Mientras España busca la causa que paralizó el país durante once horas, en un apagón sin precedentes, la realidad del sistema eléctrico revela fallos estructurales que han permitido que la situación llegue a los extremos vividos el lunes. La falta de inversiones acumulada durante años en la red que gestiona en monopolio un operador estatal (Red Eléctrica) con precios regulados ha terminado por evidenciarse. La forma de generar la electricidad y el modo de consumirla ha cambiado radicalmente en los últimos 25 años, pero el cable que la distribuye es muy parecido. Ese estrés es el que ha hecho al sistema vulnerable para una caída de golpe en la generación.

El sistema eléctrico español, gestionado principalmente por Red Eléctrica de España (REE), es una compleja red interconectada que abastece a más de 47 millones de ciudadanos a lo largo de más de 44.000 kilómetros de líneas de alta tensión. Su potencia instalada -es decir, la capacidad máxima teórica de generación- supera actualmente los 120.000 megavatios (MW), es decir, 120 millones de kilovatios (kW). Sin embargo, la demanda real nunca alcanza ese límite: en los picos de consumo más altos, como en olas de calor o frío extremos, se llega a cifras en torno a los 40.000 a 45.000 MW.

kilómetros de líneas de alta tensión

megavatios de potencia instalada

(Capacidad máxima de transporte)

megavatios de tensión en picos de consumo

(Consumo máximo registrado en olas de frío o de calor)

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megavatios de potencia instalada

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(Consumo máximo registrado en olas de frío o de calor)

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(Consumo máximo registrado en olas de frío o de calor)

megavatios de potencia instalada

megavatios de tensión en picos de consumo

(Capacidad máxima de transporte)

(Consumo máximo registrado en olas de frío o de calor)

kilómetros de líneas de alta tensión

Un sistema privado en una red pública

La gestión de la red eléctrica en España es un monopolio que se encarga a una empresa, Red Eléctrica, que controla el Gobierno central. Tiene un 20% de sus acciones a través de la Sepi y nombra a sus gestores. Sus ingresos son en función de unos precios regulados y las inversiones en el sistema dependen de las decisiones normativas del Consejo de Ministros. Su gestión se reparte entre la red alta tensión, que es de la que se encarga directamente, y la de media tensión, que encarga a los comercializadores de energía líderes en cada autonomía. En el caso de Euskadi, Iberdrola. Estos actúan con precios tasados y también con las inversiones que autoriza el Gobierno. Actualmente se está analizando el plan de inversiones. Las empresas y las comercializadoras eléctricas llevan años pidiendo reforzar estas actuaciones para hacer frente a la creciente demanda y evitar problemas en el suministro.

El director de operaciones de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, fue contundente en la rueda de prensa de este martes. Un sistema interconectado internacionalmente «da seguridad y robustez». Han sido precisamente estas conexiones las que permitieron empezar a retomar el suministro el pasado lunes. La interconexión con Francia -la más estratégica- se realiza principalmente a través de dos líneas en los Pirineos: una situada en el País Vasco y la otra en Cataluña. Ambas suman una capacidad conjunta cercana a los 2.800 MW. La ratio de interconexión de la Península Ibérica con el resto de Europa continental representa poco más del 2%, cuando la Comisión Europea recomienda que al menos el 10% de la electricidad pueda importarse o exportarse en caso de necesidad. En 2027 está previsto que entre en funcionamiento la conexión a través del Golfo de Bizkaia, a través de un cable submarino que permitirá elevar hasta los 5.000 MW la energía que puede llegar del país vecino. Su coste es de 2.850 millones y se encuentra ahora con la oposición de diferentes asociaciones por el impacto natural de sus obras.

megavatios de capacidad de interconexión

(Cinco veces menos de lo recomendado por la UE)

(Con la finalización de la conexión entre Gatika y Cubzenais -prevista para 2028- la capacidad de intercambio pasará a 5.000 MW)

