“Hace años que Compromís quiere animar a las Fallas a reforzar su razón de ser, la crítica y la sátira. Y este año buena parte de esta crítica está centrada en la irresponsable gestión de la DANA por parte de un presidente de la Generalitat Valenciana al que pocos ya quieren indultar. Por eso el jurado ha considerado que el Mazón socarrat de Art en Foc para Cádiz-Los Centelles es merecedor del Premi Somriure 2025 a la sátira política”.
Así ha justificado el regidor de Compromís por València, Pere Fuset, la entrega del Premi Somriure de este año a esta figura de la Falla Cádiz-Los Centelles en su entrega esta mañana a la histórica comisión del barrio de Russafa. El premi Somriure es una distinción otorgada por Compromís por València, a través de su sectorial de Cultura Festiva, desde el año 2013. Esta iniciativa pretende destacar aquellas propuestas de la exposición del ninot que mejor crítica política y social hacen. El premio consiste en 300 € para la comisión ganadora y un estandarte acreditativo.
Después de la visita a la Exposición y de analizar las diversas propuestas, el grupo integrado por militantes, simpatizantes y concejales del grupo municipal Compromís, decidió por mayoría otorgar el premio a esta figura —obra del taller Art en Foc— en la que Mazón aparece uniformado con un chaleco de ‘Desprotección civil’, botella de vino en mano, sobre una paella de la cual emerge una mano con un teléfono móvil en el cual suena la alarma de Protección Civil. “Siempre llevarás a la espalda haber dejado tus funciones y a tu pueblo abandonado”, dice la leyenda que acompaña a la creación de Cádiz-Centelles.
La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha querido destacar que “en Compromís apostamos para reforzar el carácter crítico de las fallas, puesto que es el que le da sentido en una fiesta de la sátira y el fuego nacida para retractar la realidad que nos rodea”. Desgraciadamente, ha continuado, “este año las valencianas y los valencianos hemos tenido que sufrir una tragedia terrible, pero el papel exorcizante de las fallas, nos ayuda a quitarnos de encima lo peor que nos rodea y pocas son las comisiones que no han aprovechado para reclamar lo que quiere la inmensa mayoría de la ciudadanía y este muñeco representa, y que esperemos que sea una realidad más allá de la cremà” ha concluido Robles.
El caso Avialsa tiene al menos dos particularidades. Los lugartenientes de Serafín Castellano en el PP, Francisco Huguet y Emilio Máñez, ya acumulan más pena que el que fuera conseller y delegado del Gobierno … . De momento, cuentan con una condena de dos años y medio por ser uno (Máñez) el ‘zombie’ del otro (Huguet) en la Diputación de Valencia. El primero fue contratado como brigada forestal pero, en realidad, ejercía de asesor de Huguet, entonces alcalde de Quartell y diputado provincial. Ahora, en cambio, afrontan una amenaza de mayor entidad.
La Fiscalía pide hasta 18 años de cárcel a uno de ellos por la conocida como trama urbanística del caso Avialsa, una derivada más de la red liderada por el empresario Vicente Huerta. La familia más directa de los dos políticos del Camp de Morvedre se sentará también en el banquillo.
El otro hecho llamativo es que entre los acusados figura, además, Jesús Garrido, asesor de cabecera de Rafael Blasco en su dilatada carrera política. De hecho, estuvo a su lado en la Conselleria de Empleo, en Bienestar Social, en Territorio, en Sanidad y finalmente en Inmigración y Ciudadanía donde el caso Cooperación terminó con el dirigente popular.
La Fiscalía sostiene que Garrido recibió cerca de 600.000 como recompensa a sus gestiones en la Generalitat para obtener el plácet de determinados intereses urbanísticos de la trama. De hecho, llegó a crear una mercantil (Gamar SL) para canalizar todo este dinero. También se benefició de la compra de determinadas viviendas por debajo de su precio real. Anticorrupción pide para él 9 años de prisión. Tiene antecedentes. El pasado verano fue sorprendido borracho a los mandos de un vehículo.
