La alcaldesa de València, María José Catalá, ha apelado a “la acción conjunta, desde el acuerdo, para proteger l’Albufera, un tesoro natural que es de todos pero que está en nuestras manos”. La alcaldesa, que ha asistido en el Palau de la Generalitat a la firma del Pacto por el Agua entre la Generalitat y las comunidades de regantes de la Acequia Real del Júcar, de Sueca, de la Acequia del Oro, de Favara y del Sindicato de Regulación de Aguas del río Túria, ha asegurado que el lago “no puede esperar más y, gracias a decisiones como la de hoy, ese consenso se convierte en acción, en medidas concretas, en soluciones reales”. Para María José Catalá, “quien decide permanecer fuera de ese clima de acuerdo, quien mire hacia otro lado ante la urgencia ecológica y social que representa l’Albufera, tendrá que explicar el porqué. Nosotros lo tenemos claro, queremos estar en el lado correcto de la historia y el lado correcto de la historia es estar junto a l’Albufera”.

Catalá ha calificado como “histórico” el acuerdo entre la Generalitat y los regantes puesto que “garantiza el agua que necesita l’Albufera y es la respuesta valiente y responsable ante la ausencia del gobierno central, que sigue sin enviar los caudales pactados en el plan de cuenca del Júcar”. La alcaldesa ha añadido que “hoy, desde la Generalitat y los regantes resolvemos un problema que otros no han querido resolver”.

María José Catalá ha asegurado que “l’Albufera no solo es uno de los humedales más valiosos de nuestro país, no es solo un motor económico de uno de los sectores más productivos y más ligados a nuestra tierra, es nuestra alma, el punto de encuentro físico y emocional de València y del área metropolitana que ha sido golpeada por la dana”. Para Catalá, “como el lago ha sufrido el golpe de la dana, la recuperación es vital y tiene que ser también un símbolo de la reconstrucción”. En este sentido, la alcaldesa ha añadido que “desde el Ayuntamiento hemos destinado 8,7 millones de euros para una limpieza urgente y exhaustiva de la laguna y, a partir de ahora, centraremos los esfuerzos en mejorar la calidad del agua y garantizar un caudal suficiente”.

La alcaldesa ha recordado el pacto alcanzado en el mes de septiembre entre todos los municipios ribereños de l’Albufera para pedir la declaración del lago como reserva de la biosfera de la UNESCO y lo ha calificado como “respuesta política a un consenso generalizado en el seno de la sociedad valenciana al creer que es el momento de l’’Albufera y que, por encima de ideologías, somos capaces de acordar y tejer consensos desde la generosidad y el compromiso”.

Por último, la alcaldesa ha agradecido el apoyo de la Generalitat “por la valentía y el compromiso, porque la Generalitat sí apuesta, sí quiere y sí se compromete con l’Albufera y con València ante la inacción y omisión del gobierno central y de la Confederación Hidrográfica del Júcar”. María José Catalá también ha dado las gracias a las comunidades de regantes por “la tarea diaria, que es una muestra de generosidad, de compromiso con la tierra y de responsabilidad puesto que ellos conocen el agua como nadie, la cultivan, la respetan y la hacen posible y hoy, además, dan un ejemplo de altura de miras, de entender que esta es una cuestión de Estado y de lo que siempre hace la sociedad civil de esta tierra cuando la necesitamos: empujar, colaborar y comprometerse. Y nos ceden lo más valioso que tienen, el agua, para ayudar a recuperar l’Albufera”.

En todo caso, Podemos ha aprovechado para proponer una lista abierta a las izquierdas. Una suerte de oferta de coalición, que parece querer abrir su propio espacio antes de que Sumar acometa un proceso similar y se plantee una solución similar para movilizar el voto a la izquierda del PSOE.

¿Y Compromís? La coalición valenciana ha conocido casi tantos socios como citas electorales generales a las que ha concurrido. Se ha presentado en solitario, con Equo, con Podemos, con Podemos-EU, con Más País, con Sumar…. Aquello de la geometría variable, en clave electoral, en una realidad que la formación valenciana ha venido manejando con más fortuna en unas ocasiones que en otras.

Pero el anuncio de Podemos es sorprendente por lo apresurado. No hay elecciones generales convocadas, no hay otros partidos que hayan definido sus carteles electorales, y no parece que el momento político vaya a aconsejar a Sánchez disolver las Cortes Generales de forma anticipada. Más bien al contrario, todo apunta a que ante unas expectativas electorales, las del PSOE en unas generales, poco halagüeñas, el presidente del Gobierno pueda estar pensando en llevar la convocatoria electoral tan atrás como pueda, y quizá coincidiendo con las municipales y autonómicas de 2027.