Red de transporte de Alta Tensión

megavatios de capacidad de interconexión

(Cinco veces menos de lo recomendado por la UE)

(Con la finalización de la conexión entre Gatika y Cubzenais -prevista para 2028- la capacidad de intercambio pasará a 5.000 MW)

Red de transporte de Alta Tensión

megavatios de capacidad de interconexión

(Con la finalización de la conexión entre Gatika y Cubzenais -prevista para 2028- la capacidad de intercambio pasará a 5.000 MW)

(Cinco veces menos de lo recomendado por la UE)

Red de transporte de Alta Tensión

megavatios de capacidad de interconexión

(Con la finalización de la conexión entre Gatika y Cubzenais -prevista para 2028- la capacidad de intercambio pasará a 5.000 MW)

(Cinco veces menos de lo recomendado por la UE)

Red de transporte de Alta Tensión

El sistema de distribución de electricidad en España es un modelo puntero en muchas cuestiones, como en su capacidad de predecir la demanda y ordenar la generación de energía necesaria. Pero la falta de inversión y su diseño creado para transportar una energía estable, como lo es la nuclear, los ciclos combinados o lo era la de las centrales térmicas, la hace débil ante un mix de generación en el que las renovables son protagonistas. No es un problema de las energías eólicas o fotovoltaicas, sino de las exigencias que tiene su distribución. Requieren actuaciones en la red con inversiones que permitan optimizar la energía generada por estas tecnologías y esquivar su intermitencia. La falta de estas actuaciones deja al sistema de distribución estructuralmente débil y expuesto a situaciones críticas.

Cambio del mix eléctrico en el amanecer de un día normal

(Comodín, pero depende del viento)

(Aumenta con el amanecer)

(Principalmente por la noche)

Cambio del mix eléctrico en el amanecer de un día normal

(Comodín, pero depende del viento)

(Aumenta con el amanecer)

(Principalmente por la noche)

Cambio del mix eléctrico en el amanecer de un día normal

(Comodín, pero depende del viento)

(Principalmente por la noche)

(Aumenta con el amanecer)

Cambio del mix eléctrico en el amanecer de un día normal

(Principalmente por la noche)

(Comodín, pero depende del viento)

(Aumenta con el amanecer)

El equilibrio, esa es la clave del sistema de generación y de distribución de electricidad en España. Un equilibrio entre la generación y la demanda de energía. Si cualquiera supera a la otra, la red colapsa. Por eso su gestor, Red Eléctrica Española, hace un detenido análisis constante en el que prevé cuál será la demanda de electricidad. Un estudio que se realiza para cada mes y que revisa diariamente teniendo en cuenta una multitud de factores, como las previsiones meteorológicas, las festividades laborales y la información que recibe de las grandes industrias electrointensivas. En función de todos esos parámetros hace un diagnóstico de la generación necesaria y establece qué tipo de energías deben entrar en acción. En ese complejo esquema establece si se emplearán los aerogeneradores, las placas fotovoltaicas o qué peso tendrán las centrales nucleares o los ciclos combinados. Todo ello, en contacto con las empresas responsables de esas instalaciones.

(Curva de demanda prevista)

(Curva de generación de sistemas basados en combustión y turbinas)

(Curva de generación de renovables, más inestable)

(Curva de demanda prevista)

(Curva de generación de sistemas basados en combustión y turbinas)

(Curva de generación de renovables, más inestable)

(Curva de demanda prevista)

(Curva de generación de sistemas basados en combustión y turbinas)

(Curva de generación de renovables, más inestable)

(Curva de generación de sistemas basados en combustión y turbinas)

(Curva de generación de renovables, más inestable)

(Curva de demanda prevista)

