El caso Avialsa tiene al menos dos particularidades. Los lugartenientes de Serafín Castellano en el PP, Francisco Huguet y Emilio Máñez, ya acumulan más pena que el que fuera conseller y delegado del Gobierno … . De momento, cuentan con una condena de dos años y medio por ser uno (Máñez) el ‘zombie’ del otro (Huguet) en la Diputación de Valencia. El primero fue contratado como brigada forestal pero, en realidad, ejercía de asesor de Huguet, entonces alcalde de Quartell y diputado provincial. Ahora, en cambio, afrontan una amenaza de mayor entidad.
La Fiscalía pide hasta 18 años de cárcel a uno de ellos por la conocida como trama urbanística del caso Avialsa, una derivada más de la red liderada por el empresario Vicente Huerta. La familia más directa de los dos políticos del Camp de Morvedre se sentará también en el banquillo.
El otro hecho llamativo es que entre los acusados figura, además, Jesús Garrido, asesor de cabecera de Rafael Blasco en su dilatada carrera política. De hecho, estuvo a su lado en la Conselleria de Empleo, en Bienestar Social, en Territorio, en Sanidad y finalmente en Inmigración y Ciudadanía donde el caso Cooperación terminó con el dirigente popular.
La Fiscalía sostiene que Garrido recibió cerca de 600.000 como recompensa a sus gestiones en la Generalitat para obtener el plácet de determinados intereses urbanísticos de la trama. De hecho, llegó a crear una mercantil (Gamar SL) para canalizar todo este dinero. También se benefició de la compra de determinadas viviendas por debajo de su precio real. Anticorrupción pide para él 9 años de prisión. Tiene antecedentes. El pasado verano fue sorprendido borracho a los mandos de un vehículo.
Huguet y Máñez fueron contratados por empresas del holding de Huerta donde uno de ellos llegó a tener incluso el sueldo más alto. En paralelo, según la Fiscalía, participaron desde sus respectivos cargos locales en operaciones urbanísticas, sobre todo en Quartell, pero también en Alfara de la Baronía. Los dos acusados eran conocedores de que podían perjudicar los intereses del municipio «dictando resoluciones contra las advertencias negativas de los técnicos». Los políticos y sus parejas, al igual que el asesor de Blasco, también crearon empresas para la canalización de fondos ilícitos. Y todo esto sin que finalmente todos los proyectos urbanísticos salieran adelante.
La Fiscalía resume los indicios delictivos en cada uno de las actuaciones urbanísticas. Por ejemplo, en el PAI Nova Alfara, se trataba de un terreno no urbanizable protegido que necesitaba de recalificación, lo que solo podía hacerse con la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, hecho que no se había producido; estaba en tramitación. La interventora se opuso al proyecto. En Alfara de La Baronía también se extendieron los tentáculos de la red delictiva, siempre según el escrito de Anticorrupción.
En el PAI de Quartell-Proademi (una de las mercantiles de la trama) se causó un perjuicio de 500.000 euros. A la empresa se le cedió gratuitamente una parcela para la construcción de viviendas de protección oficial cuando la Ley prohíbe ese tipo de entregas cuando no se trata de una empresa sin ánimo de lucro. No hubo, además, un proceso abierto para la adjudicación. Se le dio directamente a la firma del grupo delictivo. Posteriormente las familias del alcalde y del teniente alcalde, los dos cabecillas de esta red, obtuvieron inmuebles por debajo de su precio de mercado. La operativa ilegal se repitió de nuevo en el polígono La Foia de Quartell.
La Fiscalía sostiene que se cometieron delitos de cohecho, malversación y blanqueo. Francisco Huguet se enfrenta a 16 años de cárcel por los tres delitos anteriores. Peor parado sale Emilio Máñez a quien piden 18 años de prisión porque en su caso se suma un delito de falsedad en documento privado. Serafín Castellano, el exconseller de Gobernación, pactó una conformidad con la Fiscalía en el conocido como cártel del fuego. Las penas no superaron los dos años de cárcel y ha podido continuar con su vida tras una década de investigación judicial.