Por ese motivo, la coalición valenciana no tiene demasiado en cuenta ni el anuncio de Podemos ni esa oferta de lista abierta a las izquierdas. «No estamos en periodo electoral y cuando estemos, Compromís tiene sus mecanismos. Es una marca consolidada y las decisiones que adoptemos han de ser ‘nuestras’ y no han de depender de debates más o menos artificiales que nos son ajenos a nosotros y a la gente a quien representamos», señala un buen conocedor de la coalición valenciana.

En realidad, la formación nacionalista entiende el movimiento de Podemos en clave «madrileña», como una decisión estratégica vinculada a la situación de Sumar y a su relación con el partido impulsado en su día por Pablo Iglesias. Cuestiones internas en el espacio político a la izquierda del PSOE que intentan resolverse en un debate público más que pensando en las necesidades de las personas o en la realidad de lo que pasa en el país. El movimiento de Yolanda Díaz no consolida una posición política, la vicepresidenta se desvincula pero poco de la dirección, y las diferencias con Podemos de mantienen como siempre. A Compromís ni le va ni le viene demasiado ese pulso. Por contra, la coalición valenciana tiene una posición consolidada, según los sondeos que se han dado a conocer. La posición de la formación nacionalista en relación con las consecuencias de la dana ha sido de denuncia nítida de la acción de la Generalitat, pero también cuando ha correspondido de la falta de respuesta del Ejecutivo central a la vista de la inacción del Consell.

«Compromís tiene sus ritmos, sus procesos y, en este momento, bastante tenemos intentando atender las consecuencias de la dana, plantear soluciones a largo plazo que impliquen cambios profundos en el urbanismo, las zonas inundables, etc. Desviarse de estas cosas políticamente importantes para trasladar la idea de que estamos en cálculos electorales sería un error», señala un interlocutor.

Algunas fuentes de la coalición valenciana consideran de hecho que la situación política excepcional derivada de la dana aleja la posibilidad de que Compromís pueda plantearse o necesitar acudir a las elecciones generales bajo la fórmula de una coalición con el paraguas de una marca nacional como Podemos o Sumar.

La concejala socialista Maite Ibáñez ha denunciado el “desmantelamiento sistemático” de los Servicios Sociales que ha emprendido el gobierno de María José Catalá y que va a provocar que dos centros de acogida de personas sin techo como los del Carmen y Rocafort y más de 50 plazas en pisos de acogida que gestionaba la Fundación Amigó permanezcan cerrados al mismo tiempo y, por lo tanto, se supriman 106 plazas municipales por un tiempo indeterminado mientras se dispara la cantidad de personas sin recursos que viven en la calle.

Ibáñez se ha manifestado en estos términos después de conocer que el gobierno municipal pretende aprovechar las obras de emergencia el Centro del Carmen, que dispone de 10 plazas, como “excusa para cerrar las instalaciones”. “Este gobierno está demostrando día a día su aporofobia. No solo persigue a las personas sin techo sino que, además, está dejándolas sin recursos públicos. El último ejemplo es del Centro del Carmen, que es importantísimo por su proximidad al Centro de Atención Social a las Personas Sin Techo (CAST) y porque estamos hablando de las únicas instalaciones municipales que atienden a personas sin hogar con perfiles muy vulnerables de adicciones o enfermedades mentales que, además, permite animales de compañía”, ha apuntado.

La concejala socialista ha añadido que este recurso municipal es el tercero que se cierra bajo el gobierno de Catalá después del cese de actividad de los pisos de acogida del centro de la ciudad, que contaban con 50 plazas, y el Casal d’Esplai de Rocafort que lleva un año cerrado y que sumaba otras 46 plazas. “Es indignante que este gobierno esté empujando a la calle a más de un centenar de personas que podían hacer uso de los servicios municipales cuando, además, se ha duplicado el número de personas que viven en la calle como acredita el Informe Anual de Sugerencias y Reclamaciones como consecuencia de la política de recortes de Catalá”, ha continuado.

Ibáñez ha señalado que el Centro del Carmen que pretende cerrar ahora Catalá sirve de apoyo a las labores de atención del CAST, que tiene ya una lista de espera de más de 100 personas además del CAI (Centro de Atención a la Inmigración), que suma más de 200 personas que se encuentran en la calle a la espera de recurso. “Este es otro ejemplo claro de desmantelamiento de los Servicios Sociales y, especialmente, con unos ejemplos claros de aporofobia cuando los vecinos están denunciando la situación de las personas que viven en los parques. De hecho, hace apenas unos días falleció un hombre que dormía en una tienda de campaña en el antiguo cauce”.

Ante esta situación, Ibáñez ha exigido al gobierno de Catalá que rectifique sus recortes en materia de atención social, que se deje de excusas y que reabra los tres centros que permanecen cerrados y que permiten atender diariamente a más de un centenar personas sin hogar.