Una de las características de la energía renovable es su intermitencia. Su flujo de generación está sujeto a fenómenos meteorológicos ajenos a la demanda que tiene el sistema. Es una diferencia sustancial con otras tecnologías como la nuclear, o la de los ciclos combinados. Estas infraestructuras, en cambio, envían al sistema un flujo constante de energía, sólido y estable. Esta estabilidad, junto al equilibrio forman el binomio esencial de la red. El sistema eléctrico requiere del equilibrio entre demanda y generación y de estabilidad en el flujo. Si falla cualquiera de esos dos elementos es cuando se da el ‘fenómeno cero’ y el sistema colapsa. Las renovables, por lo tanto, presentan importantes ventajas: rebajan el coste energético y el precio de la luz, reducen la dependencia de países geopolíticamente inestables y no emiten gases de efecto invernadero. Pero su desarrollo requiere de una doble actuación: el impulso en su producción e inversiones en la red para adecuarla para su distribución.

El último informe de auditoría de cuentas presentado por Redeia (la antigua Red Eléctrica), relativo al ejercicio 2024, advertía de que la alta penetración de la generación renovable en nuestro país, «sin las capacidades técnicas necesarias para un adecuado comportamiento ante perturbaciones», podía generar «desconexiones de generación». El mismo texto, adelantado por ‘El Confidencial’, destacaba que la clausura de centrales convencionales como las de carbón, ciclo combinado o nucleares implica «una reducción de la potencia firme y las capacidades de balance del sistema eléctrico, así como su fortaleza e inercia». Esto, continúa el texto, «podría aumentar el riesgo de incidentes operacionales que puedan afectar el suministro».

Las alternativas con las que se trabaja para esquivar la intermitencia de un sistema de generación basado en energías renovables pasa por diferentes actuaciones. Por un lado, introducción de equipamientos en la red que mejoren su gestión y minimicen sus fluctuaciones. Por otra parte, el uso de grandes baterías que permitan almacenar los excesos de generación cuando la demanda es baja y que, además, recojan la generación de cada parque y la viertan a la red de modo estable, sin altibajos. Pero esta tecnología todavía requiere de más desarrollo. Y, por último, una herramienta muy útil en este punto es el fortalecimiento de las interconexiones internacionales. Una red más conectada gana robustez y seguridad y permite, además, evacuar los excesos de energía generada en picos en los que las condiciones climáticas son óptimas.

València dispondrá de una normativa para impedir la masificación de los apartamentos turísticos en los barrios de la ciudad. Así se desprende del acuerdo del Pleno que hoy ha aprobado, con los votos a favor del equipo de Gobierno y los votos en contra del Grupo Compromís y el Grupo Socialista, someter a exposición pública, durante 45 días, la modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de València que regulan los usos terciarios hoteleros.

El concejal responsable del Área de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, ha explicado que con este nuevo trámite “el gobierno municipal muestra una clara voluntad de frenar la implantación de este tipo de alojamientos”.

En el debate de esta propuesta, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuán, ha manifestado que “el objetivo de la regulación de los apartamentos turísticos tendría que afectar a todos los barrios” y ha criticado que “permite la apertura de 6.000 nuevos apartamentos”. “Con este tipo de acuerdos ganan quienes creen que València es una ciudad que está en venta, para visitar y no para vivir”, ha afirmado.

Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha asegurado que “esta normativa permitirá el incremento de plazas turísticas por encima de las posibilidades de la ciudad, con trampas como los hoteles de lujo que se pueden instaurar en Ciutat Vella, que está totalmente saturada de turismo”. “El vecindario no solo compite con las viviendas turísticas también lo hace con bloques enteros que amplían la oferta hotelera de la ciudad”, ha lamentado.

Por su parte, el concejal Juan Giner ha indicado que esta norma “cierra la puerta a los apartamentos turísticos a través de una serie de candados que mantendrán el equilibrio turístico de los barrios”. El edil, que ha solicitado “rigor” en los datos aportados por la oposición, ha explicado que “el equipo de gobierno valora el problema de manera global y restrictiva, y regula con visión de futuro para defender el modelo de ciudad en el que los vecinos y vecinas sean los primeros y priorizar los comercios de proximidad”.

