En el PP no tienen ninguna duda de que el ‘caso Cerdán’ seguirá dando que hablar y que las informaciones que saldrán pondrán aún … más en la picota al Partido Socialista y a su secretario general, Pedro Sánchez. Treinta y seis días después de entrar en prisión, donde se encuentra de forma preventiva por el riesgo de destrucción de pruebas, el ex secretario de Organización del PSOE rompió ayer su silencio concediendo su primera entrevista. Los populares se quedan, no tanto con lo que dice, sino con lo que calla y que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya deslizó en su informe del pasado 5 de junio: la posible financiación irregular de la formación. «Ha sido incapaz de confirmar rotundamente que en el PSOE no exista financiación irregular y a mí eso me parece, como mínimo, sospechoso», aseveró la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra.
Una tesis que esbozó también su compañero de partido Juan Bravo, quien en una entrevista en Antena 3 señalaba que Cerdán «deja entrever» la posibilidad de esa financiación ilegal. Los conservadores se apoyan en la vaga respuesta del que fuera mano derecha de Sánchez sobre esa posibilidad –«que yo sepa no»– y que en Génova interpretan como un claro aviso a su antiguo jefe de que puede tirar de la manta ante su situación procesal. «Todo el entorno de Sánchez tiene una situación judicial complicada», reconoció Ezcurra, que volvió a poner el foco en los casos de corrupción que afectan a la mujer del presidente, a su hermano o a los que fueran sus hombres de máxima confianza en el Gobierno y en el partido, José Luis Ábalos y el propio Cerdán.
Los socios parlamentarios de Sánchez ya avanzaron que la única línea roja para no dejarle caer es que no haya rastro de financiación ilegal en el PSOE. «Si esto se queda en tres listos que se repartieron cuatro mordidas, usted se tiene que quedar. Pero si esto escala, si al final nos hace escoger entre los corruptos profesionales y los corruptos cutres, nosotros le vamos a obligar a que la gente decida», advirtió el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, durante el pleno monográfico sobre corrupción en el Congreso.
Las sospechas de la UCO
La UCO en su informe que entregó al Tribunal Supremo y que supuso la imputación y encarcelación automática de Cerdán deslizó por primera vez en un documento oficial la posibilidad de que la ‘trama Koldo-Abalos-Cerdán’, además de enriquecer a los implicados, también hubiera servido para nutrir de fondos irregulares al PSOE. Varios mensajes de 2022 entre García y quien fuera director general de Carreteras en la etapa de Ábalos al frente de Transportes, Javier Herrero, avalaron las sospechas de esa posible financiación irregular, que en Moncloa y en Ferraz niegan tajantemente.
En uno de esos mensajes, Koldo García, una semana después de reunirse con Cerdán para tratar de obras, avisó que la gerencia del PSOE -que estaba en manos de Ana María Fuentes, colocada en ese puesto precisamente por Santos- le iba a pedir el «impuesto». Para los agentes de la Guardia Civil no hay duda: «desde la gerencia del PSOE se le pidió a Javier Herrero que realizase algún tipo de aportación económica» a las arcas del partido. Se da la circunstancia de que García no tenía ninguna responsabilidad orgánica en el partido, ni mucho menos en la tesorería nacional de la formación, para reclamar o gestionar cuota alguna a un afiliado, remarcan fuentes de la investigación.
El PSOE, en cualquier caso, sostiene que la denominación «impuesto revolucionario» era la expresión popular dentro del partido para designar a las habituales aportaciones legales a la formación, que suponen un porcentaje del sueldo público que los cargos reciben.
La defenestración de Ábalos
Otra posible pista, según la UCO, que apuntaría a la financiación supuestamente irregular del PSOE venía contenida en este mismo informe, donde se recogían varios mensajes del 16 de marzo de 2002 que se cruzaron Koldo García y José Ruz, gerente de Levantina, Ingeniería y Construcción, una de las empresas que presuntamente pagaron sobornos a la trama. En ese cruce de wasaps, Ruz se quejó de que había habido «heridos inocentes», en clara referencia a la defenestración el verano anterior de Ábalos y, por ende, del propio Koldo y que esta táctica no era buena para el partido. «No es conveniente para la ganadería. Qué gana la ganadería de tener a gente fuera del baile y, además, con esta publicidad que se entera todo el sector», se preguntaba Ruz en un mensaje.
«Este hecho resulta de especial interés, puesto que el término ganadería era utilizado como lenguaje convenido para referirse a los partidos políticos, y en este caso al PSOE», apuntaba la UCO, dando a entender que el empresario creía que Ferraz había errado en su decisión de apartar a personajes que le traían dinero a sus arcas.
Por último la Guardia Civil destacaba asimismo en su informe de junio que uno de los motivos del fulminante e inesperado cese de Ábalos como ministro fue el hecho de que, junto a Koldo, «hubieran podido percibir ingresos por ayudar a otras empresas a espaldas del partido». Esa práctica, llega a afirmar el informe, «presumiblemente, habría originado su cese en verano de 2021».
Al margen de estos tres apuntes en el informe de la UCO de junio sobre el presunto allegamiento de fondos irregulares a las arcas socialistas, en el sumario de este ‘caso Koldo’ había ya otras dos líneas de investigación sobre la supuesta financiación en B del partido. La primera surge de las afirmaciones del cabecilla de la trama corrupta, Víctor de Aldama, quien sostiene que Koldo García entregó de su parte al secretario de Organización del PSOE 15.000 euros en un bar enfrente de Ferraz como parte del ‘cupo vasco’. La segunda era la confesión de la empresaria Carmen Pano, exsocia de De Aldama, de que ella entregó en dos visitas a la segunda planta de la sede socialista de la calle Ferraz en Madrid 90.000 euros en bolsas por orden del cabecilla de la trama.