En cualquier caso, ese augurio de Llinares ha sido secundado por los partidos ahora en la oposición, que fueron los que auparon al anterior director, junto a Podemos, al puesto de director al inicio del Botánico. Beut es habitualmente señalado en sus actuaciones (como la de derogar el Código Ético) desde Compromís y PSPV, que le acusan de querer cerrar la Agencia. El nuevo director se ha defendido este martes: «Voy a reforzar Antifraude, hacerla fuerte y que tenga una función propia y sin invadir ámbitos competenciales de otras instituciones». Beut ha hecho, así, una velada crítica al modo en que Llinares se vinculó lo máximo posible con la actividad de los organismos judiciales con los que colaboraba.

El organismo están en pleno proceso de recomposición. El actual director cesó a la cúpula que Llinares esperaba que continuase lo que él consideraba su legado. Junto a las salidas forzosas de Teresa Clemente y Gustavo Segura, se han registrado ocho más, que Beut ha considerado ceses «voluntarios», pero que afecta, en un año, a una cuarta parte de la plantilla que heredó de Llinares.

Respecto al finiquito de la purga de funcionarias emprendida por Llinares, Beut ha explicado que la situación nace «del envío de unos correos a sus cuentas personales por parte de las funcionarias, lo que deriva en que se les acuse de violar la confidencialidad de la actividad de la Agencia. Aparece una sentencia que anula el despido de una de ellas, y lo hace por violanción de derechos fundamentales como el de la actividad sindical, y esa persona vuelve, pero los motivos de los otros dos expedientes abiertos son los mismos, así que los archivo y las readmito».

La llegada de Beut a la Agencia ha desencadenado reiteradas acusaciones de que pretende cortar la colaboración con la Fiscalía en materia de corrupción. El director ha asegurado que «hemos enviado cuatro expedientes a Anticorrupción. Ellos no nos han pedido ninguna nueva pericial». El porqué de esa falta de peticiones de colaboración la debe explicar la propia Fiscalía, según ha indicado Beut.

Un año marcado por la dana y los cambios internos

Beut ha entregado este martes la Memoria de Actividad correspondiente al año 2024 a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, en un acto donde también han estado presentes los síndicos de todos los grupos parlamentarios y la Mesa de les Corts.

La Memoria recoge la actividad de la Agencia, El documento «es más breve que en años anteriores para seguir las recomendaciones de los organismos especializados en transparencia pública, que piden evitar los datos secundarios o redundantes para facilitar el acceso a la información relevante y significativa», según el comunicado de Antifraude, donde destaca que se han abierto 564 expedientes por las denuncias presentadas, donde se consolidan las tendencias de denuncias de años anteriores, siendo la administración local la que acumula más denuncias (56%).

El Buzón de Denuncias de la Agencia, por administración electrónica, es el medio más utilizado (91% de los casos) y el 57% de las denuncias presentadas lo es de manera anónima.

De los 481 expedientes analizados en 2024, se han finalizado 66 investigaciones con recomendaciones hacia las administraciones públicas que han sido seguidas mayoritariamente: solo hay 7 incumplimientos en el seguimiento de las recomendaciones por parte de ayuntamientos como el de Orihuela o l’Eliana. En la memoria se resalta la «normalidad institucional, en un año marcado por los cambios en la dirección (de Antifraude), el impacto de la dana y las modificaciones en la estructura propia (del organismo) derivadas de la Ley 3/2024», una norma que, por otro lado, recogía las peticiones de la propia Agencia cuando estaba dirigida por Llinares.

A finales de 2024, la Agencia alcanzó la cifra 36 denunciantes con protección oficial (35 personas físicas y una jurídica) desde la creación de la Agencia. En 2024, la Agencia ha promovido la creación de SII (sistemas de información interna) en todas las administraciones públicas para poder presentar denuncias, en cumplimiento de la Ley 2/2023. Así, se firmaron 44 nuevos protocolos de colaboración, se enviaron más de 800 cartas a entidades públicas para recordar sus obligaciones y C/ Navellos, 14 – 3ª, 46003 València Tel. +34 962 787 450 comunicacion@antifraucv.es se ha implementado un registro de la Agencia, donde, a finales de 2024, había registrados los SII de 439 administraciones, de ellos, 289 en 2024.

«La Agencia ha tenido que hacer frente, en los últimos meses del año 2024, a las obligaciones de organización de los recursos humanos, cambios en la RPT y en las condiciones retributivas y de funcionamiento que derivaban de la aprobación de la Ley 3/2024», indica el comunicado de Antifraude.

La Agencia advierte de que «se ha producido un incremento del 20% en los intentos de ataque informático y se han detectado 16.670 intentos de intrusión, que han sido frenados».

Beut ha señalado que la Agencia ha dado respuesta en 2024 a todas las solicitudes de información de los grupos parlamentarios de Les Corts, que fueron siete en el periodo que va de enero a julio. Siete antes del cambio de director, y 46 entre agosto y diciembre, ya con Beut al frente del organismo.