El debate de este punto lo ha cerrado la alcaldesa de València, María José Catalá, quien ha defendido “el trabajo de su gobierno en materia de vivienda y su regulación frente a la de los anteriores equipos de gobierno”. “Para nosotros es un asunto de ciudad, de los más trascendentes y prueba de ello es que en año y medio hemos puesto en marcha y entregado más de 1.000 viviendas de protección oficial, y al mismo tiempo hemos incrementado inspecciones y cierres de actividades turísticas no registradas”, ha concluido.

La normativa que ahora se somete a exposición pública, tras la correspondiente tramitación y aprobación del procedimiento ambiental, conlleva la aplicación de controles o limitaciones (candados administrativos) que tienen como objetivo, tal y como ha expresado el edil de Urbanismo, “conseguir un equilibrio sostenible en la oferta de apartamentos y plazas hoteleras”.

Entre los controles que se aplicarían están la prohibición de la implantación de nuevas plazas turísticas en los distritos y barrios que superen el 8% de número de plazas turísticas (hoteles y apartamentos) respecto el número de vecinos empadronados.

Por otro lado, para evitar la pérdida del uso residencial en la ciudad y su sustitución por el uso turístico de forma generalizada, se establece una protección de la vivienda por el que el número de viviendas turísticas y apartamentos turísticos no podrán superar el 2% del número de viviendas residenciales de cada uno de los barrios. “La única limitación que hizo el anterior gobierno fue del 10% en el Cabanyal, ocho puntos por encima de la nueva limitación, que afectará a toda la ciudad de Valencia a excepción de Ciutat Vella, que tiene su propia regulación que aprobó el actual gobierno”, ha detallado Juan Giner.

Asimismo, se propone una protección del comercio, ya que se limita al 15% de locales existentes en cada manzana de viviendas donde se puede desarrollar una vivienda turística, de forma que el 85% de los locales estarán destinados a otros usos terciarios: oficinas, restaurantes, bares, peluquerías, ópticas, farmacias, clínicas, etc.

Las leyes de Igualdad aprobadas en España han permitido en las últimas décadas, entre otros logros, contribuir a extender la presencia de la mujer en la primera línea de la actividad política hasta situarla, al menos en algunos ámbitos, en niveles similares a los de los hombres. Las listas electorales se elaboran con garantía de paridad, y desde la última modificación de la ley obligan a lo que se denomina como ‘lista cremallera’, que intercala mujeres y hombres de forma consecutiva.

No hay a la vista una convocatoria electoral cercana. El PSPV viene exigiendo la dimisión de Carlos Mazón y que se celebren elecciones autonómicas cuanto antes. La ministra y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, encabeza esa campaña del ‘volem votar’ con la que ha querido distanciarse de la moción de censura de Compromís. Una propuesta con visibilidad desigual y, hasta el momento, ningún éxito, a la vista de la respuesta por parte de los populares.

Si se convocaran ahora esas elecciones, Morant encabezaría la lista del PSPV por la circunscripción de Valencia y optaría a la presidencia de la Generalitat. La proclamación de Pilar Bernabé como líder del PSPV de la capital acerca a la ministra al cartel electoral autonómico, por más que algunos cargos socialistas insistan en el buen papel que la delegada del Gobierno viene protagonizando desde la dana del pasado 29 de octubre.

Tan es así, que en el PSPV se especula con que la propia Bernabé no sólo encabezará la lista del PSPV al Ayuntamiento de Valencia, sino que además es una opción más que probable para formar parte de la lista de los socialistas a Les Corts. Y claro está, si eso ocurriera, tendría que ser por la circunscripción de Valencia y, atendiendo a esa lista cremallera, no antes del número tres de la candidatura. Es una posibilidad sobre la mesa, por más que hasta la fecha haya sido más una práctica del PP –con María José Catalá o en su día con Rita Barberá- que de los socialistas valencianos. «El PSPV es un partido de mujeres, le pese a quien le pese», proclamó Bernabé durante su proclamación como nueva líder del partido en la capital.