Huguet y Máñez fueron contratados por empresas del holding de Huerta donde uno de ellos llegó a tener incluso el sueldo más alto. En paralelo, según la Fiscalía, participaron desde sus respectivos cargos locales en operaciones urbanísticas, sobre todo en Quartell, pero también en Alfara de la Baronía. Los dos acusados eran conocedores de que podían perjudicar los intereses del municipio «dictando resoluciones contra las advertencias negativas de los técnicos». Los políticos y sus parejas, al igual que el asesor de Blasco, también crearon empresas para la canalización de fondos ilícitos. Y todo esto sin que finalmente todos los proyectos urbanísticos salieran adelante.
La Fiscalía resume los indicios delictivos en cada uno de las actuaciones urbanísticas. Por ejemplo, en el PAI Nova Alfara, se trataba de un terreno no urbanizable protegido que necesitaba de recalificación, lo que solo podía hacerse con la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, hecho que no se había producido; estaba en tramitación. La interventora se opuso al proyecto. En Alfara de La Baronía también se extendieron los tentáculos de la red delictiva, siempre según el escrito de Anticorrupción.
En el PAI de Quartell-Proademi (una de las mercantiles de la trama) se causó un perjuicio de 500.000 euros. A la empresa se le cedió gratuitamente una parcela para la construcción de viviendas de protección oficial cuando la Ley prohíbe ese tipo de entregas cuando no se trata de una empresa sin ánimo de lucro. No hubo, además, un proceso abierto para la adjudicación. Se le dio directamente a la firma del grupo delictivo. Posteriormente las familias del alcalde y del teniente alcalde, los dos cabecillas de esta red, obtuvieron inmuebles por debajo de su precio de mercado. La operativa ilegal se repitió de nuevo en el polígono La Foia de Quartell.
La Fiscalía sostiene que se cometieron delitos de cohecho, malversación y blanqueo. Francisco Huguet se enfrenta a 16 años de cárcel por los tres delitos anteriores. Peor parado sale Emilio Máñez a quien piden 18 años de prisión porque en su caso se suma un delito de falsedad en documento privado. Serafín Castellano, el exconseller de Gobernación, pactó una conformidad con la Fiscalía en el conocido como cártel del fuego. Las penas no superaron los dos años de cárcel y ha podido continuar con su vida tras una década de investigación judicial.
El síndic del GPP en Les Corts, Juanfran Pérez, ha afirmado que “la reconstrucción no puede pasar por una ministra de Sánchez después del ninguneo al que nos somete a todos los valencianos”, y ha subrayado que la secretaria general del PSPV, Diana Morant, “es Sánchez”.
El portavoz ‘popular’ ha respondido, en un comunicado, a la petición de la también ministra de Ciencia, después de que este miércoles Morant haya exigido al ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, que adelante elecciones en la Comunitat Valenciana al considerar que tanto él como el PP están incapacitados para seguir al frente del Consell por su gestión de la dana, así como para afrontar la reconstrucción.
Para Juanfran Pérez, “no hay nadie que entienda a Diana Morant. Ha pasado de decir que apoyaría los presupuestos de la reconstrucción, a después anunciar una moción de censura que más tarde dice que no la va a presentar, a pedir que apoyaría un cambio y hoy a pedir elecciones anticipadas. Da la sensación que Morant no sabe lo que quiere porque cada día dice una cosa diferente”, ha aseverado.
El también secretario general del PPCV ha pedido a Morant “un poco más de rigor y seriedad” porque “todo este tiempo que pierde en decir falacias debería aprovecharlo en centrarse en exigirle a su jefe, Pedro Sánchez, que cumpla con todas las carencias que el Gobierno de España tiene con esta tierra: desde la falta de financiación a las ayudas a los pueblos más afectados por la dana donde el Gobierno de Sánchez y Morant nos están dando la espalda”.
“Hace un año y diez meses hubo un cambio político en la Comunitat y la sociedad valenciana pidió cambio y dijeron rotundamente no al PSOE y a Compromís. Y dijo rotundamente sí al cambio, sí a Carlos Mazón y sí al PP. El futuro de la reconstrucción, por tanto, tiene que ser del PP y no de Diana Morant que es lo mismo que Pedro Sánchez, el presidente que más ha menospreciado los intereses de todos los valencianos”, ha concluido.
