las empresas conocerán de primera mano la elaboración del mensaje que se quiere transmitir a la sociedad a través de esta nueva campaña.

La concejala Nuria Llopis ha anunciado que los socialistas solicitarán esta tarde en el Consell de la Dona que se realice un estudio para revisar la normativa municipal y que se garantice los derechos de permiso de maternidad y de paternidad de todos los cargos públicos. La edil se ha manifestado en estos términos después del episodio vivido en el último pleno ordinario en el que la edil Rocío Gil tuvo que incorporarse telemáticamente para poder ejercitar el voto.

“Desde el Partido Socialista vamos a solicitar esta tarde en el Consell de la Dona un estudio para revisar la normativa y que se garanticen todos los derechos de paternidad y maternidad. No es de recibo que la compañera de corporación este mismo pleno, que está de permiso de maternidad, tuviese que interrumpirlo durante la mañana para conectarse al pleno. Es una anomalía que atenta contra el derecho de todas las personas a disfrutar del permiso de maternidad o de paternidad y que debemos corregir inmediatamente”, ha manifestado.

“El Ayuntamiento como institución tiene que dar ejemplo de la ciudad que somos y de los derechos de las vecinas y de los vecinos de València y, por eso, vemos necesario cambiar la normativa municipal para mejorar y facilitar los derechos laborales y ser ejemplo de igualdad porque este derecho supone la corresponsabilidad de los progenitores en el cuidado de los hijos y un elemento indispensable para la igualdad real entre hombres y mujeres”, ha asegurado.

Llopis ha recordado que esta situación no es la primera vez que se produce en el Ayuntamiento de València sin que se hayan articulado los mecanismos necesarios para solucionarla. Ocurrió, ha apuntado, recientemente “con las bajas de Sandra Gómez, de Carlos Galiana e incluso de María José Catalá. A pesar de todo, ha dicho, se sigue obligando a los concejales a interrumpir su permiso de maternidad para atender una normativa obsoleta”.

“Si queremos ser un ejemplo de igualdad, de conciliación y de atención de los derechos de todos los vecinos y vecinas de esta ciudad es necesario que demos un paso adelante y modifiquemos la normativa con carácter urgente. No puede ser que exijamos a los valencianos y valencianas comportamientos que, después, no somos capaces de aplicar en el propio consistorio como responsables públicos”, ha finalizado.

La titular del juzgado competente en este caso recuerda que esa escalada en el nivel de la emergencia (del 2 al 3) puede decretarla por iniciativa propia el Gobierno central -encabezado por Sánchez-, pero también pedirla la Generalitat -presidida en este caso por Carlos Mazón-. No se articuló ninguna de esas opciones porque sí existió un consenso a nivel autonómico y central en que no procedía la declaración de emergencia nacional.

La instructora insiste en que su trabajo consiste en apuntar o descartar la existencia de un nexo causal. En este caso derivado de la posición de garante -la Generalitat tiene la obligación de velar por la seguridad de los ciudadanos- a lo que ha de sumarse el análisis de la concreta acción que se omitió. La falta de información a los residentes de las zonas afectadas desembocó en un desconocimiento total y absoluto de la situación de riesgo, recoge el auto. Esta ignorancia llevó a que las víctimas, muchas de ellas de la tercera edad, «permanecieran en plantas bajas, bajaran a los garajes o permanecieran simplemente en las calles, con sus vehículos».

El uso del sistema Es Alert, que incluye el famoso mensaje que llegó a las 20:11 horas del ya fatídico 29 de octubre del año pasado, se limitó a instar a que se evitaran desplazamientos, mensaje manifiestamente «tardío y erróneo». No se ofreció ninguna alternativa de protección. Y todo esto, según la resolución judicial, es competencia directa de la Generalitat que tiene las atribuciones en materia de protección civil. En este sentido, la inactividad se produjo en dicho ámbito. Por eso, una eventual imputación de la delegada del Gobierno «carece de cualquier asidero legal».