Morant puede encontrarse con un problema, o no, a la hora de seleccionar la presencia de mujeres en las listas electorales, y en particular la candidatura a Les Corts por la circunscripción de Valencia. Y no sólo por la presencia de ella misma y eventualmente la de Bernabé. El PSPV obtuvo 12 escaños por esta provincia en las autonómicas de 2023, para un resultado global de 31 diputados socialistas.

Las encuestas que se han conocido hasta la fecha prevén una pequeña mejora de resultados para el PSPV que, por la provincia de Valencia, mantiene en la actualidad a siete mujeres y cinco hombres. Con la lista cremallera, situar a siete mujeres en las próximas Corts supondría obtener al menos 13 escaños por esa circunscripción.

El problema para Morant viene de la significativa presencia de candidatas a formar parte de esa próxima lista autonómica. Aspirantes que, incluso en el caso de que finalmente Bernabé no hiciera ticket con Morant en la candidatura para Les Corts, son bastantes más de las que podrían garantizar ese puesto de salida en las próximas elecciones.

Del actual grupo parlamentario socialista, la presencia de mujeres elegidas por la provincia de Valencia incluye a Mercedes Caballero, uno de los principales puntales de la estrategia de oposición a Mazón que encabeza el síndic José Muñoz. También forma parte de ese grupo Alicia Andujar, otra diputada con notable presencia en los medios de comunicación. Por la lista de Valencia también fueron elegidas en 2023 Xelo Angulo, Sonia Borruey, Cristina Martínez y Rosa Peris –estas dos últimas iban en puestos de salida-, además de Romina del Rey.

Esas son las que están. Pero la nómina de aspirantes son bastantes más. Entre la nómina del personal de confianza de Diana Morant se encuentra Anaïs Menguzzato, que ejerce funciones de jefa de gabinete de la secretaria general de los socialistas valencianos. Menguzzato fue gerente de FGV, ha sido concejal en el Ayuntamiento de Valencia y podría formar parte de la candidatura autonómica del PSPV por esta circunscripción.

La fecha de esas elecciones es una incógnita, por más que la ministra insista en reclamar su adelanto. Algunos analistas dan por hecho que las elecciones municipales y autonómicas coincidirán en 2027 con las elecciones generales. Y ese escenario añadiría nuevos ingredientes al análisis. Entre los diputados del PSPV en el Congreso figuran la exalcaldesa de Quart Carmen Martínez y la exprimera edil de Algemesí, Marta Trenzano, que podrían tener opciones de formar parte de la lista autonómica. En situación similar se encontraría la senadora Rocío Briones, considerada además como una de las dirigentes de máxima confianza de la líder del PSPV.

Otra de las opciones sobre la mesa es la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró. La que fuera síndica de los socialistas valencianos al comienzo de esta legislatura, incorporada después al equipo que dirige el ministro Jordi Hereu, podría volver a formar parte de la candidatura autonómica, especialmente si las elecciones generales coincidieran con las autonómicas.

Entre los nombres de aspirantes a candidatas que se barajan en el PSPV de la provincia de Valencia figura María Such, ex directora general del Instituto Valenciano de las Mujeres, y la alcaldesa de Tavernes de la Valldigna y presidenta del comité nacional del PSPV, Lara Romero.

Los puestos de salida en esa candidatura autonómica por la provincia de Valencia serán los 12 primeros, que es el resultado obtenido en 2023, aunque las expectativas del PSPV pasen por mejorar esa cifra. Sobre una lista cremallera, seis de esos puestos serían para mujeres. Y el número de aspirantes a ocuparlos es muy superior.

Los pacientes en la Comunitat Valenciana tuvieron que esperar 93 días para intervenciones quirúrgicas no urgentes al finalizar 2024, por debajo de la media nacional (situada en 126 días), según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Sanidad.

