La Abogacía del Estado discrepa de la Fiscalía en el caso de Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, dos de los cerebros del 1-O, que se enfrentan a penas de prisión por su implicación en la organización del referéndum ilegal de 2017. Tras la reforma del Código Penal pactada entre el PSOE y ERC, la Abogacía del Estado ha presentado este martes su escrito de acusación, según el cual reclama tres años y medios de cárcel para Jové por un delito de malversación y siete de inhabilitación por un delito de desobediencia. En el caso de Salvadó, pide exculparlo y no solicita ninguna acusación para él. Jové es actualmente jefe del grupo de ERC en el Parlamento catalán. Salvadó es el presidente del Puerto de Barcelona. Ambos eran estrechos colaboradores de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía durante los hechos de octubre de 2017. Se les acusa de jugar un papel clave en la organización del 1-O.
La Abogacía del Estado, a diferencia de la Fiscalía, solicita la aplicación del tipo atenuado del delito de malversación, introducido en la reforma del nuevo Código Penal, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Govern. En cambio, la Fiscalía, en el escrito de acusación para este caso, les aplica la malversación agravada y reclama siete años de prisión para Jové y seis años para Salvadó. Ambos están pendientes de juicio. El caso se antoja decisivo para calibrar si la reforma del Código Penal impulsada por Esquerra acaba beneficiando a sus dirigentes. De momento, a Oriol Junqueras no le ha servido para poder presentarse a las próximas elecciones, porque el Tribunal Supremo, en la revisión de penas tras el cambio del Código Penal, le mantuvo la inhabilitación hasta 2031. Después de la derogación de la sedición, el exvicepresidente de la Generalitat fue condenado por el Supremo a un delito de desobediencia en concurso real con malversación.
Para la consejera de Cultura, Natalia Garriga, procesada en el caso, la Abogacía pide un año de inhabilitación por desobediencia, igual que la Fiscalía. Este caso se instruye en el TSJC. Pero hay otro juzgado de Barcelona, pendiente de enjuiciar a una treintena de exaltos cargos del Govern durante 2017 por estos mismo hechos.
ERC ha lamentado este martes que la Abogacía del Estado pida pena de prisión Jové. Pero los republicanos han valorado que la reforma del Código Penal ha llevado a la Abogacía del Estado a proponer una rebaja de penas respecto a la Fiscalía. «El posicionamiento de la Abogacía del Estado confirma que la interpretación de la malversación hecha en otras instancias es arbitraria, tendenciosa y retorcida», según la formación independentista. A su juicio, la aplicación y la interpretación del delito por parte del Tribunal Supremo y la Fiscalía, obvia «de forma flagrante la voluntad del legislador».
Según la Fiscalía, Jové y Salvadó estaban «plenamente comprometidos» con la organización del 1-O y con la creación de las llamadas «estructuras de Estado». Jové hizo a su entender uso de fondos públicos como «si fuesen propios» para «fines ajenos», en este caso la preparación del referéndum, como la publicidad institucional o los gastos de suministro de papeletas, censo electoral y citaciones a personas integrantes de las mesas electorales. El Supremo dijo en el caso de los condenados por el ‘procés’ que «no pueden ver calificadas sus respectivas conductas como constitutivas de un delito atenuado de malversación», como pretendían PSOE y ERC con el cambio normativo, porque »nunca podrá entenderse que se trató de una actuación ausente de ánimo de lucro«. La Abogacía General del Estado, por el contrario, considera que Jové no actuó con ánimo de lucro cuando destinó fondos públicos a la organización del 1-O.