«La cercanía, esencial»

La magistrada continúa con su argumentación sobre el aspecto competencial en este caso: «La cercanía de la comunidad autónoma a los ciudadanos, al lugar donde se estaba produciendo la emergencia, constituye un elemento esencial en el ámbito de la protección civil, permite conocer la gravedad de la emergencia y acordar lo procedente con la máxima celeridad, uno de los principios por los que se rige la protección civil». Nada afecta al envío de los mensajes que se declarara o no la situación de emergencia nacional.

La juez aprovecha el auto para describir la caótica situación de los días posteriores, cuando ya se había constatado un altísimo número de fallecidos. «Las poblaciones estaban devastadas, faltaban recursos esenciales como luz, agua, teléfono, no se podía circular por las calles, el barro lo inundaba todo, las carreteras estaban impracticables, puentes derribados, no había servicio de tren ni metro, se producían pillajes y los voluntarios suplían la tardanza en la ayuda». Pero todo aquello no tuvo incidencia en las horas previas.

La resolución de este lunes, no obstante, no anula por completo la posibilidad de que Bernabé termine declarando en el juzgado por su participación en el «comité de dirección» durante la gestión de la emergencia. Se trataría de conocer su papel y contrarrestar las versiones que puedan ofrecer otros miembros del Cecopi, entre ellos, la propia consellera Salomé Pradas.

El Gobierno y el Consell, por otra parte, se mostraron este lunes de acuerdo en reforzar el juzgado que instruye la dana. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, comunicó a la consellera Núria Martínez que su departamento apoyará el refuerzo de un juez y un letrado de la Administración de Justicia para el citado órgano judicial.

Enrique Sanfélix, quien perdió a su hija hace un año en el fatídico incendio de Campanar, sigue luchando porque se haga justicia y, además, ha organizado una carrera-homenaje en recuerdo de su pequeña, de 14 años en el momento del incendio.

Alina Sanfélix falleció el pasado 22 de febrero de 2024 en el incendio declarado en dos torres de 14 y 9 plantas de un complejo ubicado en el barrio valenciano de Campanar en el que, junto a ella, perdieron la vida otras nueve personas más –cuatro de ellas miembros de una misma familia–. El fuego destruyó 138 viviendas y dejó a cientos de personas sin casa.

Ese día, la joven Alina se encontraba en una de las viviendas del edificio de Campanar junto a su madre, quien también murió en el siniestro que está investigando el Juzgado de Instrucción número 9 de València.

En una entrevista a Europa Press, el padre de Alina ha afirmado que se siente “mal” y ha asegurado que ha dejado en manos de su abogado todo el tema judicial: “Mi abogado lo está peleando y es él quien está más al día de todo lo que va ocurriendo. Yo intento evadirme un poco por salud mental”, ha manifestado.

Enrique ha afirmado, preguntado por si quiere hacer alguna reclamación a la Administración, a la justicia o la sociedad, que “no” quiere pedir nada, únicamente que se haga justicia. “Quiero cerrar”, ha manifestado.

Mientras tanto, Enrique ha organizado una carrera en la localidad valenciana de Museros –donde reside– el próximo 1 de mayo en memoria de su hija y para recaudar fondos.

Ha explicado a Europa Press que será el I Memorándum Alina Sanfélix, una carrera –que coincidiría con el aniversario de su hija– para todas las categorías y totalmente benéfica, sin ánimo de lucro.

Enrique ha indicado que la mitad de lo que se recaude con la carrera irá destinado a los familiares de las víctimas del incendio de Campanar mientras que, la otra mitad, será para la Asociación Duchenne Spain, organización que trabaja para encontrar una cura o tratamiento para la Distrofia Muscular de Duchenne y Becker.

“La idea es que cuanta más gente venga a la carrera, mucho mejor. Pretendemos llenar el pueblo de gente y que, con lo que colaboren, se pueda donar a diferentes asociaciones, a familiares de víctimas de Campanar y a la asociación Duchenne”, ha subrayado Enrique transcurrido un año del fatídico incendio.