A nivel nacional

A nivel nacional, las listas de espera para intervenciones quirúrgicas no urgentes han descendido de forma ligera, con un total de 846.583 pacientes pendientes de operación al finalizar 2024, lo que supone una disminución del 0,35 por ciento respecto a diciembre de 2023.

La información compartida por el departamento ministerial destaca una reducción de dos días en el tiempo medio de espera de los pacientes para ser operados, situándose en 126 días, a la vez que el 22,9 por ciento de pacientes llevaban más de seis meses de espera, esto supone un descenso de 1,4 puntos respecto al año anterior.

Si se compara con los datos del corte de junio de 2024, se observa que el volumen de listas de espera se ha reducido, pues entonces había 848.342 pacientes sin operar. Sin embargo, el tiempo de espera sí se ha visto incrementado, ya que al inicio del verano se situaba en 121 días.

Por departamentos

De igual forma que en años anteriores, Traumatología encabeza la lista de especialidades que presentan mayor número de listas de espera (204.140 frente a 206.375 en diciembre de 2023).

A esta la siguen Oftalmología, con 169.447 pacientes en espera frente a los 177.844 del año pasado, y Cirugía General y de Digestivo, con 151.713 frente a 156.254.

Asimismo, Cirugía Torácica repite como la especialidad en la que hay menos personas esperando, con un total de 2.587 pacientes, lo que implica un ascenso respecto a las cifras de diciembre de 2023, cuando se registraron 2.450 personas en la lista de espera.

Las especialidades con menores tiempos medios de espera son Cirugía cardíaca, con 67 días y la Dermatología y la Oftalmología, con 72 y 83 días, respectivamente.

En contraposición, la especialidad con mayor tiempo medio de espera sigue siendo Cirugía Plástica con 258 días, seguida de Neurocirugía con 191 días y Angiología y Cirugía Vascular, con 160 días.

Procesos sujetos a garantía respetan el límite temporal

Respecto a los 11 procesos frecuentes que se monitorizan específicamente en este sistema de información, presentan un tiempo medio de espera de 96 días.

En cuanto a los cinco procesos quirúrgicos sujetos a garantía de tiempo de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS), todos ellos se sitúan en un tiempo de espera inferior a los 180 días establecidos.

En concreto, la intervención con menos tiempo de espera es la cirugía cardíaca coronaria, es decir, el ‘by-pass’ coronario, que se sitúa en 45 días, con solo un 1,2 por ciento de los pacientes que espera más del plazo máximo establecido.

Mientras, la cirugía cardíaca valvular presenta 65 días de espera media y un cinco por ciento de los pacientes supera los 180 días.

En la intervención más frecuente, la cirugía de cataratas, el tiempo medio de espera se sitúa en 69 días y un 4,6 por ciento de los pacientes supera los 180 días.

Por su parte, los procedimientos con mayor demora son la prótesis de cadera y la de rodilla, con 103 y 120 días de espera, respectivamente, y son además las operaciones para las que mayor porcentaje de pacientes superar el tiempo máximo de 180 días; en concreto el 15,3 y el 18,4 por ciento de los pacientes exceden este límite para cada una de las intervenciones.

En el año 2024, el incremento de entradas en la lista de espera para una intervención quirúrgica programable no urgente ha sido de un 4,7 por ciento respecto al año previo con un aumento de las salidas por intervención de similar magnitud.

A 31 de diciembre de 2024, 83 de cada 1.000 personas estaban registradas en una lista de espera para una primera consulta con un facultativo de Atención Especializada hospitalaria.

Dicha tasa es 1,7 puntos superior a la de diciembre de 2023.

El tiempo medio de espera de dichos pacientes es de 105 días, cuatro días más que en el corte de diciembre de 2023.

Proporción de pacientes

La proporción de pacientes que tenían una fecha de cita asignada para más de 60 días es del 62,3 por ciento.

Este indicador, que en diciembre de 2023 se situaba en el 56,3 por ciento, ha sido sometido a un ajuste en su cálculo, según ha precisado Sanidad, por lo que no es posible su comparación en este corte.