Los socialistas ha denunciado el “colapso” del padrón por “la inoperancia y falta de previsión del Gobierno de Catalá que está más ocupado en taponar su crisis que en gestionar la ciudad”, ha afirmado Maite Ibáñez, quien ha informado de que solicitará información sobre a qué corresponden la solicitud de cambios.
En este sentido, la concejala socialista ha apuntado a que tras este aumento de solicitudes de cambio de empadronamiento podría encontrarse “el aumento del precio del alquiler de las viviendas y de las habitaciones, lo que está empujando a muchas personas a verse forzadas a mudarse”.
Ibáñez ha advertido de que María José Catalá “no está tomando ninguna medida para frenar la escalada de precios de la vivienda en València” y “las consecuencia es que están generando inestabilidad e incertidumbre a las familias”. “Tiene en su mano aplicar la Ley de Vivienda y declarar la ciudad zona tensionada pero prefiere no actuar por puro sectarismo antes que poner en marcha una ley aprobada por el Gobierno de España que en Barcelona sí que está dando buenos resultados”, ha afirmado.
Además, ha recordado que Catalá “tampoco está haciendo nada para frenar la especulación urbanística en València” y que “ha renunciado a adquirir, a través del derecho a tanteo y retracto a las 435 viviendas en ocho edificios enteros”, de los que “lo más grave” es que dentro de ese total se “renunció a comprar más de 265 siete días después de la dana”.
“Ante la crisis de vivienda que está sufriendo València, María José Catalá no aplica medidas, renuncia a comprar vivienda para el parque público y no entrega las llaves de los edificios de AUMSA que le dejó acabados la anterior corporación”, ha afirmado Ibáñez y ha lamentado la “incertidumbre que la inoperancia del Gobierno del PP y Vox están causando en las familias”.
Impugnaciones, recursos, sospechas de pucherazo, amaños, grabaciones, irregularidades… las primarias del PSPV de Valencia, perfectamente innecesarias a los cuatro meses de la dana que arrasó … media provincia y al mismo tiempo al Gobierno valenciano, han dejado heridas abiertas en el seno del socialismo valenciano. Se sabía que podía ocurrir, porque la batalla de Valencia entre Carlos Fernández Bielsa y Diana Morant –Robert Raga era el representante, no el líder de su candidatura- con la que la ministra trataba de descabalgar a su enemigo interno podía acabar mal, o muy mal. Y ocurrió lo peor de todo, que se sometió a la organización a un nivel máximo de tensión para que… todo quedara exactamente igual. Bielsa seguirá siendo secretario general de la provincia de Valencia, al frente de una ejecutiva que tendrá que compartir con los afines a la secretaria general. Y Morant seguirá sin tener controlado el PSPV de la provincia de Valencia, con lo que eso supone.
Morant se esforzó el jueves por la noche en aparecer como la pacificadora que había logrado el entendimiento entre los dos candidatos que se habían presentado a primarias. «El acuerdo que han alcanzado las dos candidaturas es la demostración del compromiso de todo el PSPV-PSOE para impulsar la alternativa», dijo. Es cierto que buena parte del pacto tiene que ver con la necesidad imperiosa de los socialistas valencianos de cerrar una brecha que amenazaba con convertirse en rotura del partido. La filtración de un audio, desde la candidatura de Raga, con irregularidades de la candidatura de Bielsa en la votación de Sedaví, tensionó al máximo las costuras del partido en el peor momento posible. Ferraz mandó parar, y la búsqueda del acuerdo se antepuso a todo lo demás.
Pero no es menos cierto que ese perfil de Morant como propiciadora del acuerdo olvida que el pulso por el liderazgo provincial vino impulsado por la propia secretaria general del PSPV. Fue la también ministra la que impulsó la candidatura de Raga, la que trató de desalojar a Bielsa del liderazgo provincial y la que había venido sosteniendo la necesidad de «alinear» las direcciones provinciales con la ‘de País’ que ella misma encabeza. Si Bielsa sigue al frente de la provincia de Valencia, resulta obvio concluir que el alineamiento no se ha producido. «Todo esto, para nada», concluye un veterano del partido, cercano a Fernández Bielsa.