Los menores tiempos se observan en Cirugía General con un promedio de espera de 57 días, Ginecología con 68 días y Cardiología con 71 días. Las especialidades con mayores tiempos de espera son: Dermatología con 131 días. Neurología con 129 días, y Traumatología con 119 días.

Extremadura y Andalucía, las CCAA con más tiempo de espera

De nuevo, Extremadura es la comunidad autónoma en la que los pacientes tienen que esperar más tiempo para ser intervenidos, 178 días, seguida de Andalucía, que repite como la segunda comunidad líder con 176 días de espera. La media nacional, situada en 126 días, es también superada por Cantabria (151), Cataluña (145), Aragón (144) y Melilla (137).

Por debajo de la media nacional se encuentran Canarias (122), Castilla-La Mancha (113), Murcia (107), Baleares (99), Castilla y León (95), Navarra (94), Comunitat Valenciana (93), Asturias (90), Ceuta (83), Galicia (67), La Rioja (64), País Vasco (59) y Comunidad de Madrid (48).

Si se tiene en cuenta la tasa de lista de espera por cada 1.000 habitantes, Cantabria es la comunidad que encabeza esta clasificación, con 29,37 pacientes por 1.000 habitantes y 16.925 pacientes en total pendientes de operación. Le siguen Cataluña con 25,10 pacientes por 1.000 habitantes y 196.911 pacientes en total; y Extremadura, con 24,03 por 1.000 habitantes y 24.467 pacientes en total.

Después, se sitúan Andalucía, con 23,11 (194.159); Murcia con 22,46 (35.156); Asturias, 22,04 (22.131); Aragón, 20,86 (28.256); La Rioja, 19,93 (6.442); Galicia, 18,51 (48.335); Castilla-La Mancha, 17,47 (34.694); Navarra, 156,83 (10.535); Canarias, 15,29 (32.948); Melilla, 13,12 (928); Castilla y León, 11,86 (27.525); Baleares, 11,47 (14.095); Comunitat Valenciana, 11,08 (56.247); Comunidad de Madrid, 10,41 (73.436); Ceuta, 10,35 (784); y País Vasco, 10,16 (22.609).

La concejala del Grupo Municipal Socialista Elisa Valía ha informado de que su formación ha llevado a Antifraude “la renuncia de María José Catalá a construir 400 viviendas de protección pública a través de una operación de permuta que solo beneficia al quienes ven la vivienda como un negocio y no como un derecho”.

Así, ha explicado que se trata de “una operación de privatización de parcelas municipales, en el sector de la Fuente de San Luis en las que el Ayuntamiento renuncia a construir deberían 400 viviendas públicas para familias con problemas de acceso a la vivienda y que ahora pasan a manos de un promotor privado que será quien construya y a cambio el Ayuntamiento solo recibirá entre 86 inmuebles para alquiler asequible”.

Por tanto, ha advertido de que se trata de “una operación especulativa que va contra el patrimonio de València y contra el derecho a acceder a la vivienda de familias y personas con dificultades porque Catalá solo beneficia el negocio y el enriquecimiento de los promotores”.

Según ha explicado Valía, “la ley establece que la permuta de bienes patrimoniales debe hacerse en condiciones muy determinadas y debe justificarse la necesidad y la conveniencia”. De esta manera, ha señalado que “con un alquiler medio de 1700 € en la ciudad de València, lo necesario y lo conveniente es construir vivienda pública, no deshacerse del patrimonio municipal para que se construya vivienda privada”.

“El gobierno de María José Catalá no está defendiendo ni los intereses de la ciudad ni los intereses de este ayuntamiento y no solamente no hace nada para parar la especulación con la vivienda, sino que está contribuyendo activamente a que crezca una especulación que está expulsando a los vecinos y vecinas”, ha denunciado. Elisa Valía ha asegurado que su formación hará “todo lo que esté en nuestra mano para los vecinos y vecinas puedan quedarse en València”.