¿Para nada? No exactamente. De la misma manera que Morant trataba de apartar a Bielsa de la secretaría general para garantizarse el control del PSPV de la provincia de Valencia, el ya reelegido líder provincial era consciente de la trascendencia de retener el cargo. Tras el patinazo con la presidencia de la Diputación –perdida tras la abstención del partido de Jorge Rodríguez, pero por una decisión de Ximo Puig- y después de verse obligado a apartarse, como Alejandro Soler, de la carrera por la secretaría general, para dejar paso a Morant de la mano de Ferraz, Bielsa no podía volver a salir derrotado. No era una opción a contemplar.
Durante toda la campaña de primarias se pudo comprobar la movilización de los afines a Bielsa. Se jugaba su futuro político. En realidad, el alcalde de Mislata era consciente de que lo que se dilucidaba en esta carrera tenía que ver mucho con el futuro del socialismo valenciano. Ocupar la secretaría general del PSPV de la provincia de Valencia en este momento supone disponer de una posición privilegiada en el partido ante un horizonte político y electoral que, desde el pasado 29 de octubre, tiene para los socialistas valencianos unas expectativas de éxito muy superiores a las de antes de esa fecha.
Porque buena parte de lo que se ha disputado en estas primarias es una lucha por el poder en el seno del socialismo valenciano. Diana Morant es la secretaria general, es ministra, tiene, que se sepa, todo el apoyo de Pedro Sánchez y su liderazgo en el partido no tiene más cuestionamiento que el del hecho de que Pilar Bernabé, número 4 de la dirección federal del PSOE, disponga de un nivel de reconocimiento en el partido mucho más consolidado que el suyo.
Pero esa posición consolidada de Morant parte de un principio, el del liderazgo de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Nace de esa realidad y a ella le debe toda su solvencia. Y puede verse modificada, evidentemente, en el caso de que sufra algún tipo de cambio. Sea el propio Sánchez en unas elecciones generales, o Morant si acaba siendo la candidata en las elecciones autonómicas.
Bielsa se acaba de garantizar, de hecho, una posición privilegiada de cara al futuro electoral del PSPV. Razonablemente volverá a encabezar la lista de los socialistas de Mislata, donde suma varias mayorías absolutas consecutivas, y será muy probablemente la opción de su partido para presidir la Diputación de Valencia –si los números le dan– y dispondrá de una posición de privilegio en el PSPV de cara al futuro del partido. Este es el hecho más significativo que trataba de taponar Morant con su intento de asalto al liderazgo provincial. Y es también el gran éxito de Bielsa la mantenerse como secretario general del PSPV de Valencia.
Porque seguir en el cargo le permite «mantenerse en la ecuación» sobre el futuro electoral del partido. Sánchez se mantendrá en la Moncloa después de las elecciones generales, que no tienen fecha, pero que podrían coincidir con las municipales y autonómicas. O no. Y Morant puede ser la próxima presidenta de la Generalitat, si la izquierda logra la mayoría en las próximas autonómicas y alcanza un acuerdo en ese sentido con Compromís. O quedarse como líder de la oposición si la suma de esas formaciones no alcanza los 50 escaños. Ahora mismo todo es una suposición. Lo que no lo es tanto es que Fernández Bielsa, para ese momento, mantendrá el liderazgo provincial de Valencia. Y eso significa una capacidad de influencia que le han intentando arrebatar sin éxito.
La del congreso provincial de Valencia es la primera derrota orgánica de Morant, sólo un año después de llegar al cargo
Morant cosecha su primera derrota orgánica menos de un año después de hacerse con las riendas del partido –en el congreso extraordinario celebrado en marzo de 2024 en Benicàssim–. Alentar una candidatura alternativa, la de Raga, para acabar perdiendo el pulso, traerá consecuencias. El liderazgo impuesto por la calle Ferraz, que es quien le despejó el camino a la secretaría general hace un año al presionar al propio Bielsa y a Alejandro Soler para que se apartaran de esa carrera, no ha acabado de calar en la militancia de la provincia de Valencia. Bielsa se ha impuesto al aparato del PSPV, aunque le queda por delante la aventura de superar el congreso provincial sin sobresaltos. Ninguno de sus colaboradores da un euro ahora mismo porque eso sea fácil.
Mascarell, Nofuentes, Muñoz… entre los señalados por la derrota
Cuando hay una competición entre dos participantes, y salvo que quepa el empate, la victoria de uno significa obviamente la derrota del otro. En este caso, el alcalde de Ribarroja Robert Raga ha salido derrotado de las primarias de la provincia de Valencia. Raga, en realidad, era la cabeza visible, el representante, pero no el líder ni quién movió los hilos para que esa candidatura surgiera. Su candidatura ha obtenidos menos votos, pero no es él quien sale derrotado. Ese título apunta mucho más hacia el aparato del PSPV. Diana Morant ha mantenido la exquisita neutralidad que le tocaba a la secretaria general del partido. Pero también ha dejado hacer a su círculo más cercano para que la lista alternativa a Bielsa se construyera. Primero con el alcalde de Cullera Jordi Mayor, que acabó evitando el precipicio. Y después con Raga –«la demostración más evidente de que la victoria no estaba garantizadas», según fuentes socialistas. El máximo responsable del aparato socialista es su secretario de Organización, Vicent Mascarell. Al número dos de Morant no se le ha conocido más apoyo a Raga que el de retuitear el apoyo del exconseller Vicent Soler al alcalde de Ribarroja. Sin embargo, a nadie se le oculta en el PSPV que su papel no ha sido menor en la candidatura de Raga.El resultado final, no obstante, señala también a otros cargos del partido. El resultado en Valencia ciudad –territorio favorable a Raga– acabó siendo mucho menos positivo para sus intereses de lo que se esperaba. Y eso a pesar de la implicación en primera persona de los pelayos, el sector mayoritario en la ciudad. José Muñoz, síndic de los socialistas en Les Corts, es de los que sale señalado de este proceso. También Bartolomé Nofuentes, referencia de Socialistes 3.0, la corriente asentada en l’Horta Sud, la comarca con más militantes del PSPV y en la que Bielsa obtuvo un gran resultado.
España recibirá un anticipo de 100 millones de euros del Fondo Europeo de Solidaridad para sufragar gastos derivados de las inundaciones causadas por la Dana que el pasado octubre dejó más de 200 muertos en el este y sur del país, la mayoría de ellos en la provincia de Valencia.
Así se lo ha trasladado la Comisión Europea este jueves a los eurodiputados de la comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, donde ha arrancado este jueves la tramitación del anticipo de 100 millones, el importe máximo que permite el reglamento.
La eurodiputada socialista Sandra Gómez ha agradecido al Ejecutivo comunitario “el esfuerzo realizado con el anticipo de 100 millones de euros para cubrir los daños ocasionados por la Dana”, un adelanto que irá dirigido a apoyar al Gobierno en los gastos ocasionados por las ayudas de emergencia, tales como limpieza, material sanitario, alimentación, suministros, daños materiales en viviendas, comercios, vehículos o maquinaria agrícola.
Además, Gómez ha reclamado además la creación de un “fondo para la reconstrucción, que permita no solo atender las cuestiones de emergencia, sino también los impactos económicos que tiene una catástrofe natural en la vida de las personas”.
Bruselas ha informado a la Eurocámara de la necesidad de transferir otros 50 millones de euros de la línea de reserva del Fondo de Solidaridad de la UE a la línea de operaciones, ya que Bruselas sólo presupuesta 50 millones para anticipos al año, por lo que la cantidad disponible era insuficiente para realizar el pago a España.
España ya solicitó una prefinanciación de 100 millones, el máximo establecido por reglamento, una cifra que la Comisión considera “apropiada” pese a no disponer del importe total, ya que normalmente presupuesta sólo 50 millones para anticipos, razón por la que ha solicitado a la Eurocámara el acceso a otros 50 millones.
Estas transferencias deben ser aprobadas por el Parlamento Europeo en una votación que previsiblemente tendrá lugar el próximo 20 de marzo en comisión parlamentaria y que deberá refrendar el pleno, según han explicado fuentes parlamentarias a Europa Press, lo que permitirá entonces al Ejecutivo comunitario disponer del dinero para realizar el desembolso.
El Gobierno remitió a Bruselas el pasado 20 de enero la documentación relativa a los gastos que cumplen los requisitos para ser financiados con el Fondo de Solidaridad, que actualmente ascienden a 4.404 millones de euros, aunque la cantidad final la decidirá el Ejecutivo comunitario tras realizar su evaluación.
